La gestión de negocios ajenos y el cobro de lo indebido

El 1890 lo dice sin rodeos: «La responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más, será solidaria». El distractor tentador es la regla general de los 1137 y 1138, que presume la deuda dividida en partes iguales cuando la obligación no dice otra cosa; pero esa presunción cede cuando la ley impone la solidaridad, y aquí la impone. Tampoco hace falta ratificación para que respondan: el gestor está obligado desde que se encarga del negocio (1888 y 1889).

El 1893 no exige la ratificación para que el dueño responda: si aprovecha las ventajas de la gestión, «será responsable de las obligaciones contraídas en su interés» y además indemnizará al gestor los gastos necesarios y útiles y los perjuicios sufridos en su cargo. Por eso no basta con responder ante los terceros dejando al gestor sin reembolso. El límite de «en cuanto se hubiese enriquecido» es de otra figura, el que recibió de buena fe un pago indebido (1897).

El 1901 presume el error en dos casos: cuando se entregó cosa «que nunca se debió» y cuando se entregó la «que ya estaba pagada». Es la excepción a la regla del 1900, que pone la prueba del error en quien pagó; por eso «nunca» es falso. La presunción admite prueba en contra: aquel a quien se pide la devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por otra causa justa. Si quien pagó tiene que demostrar algo, ya no se presume nada, y la mala fe del que recibe no decide si hubo error, sino lo que debe devolver (1896).

El 1888 convierte en deber lo que empezó siendo voluntario: el gestor oficioso «está obligado a continuar su gestión hasta el término del asunto y sus incidencias», o a requerir al interesado para que le sustituya si este puede hacerlo por sí. Que no haya contrato no le deja libre de abandonar a medias, y el Código no pide autorización judicial para nada. La ratificación tampoco marca el final de su deber: es lo que da a la gestión los efectos del mandato expreso (1892), no el plazo hasta el que tiene que seguir.

El 1892 equipara la gestión ratificada al encargo dado de antemano: la ratificación «produce los efectos del mandato expreso». No la convierte en un arrendamiento de servicios ni la deja como estaba, ni la convierte en un cobro de lo indebido, el otro cuasi contrato del capítulo. Sin ratificar, el dueño también responde si aprovecha las ventajas de la gestión, pero por el 1893 y con su propio alcance.

El 1894 da al extraño que presta alimentos sin conocimiento del obligado «derecho a reclamarlos de aquél», con una sola salvedad: que conste que los dio «por oficio de piedad y sin ánimo de reclamarlos». Que el obligado no lo supiera es precisamente el supuesto del artículo, no lo que impide reclamar; la reclamación se dirige contra el obligado a prestar los alimentos, no contra quien los recibió, y no depende de ninguna ratificación, que es lo que da a la gestión los efectos del mandato expreso (1892).

Como regla, nadie responde de lo que no pudo preverse o era inevitable (1105); el 1891 hace responder al gestor del caso fortuito en dos supuestos: cuando acomete «operaciones arriesgadas que el dueño no tuviese costumbre de hacer» y cuando ha pospuesto el interés del dueño al suyo propio. Delegar tiene otra consecuencia, la del 1890: responde de los actos del delegado, no del caso fortuito. Y ni la falta de ratificación ni el no haber requerido al dueño figuran entre los dos supuestos.

El 1900 pone en quien pagó la prueba del pago y la del error, con una salvedad: si el demandado niega haber recibido la cosa, «justificada por el demandante la entrega, queda relevado de toda otra prueba». Al negar la recepción, el demandado pierde la ventaja de que el demandante tenga que probar también el error, pero no le traslada toda la carga: el demandante sigue teniendo que probar la entrega, que no se presume. El demandado conserva el derecho a acreditar que se le debía lo que recibió.

El 1887 define los cuasi contratos por el hecho y no por el acuerdo: un hecho lícito y puramente voluntario del que resulta obligado su autor para con un tercero, y a veces una obligación recíproca entre los interesados. El contrato nace de que una o varias personas consienten en obligarse (1254), y la donación es un acto de liberalidad que el donatario acepta (618): los dos piden el consentimiento de la otra parte, que el cuasi contrato no necesita. Los actos u omisiones en que interviene culpa o negligencia son otra fuente distinta del 1089, la del 1902, que obliga a reparar el daño causado.