El contrato de alimentos, el juego y la apuesta, la renta vitalicia y la transacción

El 1798 empieza tajante: «La ley no concede acción para reclamar lo que se gana en un juego de suerte, envite o azar». La menor edad y la inhabilitación no son excepciones a eso, sino a la otra mitad del artículo: permiten al que perdió y pagó repetir lo pagado. La reducción a los usos de un buen padre de familia es del 1801, que sí da acción, pero solo en los juegos o apuestas no prohibidos. Y un reconocimiento posterior de la deuda no está en el artículo como vía para recuperar la acción.

El 1802 define la renta vitalicia: el deudor se obliga a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas «por un capital en bienes muebles o inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pensión». Adquiere la propiedad desde el principio, no un usufructo ni una posesión a título de depósito, y no tiene que esperar a la muerte de nadie. Por eso el 1805 no deja al perceptor recuperar el capital si dejan de pagarle: el capital ya no es suyo.

El 1812 mide la transacción de las corporaciones con personalidad jurídica por la enajenación: «sólo podrán transigir en la forma y con los requisitos que necesiten para enajenar sus bienes». Transigir es disponer de un derecho, y por eso pide lo mismo que vender. Es la misma idea del 1810 para los bienes de los hijos bajo la patria potestad. La autorización judicial en todo caso no está en el artículo: es lo que el 1811 pide al tutor y al curador representativo, y aun así con la salvedad de los asuntos de escasa relevancia económica.

El 1801 da la regla contraria a la del juego de azar: el que pierde en un juego o apuesta «de los no prohibidos queda obligado civilmente». El juez tiene, sin embargo, dos salidas: no estimar la demanda cuando la cantidad cruzada sea excesiva, o reducir la obligación en lo que exceda de los usos de un buen padre de familia. La falta de acción con la prohibición de repetir es el régimen del 1798, el de los juegos de suerte, envite o azar. Las apuestas no son de peor condición que los juegos: el 1799 les aplica lo mismo, y el 1801 las nombra junto a ellos.

El 1805 lo dice en negativo y en positivo: la falta de pago de las pensiones vencidas no autoriza al perceptor a exigir el reembolso del capital ni a volver a entrar en la posesión del predio enajenado, y «sólo tendrá derecho a reclamar judicialmente el pago de las rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras». El capital pasó en dominio al deudor (1802). Elegir entre el cumplimiento y la resolución, con la devolución de los bienes, es lo que el 1795 da al alimentista en el contrato de alimentos, no al perceptor de una renta vitalicia.

El 1811, en la redacción que le dio la Ley 8/2021, exige al tutor y al curador con facultades de representación autorización judicial para transigir sobre cuestiones relativas a los intereses de la persona que representan, «salvo que se trate de asuntos de escasa relevancia económica». La regla no se limita a los inmuebles ni a los establecimientos mercantiles, y no depende de que el representado se oponga. Para los hijos bajo la patria potestad, el 1810 remite a las mismas reglas que para enajenar sus bienes.

El 1816 separa dos cosas: «La transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada», sea judicial o extrajudicial, «pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial». La autoridad de cosa juzgada es de toda transacción; lo que es solo de la judicial es la ejecución por la vía de apremio. La extrajudicial no abre por sí sola la vía de apremio.

El 1803 abre las dos piezas: la renta puede constituirse «sobre la vida del que da el capital, sobre la de un tercero o sobre la de varias personas», y puede cobrarla la persona sobre cuya vida se otorga o cualquier otra. No tiene que coincidir quien da el capital con quien cobra ni con aquel cuya vida mide la renta, y nada la limita a una sola vida: el 1802 ya habla de «una o más personas determinadas».

El 1809 define la transacción como un contrato por el que las partes, «dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa», evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado. Sirve antes del pleito y durante él, y cada parte cede algo: la renuncia de una sola, sin nada a cambio, no es transacción. Encomendar la decisión a un tercero es someterse a árbitros, que el Código separa de la transacción: el 1713 dice que la facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros.

El 1804 declara nula la renta constituida sobre la vida de una persona ya muerta al otorgarse, o que en ese momento padezca una enfermedad que llegue a causarle la muerte «dentro de los veinte días siguientes a aquella fecha»: en esos casos falta el azar que hace aleatorio el contrato (1790). Los otros plazos son de otros artículos del libro: tres días, el animal que muere tras la compra (1497); nueve días, el retracto legal (1524); quince días, la tácita reconducción del arrendamiento (1566).

El 1813 lo permite con un límite: «Se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito; pero no por eso se extinguirá la acción pública para la imposición de la pena legal». Lo que la víctima puede disponer es la indemnización, que es suya; la pena no lo es, y la transacción no la toca. El artículo no pide ninguna autorización del Ministerio Fiscal. Las materias sobre las que no se puede transigir son otras: el estado civil, las cuestiones matrimoniales y los alimentos futuros (1814).

El 1794 dice que la obligación de dar alimentos de este contrato no cesa por las causas del artículo 152, «salvo la prevista en su apartado primero», que es la muerte del alimentista. La mejora de fortuna (152.3.º) es una de las causas que no juegan: la prestación se pagó con la transmisión de un capital (1791). Tampoco se reduce la prestación: el 1793 dice que, a falta de pacto, su extensión no depende de las vicisitudes del caudal y las necesidades de quien la recibe. El cese o la suspensión por haber cambiado de fortuna son propios de los alimentos entre parientes, que se ajustan a las necesidades (147 y 152).

El 1814 cierra tres materias a la transacción: el estado civil de las personas, las cuestiones matrimoniales y los «alimentos futuros». Solo los futuros: de las pensiones alimenticias atrasadas, el 151 permite incluso renunciarlas y compensarlas. Sobre la acción civil de un delito se puede transigir, sin extinguir la acción pública (1813), y sobre los bienes de los hijos bajo la patria potestad también, con las mismas reglas que para enajenarlos (1810).