La aceptación y la repudiación de la herencia

El 1000.1.º da por aceptada la herencia cuando el heredero «vende, dona o cede su derecho a un extraño»: solo puede disponer del derecho quien lo ha hecho suyo, de modo que primero acepta y después transmite. La renuncia gratuita en favor de los coherederos a quienes debe acrecer la porción es justo la excepción del 1000.3.º: equivale a repudiar, porque esa porción les iría igual. Informarse de si hay testamento no supone voluntad de aceptar (999). Y el silencio no acepta por sí mismo: lo hace cuando un interesado ha requerido al llamado ante Notario y deja pasar el plazo (1005).

El 988 abre la sección con la regla de la que salen las demás: aceptar y repudiar son actos «enteramente voluntarios y libres», y nadie, ni el testador, puede imponer al llamado que herede. El legitimario también es libre de repudiar; lo que el 816 declara nula es la renuncia a la legítima futura, antes de la muerte, no la repudiación de la herencia ya deferida. Tampoco son personalísimos: los representantes de una asociación aceptan por ella (993) y los acreedores del que repudia pueden aceptar en su nombre con autorización del Juez (1001). Y no necesitan aprobación notarial: la aceptación expresa vale en documento privado (999); ante Notario se repudia (1008) y se declara el beneficio de inventario (1011), pero el Notario no aprueba nada.

El 1003 es el precio de aceptar sin beneficio de inventario: el heredero queda responsable de todas las cargas de la herencia «no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios», porque los dos patrimonios se confunden. Responder hasta donde alcancen los bienes de la herencia es justo lo que da el beneficio de inventario (1023.1.º), y el límite del valor de lo heredado tampoco está en esta aceptación. Los gananciales siguen otra regla: si el casado acepta sin beneficio y su cónyuge no consiente, los bienes de la sociedad no responden de las deudas hereditarias (995).

El 997 declara la aceptación y la repudiación, una vez hechas, «irrevocables», y solo las deja impugnar en dos casos: los vicios que anulan el consentimiento (error, violencia, intimidación o dolo, 1265) y la aparición de un testamento desconocido, que cambia el llamamiento sobre el que se decidió. Descubrir que la herencia tiene más deudas que bienes no es ninguno de ellos: ese riesgo es el que evita aceptar a beneficio de inventario (1023). Lo que hagan los coherederos no reabre la decisión de cada uno (1007), y la partición no es ningún límite: la aceptación es irrevocable desde que se hace.

El 989 hace retroactivas, «siempre», la aceptación y la repudiación: sus efectos van al momento de la muerte de la persona a quien se hereda, sea cual sea el tiempo transcurrido. Para quien repudia, eso significa que se le tiene por no llamado desde el principio, y quienes reciben su porción la tienen también desde la muerte, sin un hueco intermedio. La fecha en que se declara la repudiación no marca sus efectos; y el Código no hace depender la repudiación de que se notifique ni de lo que hagan los demás llamados.

El 993 trata de forma distinta los dos actos: los representantes legítimos de las asociaciones, corporaciones y fundaciones capaces de adquirir pueden aceptar por sí la herencia, «mas para repudiarla necesitan la aprobación judicial, con audiencia del Ministerio público», hoy el Ministerio Fiscal. Repudiar empobrece a la persona jurídica, y por eso se controla; por eso tampoco basta su decisión, como para aceptar. El expediente lo regula la Ley 15/2015 (art. 93.3), que pide esa aprobación «para la eficacia de la repudiación». La aprobación del Gobierno es otra regla, la de los establecimientos públicos oficiales (994). El Notario recibe la repudiación en instrumento público (1008), pero no juzga si conviene.

El 1007 da a cada coheredero su propia decisión: cuando son varios, «podrán los unos aceptarla y los otros repudiarla», y cada uno goza de igual libertad para aceptar pura y simplemente o a beneficio de inventario. Es la consecuencia del 988: el acto es de cada llamado, y no hay mayoría que lo imponga ni un modo de aceptar que se contagie a los demás. Lo que cada uno elija decide su propia responsabilidad por las deudas (1003 y 1023), no la de los otros.

Desde la Ley 8/2021, el 996 parte de que la persona con discapacidad acepta por sí: «se prestará por esta, salvo que otra cosa resulte de las medidas de apoyo establecidas». Las medidas pueden pedir asistencia o, en la curatela representativa, que actúe el curador (que necesita autorización judicial para aceptar sin beneficio de inventario, 287), pero eso sale de la medida concreta, no de la discapacidad. La asistencia necesaria del curador era la redacción anterior a 2021, cuando el artículo hablaba del sometido a curatela. Y el juez no acepta por nadie: autoriza, cuando la medida lo exige.

El 1008 exige para repudiar una forma solemne: «ante Notario en instrumento público». La razón es la gravedad del acto, que no se presume. El documento público o privado es la forma de la aceptación expresa (999), y los actos tácitos sirven para aceptar (999 y 1000), no para repudiar. La alternativa del escrito presentado ante el Juez era la redacción anterior a la Ley 15/2015, que la suprimió y dejó al Notario como única vía.

Desde la Ley 15/2015, el 1005 pone la interpelación en manos del Notario, que comunica al llamado su plazo y le advierte de que, si no manifiesta su voluntad, «se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente». El silencio acepta, y acepta del modo más gravoso: ese es el incentivo para que el llamado se pronuncie. El distractor tentador, la repudiación, es lo contrario de lo que dice el Código; el beneficio de inventario hay que pedirlo expresamente ante Notario (1011); y el plazo no sería tal si al acabar todo siguiera igual.

El 994 no distingue entre los dos actos: los establecimientos públicos oficiales «no podrán aceptar ni repudiar herencia sin la aprobación del Gobierno». La tentación es trasladarles la regla del 993, que distingue entre aceptar y repudiar: esa es la de las asociaciones, corporaciones y fundaciones, no la de los establecimientos públicos. Para la Administración General del Estado y sus organismos, la Ley 33/2003 atribuye la aceptación al Ministro de Hacienda o a sus presidentes o directores (art. 21); la pregunta es la regla del Código. Y la forma de la aceptación no suple esa aprobación: la expresa vale en documento público o privado (999), pero sin la aprobación del Gobierno el establecimiento no puede aceptar.

El 1004 da al heredero un respiro tras el fallecimiento: no puede intentarse acción contra él para que acepte o repudie hasta pasados nueve días «después de la muerte de aquel de cuya herencia se trate». Cuenta la muerte, no lo que el heredero haga ni ningún trámite posterior. Saber que se es heredero es el día inicial del plazo para pedir el inventario (1014), en la sección siguiente; y la comunicación del Notario abre otro plazo distinto, el de treinta días naturales del 1005 para manifestar la voluntad. Son tres plazos que se cruzan, cada uno con su punto de partida.