La concurrencia y prelación de créditos

El crédito de la provincia o del municipio por los impuestos de la última anualidad vencida y no pagada es el primero del 1924, que da preferencia «con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor», sin limitarse a unos muebles o a unos inmuebles concretos, como hacen el 1922 y el 1923. No es común, porque la ley lo nombra. Conviene no confundirlo con el del Estado, que va en el 1923.1.º, entre los preferentes sobre inmuebles: recae sobre los bienes de los contribuyentes por los impuestos que graviten sobre ellos, y por eso el 1924.1.º excluye lo comprendido allí.

El 1924.3.º cierra la lista de preferentes con los créditos que, «sin privilegio especial», consten en escritura pública o por sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio. Lo que da la preferencia es la forma, no el momento: estar demandado sin sentencia firme o haber sido reclamado extrajudicialmente no basta. La antigüedad cuenta, pero solo después, para ordenar entre sí los que ya son preferentes por escritura o sentencia, «por el orden de antigüedad de las fechas» (1924, último párrafo, y 1929.2.ª); no hace preferente a un crédito que no lo es.

El 1911 no recorta nada: del cumplimiento responde el deudor «con todos sus bienes, presentes y futuros». Los que adquiera después de contraer la deuda también quedan a disposición de sus acreedores, sin necesidad de pacto, y por eso fallan las dos opciones que dejan fuera los futuros. Tampoco se limita a los inmuebles: la regla abarca todos los bienes. Que una hipoteca pueda pactarse con la responsabilidad limitada a los bienes hipotecados es una excepción de la Ley Hipotecaria (art. 140), no la regla del Código.

El 1929 cierra el pago de lo que no tiene preferencia especial en tres escalones: primero, el orden del 1924; después, los preferentes por fechas, por el orden de estas, y a prorrata los que la tengan común; y al final los créditos comunes del 1925, «sin consideración a sus fechas». La antigüedad de las fechas es la regla de los preferentes por escritura pública o sentencia firme (1929.2.ª), no la de los comunes; el orden inverso es el de los refaccionarios no inscritos (1927.3.ª); y el vencimiento no aparece en ninguna regla.

El 1928 no deja perder el déficit ni lo convierte en un privilegio general: lo que no se cubrió con el bien se paga «por el orden y en el lugar que les corresponda según su respectiva naturaleza», ya en los demás bienes, a los que se acumula el remanente (1928, párrafo primero) y con las reglas del 1929. La preferencia especial se agota con el valor del bien, pero el crédito no, porque el deudor responde con todos sus bienes (1911). Y su naturaleza sí cuenta, así que no se mezcla sin más con todos los demás créditos.

El 1922 da a cada crédito una preferencia sobre bienes muebles concretos, no sobre todo el patrimonio, y en su número 5.º la del hospedaje recae sobre «los muebles del deudor existentes en la posada». Lo que el deudor tenga fuera de ella queda fuera de esa preferencia. Los treinta días después de la entrega son del crédito por transporte, sobre los efectos transportados (1922.4.º), y la preferencia sobre inmuebles detrás de los impuestos del Estado es la del 1923, que no nombra el hospedaje.

El 1926 da tres reglas particulares —el crédito pignoraticio excluye a los demás hasta el valor de la prenda; en la fianza constituida a favor de varios, el orden de fechas de la garantía; las semillas y los gastos de cultivo, antes que las rentas sobre esos frutos— y una para todo lo demás, la 4.ª: «el precio de los muebles se distribuirá a prorrata». Ordenar por el número del artículo es lo que hace el 1927.1.ª con los dos primeros del 1923, en los inmuebles; y el orden inverso de antigüedad es el de los refaccionarios no inscritos (1927.3.ª), no el de los muebles.