Los albaceas

El 893 cierra el cargo al menor de forma tajante: «no podrá serlo, ni aún con la autorización del padre o del tutor». La autorización que en otros actos completa la capacidad del menor aquí no sirve, y el Código no lo salva nombrándolo junto a un albacea mayor de edad ni reduciendo el encargo a uno particular: la regla es de la persona, y universal o particular (894) es solo el alcance del cargo. El párrafo primero del mismo artículo da la regla general: no puede ser albacea quien no tenga capacidad para obligarse.

El 907 obliga al albacea a dar cuenta de su encargo a los herederos y declara nula «toda disposición del testador contraria a este artículo». Las facultades que el testador confiere valen si no son contrarias a las leyes (901), y esta lo es. Las cuentas se rinden al juez en otro caso: cuando el albacea no fue nombrado para entregar los bienes a herederos determinados, sino para invertirlos o distribuirlos como dispuso el testador. Aquí hay herederos determinados, los hijos, y es a ellos a quienes rinde cuentas.

El 892 deja nombrar «uno o más albaceas», y el 894 añade que, sean universales o particulares, «en todo caso» pueden nombrarse «mancomunada, sucesiva o solidariamente». Quien quiere que cada uno actúe sin los otros los nombra solidarios: no hace falta un albacea único ni repartirles bienes distintos, porque la distinción entre universal y particular mide el alcance del encargo, no cómo se reparten la actuación. Que vale lo que hacen todos juntos es la regla de los mancomunados (895), y el testador no está obligado a ella.

El 904 da al albacea sin plazo un año para cumplir, contado desde su aceptación «o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de algunas de sus disposiciones». Mientras se discute si el testamento vale, no corre: el plazo empieza al acabar el pleito. La aceptación es el día inicial cuando no hay litigio, y la noticia del nombramiento cuenta para otra cosa, el plazo para excusarse (898). La muerte del testador no es día inicial del plazo del albaceazgo.

El 897 suple el silencio del testador: si no establece «claramente» la solidaridad ni fija el orden, los albaceas «se entenderán nombrados mancomunadamente» y actúan con las reglas de los dos artículos anteriores. La solidaridad no se presume, hay que establecerla con claridad; y el orden de nombramiento en el testamento no los convierte en sucesivos si el testador no fijó un orden para desempeñar el cargo. Universal o particular (894) es otra cosa, el alcance del encargo, y no lo reparten los albaceas entre sí.

El 895 da tres maneras de que valga lo que hacen los mancomunados: lo que hagan todos de consuno, lo que haga uno autorizado por los demás o, «en caso de disidencia», lo que «acuerde el mayor número». La disidencia no bloquea el encargo ni lo lleva al juez ni a los herederos, que ejecutan la voluntad del testador cuando el albaceazgo termina o el albacea no acepta (911), no cuando los albaceas discrepan. La urgencia queda fuera porque cambia la regla: en suma urgencia, uno solo puede actuar bajo su responsabilidad personal, dando cuenta inmediatamente a los demás (896).

El 900 castiga por igual al albacea que no acepta y al que renuncia sin justa causa: los dos pierden «lo que le hubiese dejado el testador, salvo siempre el derecho que tuviere a la legítima». La hija pierde el legado, pero no la legítima, porque no se la debe a la voluntad del testador sino a la ley. La renuncia con causa justa, apreciada por el letrado de la Administración de Justicia (el texto dice aún «Secretario judicial») o por el notario (899), no lleva esta pérdida. El curador nombrado en testamento que se excusa pierde lo que se le dejó en consideración al nombramiento, por cualquier causa (280); el albacea pierde todo lo que le dejó el testador, pero solo si no acepta o renuncia sin justa causa.

El 910 termina el albaceazgo por la muerte, la imposibilidad, la renuncia o la remoción del albacea y por el lapso del plazo, y reserva la remoción al juez: «deberá ser apreciada por el Juez». La Ley 15/2015 llevó al letrado de la Administración de Justicia (que el Código aún llama «Secretario judicial») y al notario la renuncia con causa justa (899) y la segunda prórroga (905), pero no la remoción, que priva del cargo a quien no quiere dejarlo. Los herederos no remueven al albacea: pueden prorrogarle el plazo (906) y le piden cuentas (907).

El 908 declara el albaceazgo «cargo gratuito», salvo la remuneración que el testador quiera señalar, y aquí no señaló ninguna. Pero la gratuidad es del cargo, no de todo lo que el albacea haga: queda a salvo «el derecho que les asista para cobrar lo que les corresponda por los trabajos de partición u otros facultativos». El Código no fija una retribución por el valor del caudal ni deja a la mayoría de los herederos ponerla. Si el testador señala una retribución conjunta a varios albaceas, la parte de los que no admitan el cargo acrece a los que lo desempeñen (908, párrafo segundo).