La compraventa, su perfección y quién puede comprar

El 1447 admite que el precio se deje al arbitrio de persona determinada, y para cuando esa persona no puede o no quiere señalarlo da una sola consecuencia: el contrato queda ineficaz. No hay un sustituto: ni el juez lo fija, ni pasa a una de las partes, que nunca puede señalarlo (1449). El precio del día, bolsa o mercado (1448) solo vale cuando las propias partes lo eligieron como referencia, no como remedio de un tercero que no actúa.

El 1454 da a cada parte su manera de salir del contrato cuando ha habido arras o señal: el comprador, allanándose a perderlas; el vendedor, que es quien las recibió, allanándose a devolverlas duplicadas. No las devuelve solo, ni con intereses, ni con una indemnización que haya que probar: el doble es la medida que fija el artículo.

El 1459.5.º prohíbe a los jueces adquirir los bienes y derechos en litigio ante su tribunal, pero el párrafo siguiente exceptúa tres casos: las acciones hereditarias entre coherederos, la cesión en pago de créditos y la garantía de los bienes que posean. El juez coheredero entra en el primero, así que la prohibición no le alcanza. El Código no condiciona la excepción a abstenerse ni al consentimiento de los demás coherederos: la da directamente.

El 1450 perfecciona la venta con el acuerdo sobre la cosa y el precio, «aunque ni la una ni el otro se hayan entregado»: desde ese momento obliga a los dos. La entrega de la cosa es una obligación que nace de la venta ya perfecta (1461), no lo que la perfecciona, y el pago del precio, otra (1500). La escritura pública tampoco: la forma que el 1280 exige para los inmuebles no condiciona que el contrato exista, y los contratantes pueden compelerse a llenarla (1279).

El 1451 da a los dos contratantes el derecho a reclamarse «recíprocamente» el cumplimiento del contrato, siempre que haya conformidad en la cosa y en el precio: no es una facultad solo del que prometió comprar frente al que prometió vender. Los daños no son lo único que se puede pedir; las reglas generales de las obligaciones entran cuando la promesa no puede cumplirse (párrafo segundo). Y no hace falta entrega alguna: la venta tampoco la necesita para perfeccionarse (1450).

El 1460 distingue: si la cosa se había perdido en su totalidad al celebrarse la venta, el contrato queda sin efecto (párrafo primero); si solo en parte, el comprador elige entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, abonando su precio en proporción al total convenido. Si reclama la parte existente, la paga en proporción al total, no por el precio entero. La rebaja «a juicio de peritos» es la del comprador de una cosa con vicios ocultos (1486), no la de este caso, y el artículo no obliga al vendedor a dar otra cosa.

La lista del 1459 está hecha de personas que tienen los bienes a su cargo o intervienen en su venta: quienes ejercen la tutela o funciones de apoyo, los mandatarios, los albaceas (3.º), los empleados públicos respecto de los bienes públicos que administran (4.º), con los jueces y peritos que intervienen en esa venta, y quienes sirven en la justicia respecto de lo litigioso (5.º). Al arrendatario no le prohíbe comprar la finca que tiene arrendada: tenerla en su poder no es administrarla ni enajenarla por cuenta del dueño.

El 1448 tiene por cierto el precio de los valores, granos, líquidos y demás fungibles cuando se señala el que la cosa tuviera en determinado día, bolsa o mercado, o un tanto mayor o menor que ese precio, con tal que el tanto sea cierto. No hace falta conocer el importe al contratar: es la misma idea del 1447, que se conforma con un precio cierto «con referencia a otra cosa cierta». El día puede ser posterior a la venta, y no hay una segunda aceptación del comprador: lo que se pactó ya basta.

El 1453 presume que la venta a calidad de ensayo o prueba, y la de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se hacen «siempre» bajo condición suspensiva: la venta no produce sus efectos mientras la prueba no se haga. La condición resolutoria es la trampa de siempre, y es lo contrario: la venta produciría efectos desde el principio y se desharía después. Y no hace falta pactarlo: es una presunción que pone la ley.

El 1455 reparte los gastos así: los de otorgamiento de escrituras, de cuenta del vendedor; los de la primera copia y los demás posteriores a la venta, de cuenta del comprador; todo ello salvo pacto en contrario. La primera copia es la trampa: la paga el comprador, pero el otorgamiento no. No van con los gastos posteriores a la venta, que sí son del comprador, y el Código no atiende a quién eligió notario.

El 1459.5.º prohíbe a magistrados, jueces, fiscales y personal de los juzgados adquirir los bienes y derechos en litigio ante su tribunal, «extendiéndose esta prohibición al acto de adquirir por cesión», y su último párrafo la extiende a los abogados y procuradores respecto de los litigios en que intervengan por su profesión. Para ellos no cuenta el territorio, sino haber intervenido en ese litigio. Las excepciones del párrafo (acciones hereditarias entre coherederos, cesión en pago de créditos, garantía de los bienes que posean) no encajan: paga en dinero y lo que adquiere no es una acción hereditaria.

El 1458, en la redacción que le dio la Ley 13/2005, dice sin más que «los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente». La prohibición con la salvedad de la separación de bienes era la regla de la redacción original de 1889, que la reforma de 1981 ya suprimió: hoy es un recuerdo de los manuales viejos, no derecho vigente. El artículo no pide autorización judicial ni que el matrimonio esté separado.