El depósito y el secuestro

El 1786 abre el secuestro a los dos: «así los bienes muebles como los inmuebles». Es la excepción a la regla del 1761, que limita el depósito a las cosas muebles; por eso limitarlo a los muebles, verdadero para el depósito extrajudicial, es falso para el secuestro. El secuestro tiene lugar cuando se decreta el embargo o el aseguramiento de bienes litigiosos (1785), sean muebles o inmuebles.

El 1764, en la redacción de la Ley 8/2021, protege a quien deposita: el depósito hecho por un menor, o por una persona con discapacidad sin contar con la medida de apoyo prevista, «vinculará al depositario a todas las obligaciones que nacen del contrato de depósito». No espera a ninguna ratificación. Lo de reivindicar la cosa mientras exista o cobrar el enriquecimiento es el régimen del caso inverso, el depósito hecho en un menor (1765).

El 1758 ata el nacimiento del depósito a la entrega: se constituye «desde que uno recibe la cosa ajena» con la obligación de guardarla y restituirla. Por eso no basta el acuerdo sobre la guarda, aunque la regla general sea que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento (1258). No pide forma escrita, y tampoco depende de una retribución: el depósito es gratuito salvo pacto en contrario (1760).

El 1781 distingue dos depósitos necesarios: el que se hace en cumplimiento de una obligación legal (1.º) y el que tiene lugar con ocasión de alguna calamidad, como incendio, ruina, saqueo o naufragio (2.º). El 1782 les da reglas distintas: el del 1.º se rige por la ley que lo establezca y, en su defecto, por las del depósito voluntario; el del 2.º, directamente «por las reglas del depósito voluntario». Regirse por la ley que lo establezca y, en su defecto, por las del voluntario es la regla del depósito por obligación legal.

El 1771 impone un deber concreto: si el depositario llega a descubrir que la cosa ha sido hurtada y quién es su verdadero dueño, «debe hacer saber a éste el depósito». No se la entrega por su cuenta, y tampoco puede exigir al depositante que pruebe ser propietario, que es lo que el mismo artículo le niega en su primera frase. Solo si el dueño, avisado, no reclama en el término que fija el artículo, el depositario queda libre devolviendo la cosa a quien se la dio.

El 1765 limita lo que puede reclamar quien deposita en un menor: «solo tendrá acción» para reivindicar la cosa mientras exista en poder del depositario, o para que le abone la cantidad en que se hubiese enriquecido con la cosa o con su precio. No tiene las acciones del contrato completo, que es lo que el 1764 da en el caso inverso, cuando el menor es quien deposita. Desde la Ley 8/2021, la misma regla vale para el depósito hecho en una persona con discapacidad que prescindió de las medidas de apoyo, si el depositante las conocía o se aprovechó de la situación.

El 1775 tiene dos salvedades a la restitución inmediata: que el depósito haya sido embargado judicialmente en poder del depositario, o que se le haya notificado la oposición de un tercero a la restitución o traslación de la cosa. Ni la forma escrita ni el documento son condición de la restitución. Tampoco puede el depositario exigir al depositante que pruebe su propiedad (1771). Los justos motivos del 1776 funcionan al revés: permiten al depositario devolver antes, no quedarse la cosa. Además, aunque el 1775 no lo diga, el depositario puede retener la cosa en prenda hasta que se le pague lo que se le deba por razón del depósito (1780).

El 1775 hace prevalecer la voluntad del depositante: el depósito debe restituirse cuando lo reclame, «aunque en el contrato se haya fijado un plazo o tiempo determinado para la devolución». El plazo se pone en interés de quien deposita, y el Código no condiciona la restitución a indemnizar ni a que el depósito sea gratuito. En el comodato es al revés: el comodante no puede reclamar la cosa antes de concluido el uso, salvo urgente necesidad (1749).

El 1787 ata al depositario del secuestro hasta que se termine la controversia que lo motivó, «a no ser que el Juez lo ordenare por consentir en ello todos los interesados o por otra causa legítima». No le basta la petición de un interesado ni un aviso. Los justos motivos para devolver antes de tiempo son la regla del depositario ordinario (1776), no la del secuestro.

El 1760 dice que el depósito es un contrato gratuito, «salvo pacto en contrario»: la retribución cabe si se pacta, y el contrato sigue siendo depósito. «Esencialmente gratuito» es lo que el 1740 dice del comodato, que deja de serlo si el que usa la cosa ha de pagar algo (1741). La gratuidad no depende de que el depósito sea voluntario o necesario. El mandato también se supone gratuito, pero con una salvedad que el 1760 no tiene: se presume retribuido si el mandatario se dedica a servicios de esa especie (1711).

El 1769 obliga a restituir la cosa cerrada y sellada en la misma forma y hace responder al depositario si el sello o la cerradura se forzaron por su culpa; esa culpa «se presume», salvo la prueba en contrario. La carga se invierte, pero no se cierra: el depositario puede probar que no tuvo culpa, así que no responde «siempre». En cuanto al valor de lo depositado, cuando la fuerza le es imputable se está a la declaración del depositante, salvo prueba en contrario.

El 1783 reputa depósito necesario el de los efectos que los viajeros introducen en las fondas y mesones, y el 1784 fija el alcance de esa responsabilidad: comprende los daños hechos tanto por los criados o dependientes de los fondistas como por los extraños, «pero no los que provengan de robo a mano armada, o sean ocasionados por otro suceso de fuerza mayor». Los daños causados por extraños y por los criados o dependientes son justo de los que sí responden.

El 1774 separa quién lleva la cosa de quién paga: si se designó lugar para la devolución, el depositario debe llevarla a él, «pero los gastos que ocasione la traslación serán de cargo del depositante». Devolverla donde se halle es la regla para cuando no se designó lugar, con tal de que no haya intervenido malicia del depositario.

El 1768 lo dice en su última frase: «El permiso no se presume, debiendo probarse su existencia». Sin él, el depositario no puede servirse de la cosa sin permiso expreso, y si lo hace responde de los daños y perjuicios (1767). La conversión en préstamo o comodato (1768, primer párrafo) es el efecto del permiso que sí existe.

El 1761 lo limita: «Sólo pueden ser objeto del depósito las cosas muebles». Muebles e inmuebles solo los admite el depósito judicial o secuestro (1786), que es el que este enunciado deja fuera al preguntar por el extrajudicial. Las cosas no tienen que ser fungibles: el Código prevé el depósito de dinero (1770), pero también el de una cosa cerrada y sellada (1769).