La capacidad para suceder y la indignidad

El 745 da dos incapacidades absolutas: las criaturas abortivas, que son las que no reúnen las circunstancias del artículo 30, y las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley. El concebido no es incapaz: el 29 lo tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, y heredar lo es, siempre que luego nazca con esas circunstancias. La edad no impide suceder; lo que un menor no emancipado necesita es quien acepte por él. Y el 746 abre la sucesión testamentaria a «las demás personas jurídicas» sin distinguir si buscan lucro o no.

El 757 da dos caminos para que una causa de indignidad deje de surtir efecto: que el testador ya la conociera al hacer testamento, o que, sabiéndola después, la remita en documento público. Un perdón en documento privado no basta, ni hace falta ningún trámite judicial. La reconciliación sin más es lo que deja sin efecto la desheredación (856): es la otra figura, y para la indignidad el Código pide la forma pública.

El número 7.º del 756 define las atenciones debidas por remisión: son «las reguladas en los artículos 142 y 146», es decir, los alimentos entre parientes. El 142 lo dice así: «Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica», y el 146 fija su cuantía. No son las medidas de apoyo que fije un juez, ni lo que la persona pidiera, ni las prestaciones de otra ley. La discapacidad de este número tampoco es la de quien necesita apoyos: la disposición adicional cuarta la remite al concepto de la Ley 41/2003 y a la dependencia de grado II o III. Y es una causa que el 852 no admite para desheredar: se queda en la indignidad.

El 746 nombra expresamente a «los Ayuntamientos y Municipios» entre quienes pueden adquirir por testamento, junto a las iglesias, las provincias, los establecimientos públicos, las asociaciones reconocidas y las demás personas jurídicas, y lo somete al artículo 38: adquieren conforme a las leyes y reglas de su constitución. Pueden ser herederos o legatarios; el Código no los limita a una de las dos figuras. A falta de parientes, quien hereda abintestato es el Estado (956), no el municipio. Y la aprobación del Gobierno la pide el 748 solo para la institución hecha a un establecimiento público bajo condición o con un gravamen, no para cualquier disposición a favor de un Ayuntamiento.

El 761 impide que la indignidad perjudique a la generación siguiente: si el excluido por incapacidad es hijo o descendiente del testador y tiene hijos o descendientes, estos adquieren su derecho a la legítima. Que el padre siga vivo no lo impide, porque la incapacidad es uno de los dos casos en que se representa a una persona viva (929). Y su padre no administra lo que así reciban: el 164.2.º saca de la administración paterna lo adquirido por una sucesión en la que el progenitor no pudo heredar por causa de indignidad.

El 750 declara nula toda disposición en favor de persona incierta, pero con una salvedad que salva muchas: que «por algún evento pueda resultar cierta». Por eso la nulidad no es irremediable: si un hecho permite identificar al favorecido, la disposición vale. Fuera del caso especial de los pobres (749), los albaceas no pueden suplir la voluntad del testador eligiendo al beneficiario, porque testar es un acto personalísimo (670). Y el acrecimiento entre coherederos es lo que ocurre con la porción vacante de quien no quiere o no puede heredar (982), no el destino de una disposición nula por incierta.

El 760 obliga al incapaz que, contra la prohibición, entró en posesión de los bienes hereditarios a restituirlos con sus accesiones y con todos los frutos y rentas que haya percibido. El 760 no distingue entre buena y mala fe, como hace el 451 con el poseedor: dice «todos los frutos y rentas». Restituye los bienes mismos, no su valor. Y no conserva ninguna parte como legitimario: el incapaz no sucede, y si es descendiente del testador, la legítima pasa a sus propios hijos (761).

El 754 prohíbe disponer a favor del notario que autoriza el testamento y de su cónyuge, parientes o afines dentro del cuarto grado, y extiende la prohibición a los testigos del testamento abierto, con notario o sin él, y a los testigos y personas ante quienes se otorgan los testamentos especiales. Lo que une a todos es haber intervenido en el otorgamiento. El albacea puede recibir algo en el testamento que le encarga cumplirlo: el 900 regula precisamente qué pierde si no acepta el cargo. Ni los empleados de la notaría que no intervienen ni quien ayudó a preparar el texto están en la lista.

El número 2.º del 756 incluye entre los indignos al privado por resolución firme de la patria potestad, y al removido de la tutela, del acogimiento familiar de un menor o de la curatela de una persona con discapacidad por causa que le sea imputable, «respecto de la herencia del mismo»: la indignidad alcanza la herencia de ese hijo, no la de otros parientes. No hace falta, además, una condena penal: basta la resolución firme que priva de la patria potestad. Y la indignidad opera por ley, sin que el causante tenga que declararla; lo que él puede hacer es remitirla (757). La que exige un acto del testador en su testamento es la desheredación (849).

El 744 pone la regla general en positivo: puede suceder cualquiera a quien la ley no se lo impida. «Incapacitados por la ley» es vocabulario de 1889 y no habla de discapacidad: alude a las prohibiciones que el propio Código enumera a continuación (las criaturas abortivas y las asociaciones no permitidas del 745, las disposiciones a favor del confesor, del tutor o curador representativo, del notario o de los cuidadores, del 752 al 754, y la indignidad del 756). Una persona con discapacidad sucede como cualquier otra, y la adicional cuarta solo da sentido propio a la discapacidad de unos pocos artículos, como el 756.7.º, para protegerla. Suceder tampoco exige capacidad de obrar: un recién nacido puede heredar. Y no hace falta haber nacido: al concebido se le tiene por nacido para lo que le favorezca (29), y las personas jurídicas adquieren por testamento (746).

El 751 resuelve la disposición genérica a favor de los parientes con un criterio de cercanía: se entiende hecha en favor de los más próximos en grado. No llega a todos los parientes hasta un grado determinado, ni deja la elección a los albaceas. El 751 solo mira el grado: no dice que unas líneas excluyan a otras, y el padre y el hijo distan los dos un grado del testador (918).

El 762 cuenta el plazo de la acción para declarar la incapacidad desde que el incapaz está en posesión de la herencia o del legado: lo que consolida su situación es poseer, no haber aceptado. No corre desde la muerte del causante, que es el momento al que se atiende para calificar la capacidad (758), ni desde que el interesado supo de la causa. Por eso quien quiera apartar al incapaz tiene que actuar mientras su posesión es reciente.

El párrafo tercero del 753, añadido por la Ley 8/2021, se ocupa de las personas que cuidan al causante sin pertenecer a un centro de internamiento: pueden ser favorecidas en su sucesión, pero solo si se ordena en testamento notarial abierto, donde el notario comprueba la voluntad de quien testa. No hay, por tanto, prohibición absoluta, que es lo que rige para los empleados de la residencia donde alguien está internado (párrafo segundo). Pero tampoco vale cualquier forma: un testamento ológrafo o cerrado no basta. Y la regla no distingue entre heredero y legatario: lo que exige es la forma.