La condonación, la compensación, la novación y la prueba de las obligaciones

El 1196 enumera cinco requisitos y los exige todos. Que las deudas sean de dinero cumple el 2.º, y ser líquidas es el 4.º, que va junto a «exigibles»; pero el 3.º pide además que «las dos deudas estén vencidas», y aquí una no lo está. Un requisito cumplido no suple el que falta, y la cuantía de una u otra deuda no cambia nada: solo decide hasta dónde se extinguen cuando sí procede (1202).

El 1196.1.º pide que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y por eso la primera opción tienta: es la regla general. Pero el 1197 abre con «No obstante lo dispuesto en el artículo anterior» y permite al fiador oponer la compensación de lo que el acreedor debe al deudor principal. No necesita esperar a que el deudor la oponga.

El 1203 dice que las obligaciones pueden modificarse variando su objeto o sus condiciones principales, y por eso la primera opción tienta; pero modificar no es extinguir. Para que la nueva extinga a la antigua, el 1204 exige que así se declare terminantemente o que las dos sean de todo punto incompatibles. Sin una de esas dos cosas, la obligación se modifica y subsiste; la forma de la nueva no decide nada.

El 1200 excluye la compensación cuando una deuda proviene de depósito o de las obligaciones del depositario o del comodatario, y no deja oponerla al acreedor por alimentos debidos por título gratuito. Las deudas pagaderas en lugares distintos sí se compensan, indemnizando los gastos de transporte o cambio (1199); el préstamo de dinero o de cosa fungible no está excluido, aunque sí lo esté el comodato, y la antigüedad de una deuda no es requisito ni obstáculo.

El 1190 va en una sola dirección: perdonar la deuda principal extingue las accesorias, pero perdonar una accesoria «dejará subsistente la primera». Lo accesorio sigue a lo principal, no al revés. El 1191 llama a la prenda «obligación accesoria» y presume su remisión cuando la cosa vuelve al deudor: el acreedor pierde la garantía, pero conserva el crédito entero.

El 1225 equipara el privado reconocido a la escritura pública, pero con un límite de personas: «entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes». Frente a terceros, su fecha solo cuenta en los casos del 1227. «Principio de prueba por escrito» es lo que el 1221 dice de ciertas copias de documentos públicos, no del privado reconocido.

El 1205 separa a los dos sujetos: la sustitución del deudor «puede hacerse sin el conocimiento» del primitivo, «pero no sin el consentimiento del acreedor». Es el acreedor quien arriesga cambiar de patrimonio responsable, y por eso es su voluntad la que cuenta; el primitivo no tiene que saberlo ni ratificarlo. El Código no lo convierte en fiador: su suerte ante la insolvencia del nuevo la regula el 1206.

El 1198 gradúa la compensación según lo que el deudor supo y quiso. Si consintió la cesión, no puede oponerla al cesionario. Si se la notificaron y no la consintió, opone la de las deudas anteriores y no la de las posteriores (la primera opción). Si se hizo sin su conocimiento, opone las anteriores y las posteriores hasta que la conoció (la tercera). Lo que sepa el cesionario no cambia nada.

El 1189 presume la entrega voluntaria del documento, y con ella la renuncia del 1188, siempre que esté en poder del deudor; la presunción cede si se prueba lo contrario. No presume el pago ni una entrega en custodia, sino la entrega voluntaria que vale como renuncia, y no es el deudor quien tiene que probarla. La misma lógica aplica el 1191 a la prenda: si la cosa pignorada vuelve a poder del deudor, se presume remitida la obligación accesoria.

El 1196.2.º admite compensar deudas de dinero o de cosas fungibles, pero a las segundas les pide que sean «de la misma especie» y, si se designó la calidad, también de la misma calidad. La compensación no es un cambio de unas cosas por otras de igual valor, ni depende de que los acreedores la acepten: opera aunque no la conozcan (1202).

El 1210.2.º presume la subrogación cuando un tercero no interesado paga «con aprobación expresa o tácita del deudor»: la tácita basta. Quien tiene interés en el cumplimiento es el caso del 3.º, que se suma al del tercero no interesado y no lo desplaza. Recobrar solo lo pagado, sin subrogarse, es lo que le pasa a quien paga ignorándolo el deudor (1159), no a quien paga con su aprobación.

El 1206 parte de que el acreedor aceptó al nuevo deudor y carga con ese riesgo: la insolvencia «no hará revivir la acción» contra el primitivo. Pero no es un «en ningún caso»: revive si la insolvencia era anterior y pública, o conocida del deudor primitivo cuando delegó su deuda, porque entonces no puede descargarse de ella a costa del acreedor.

El 1228 limita la prueba de los papeles privados a quien los escribió, y solo en lo que conste con claridad; y quien quiera aprovecharse de ellos tiene que aceptarlos también en lo que le perjudique. No prueban a favor de su autor ni contra terceros. La misma idea de no poder quedarse solo con lo favorable la repite el 1229 con las notas del acreedor en la escritura o el recibo.

El 1188 hace de esa entrega una condonación tácita: implica «la renuncia de la acción» del acreedor contra el deudor, sin más forma, porque la del 1187 solo se pide a la expresa. No crea una presunción de pago: el párrafo segundo deja al deudor probar que la entrega se hizo por el pago solo para defender la renuncia si alguien la tacha de inoficiosa. Tampoco hay novación, que exige una obligación nueva que sustituya a la antigua (1204).

El 1230 es tajante: esos documentos privados «no producen efecto contra tercero», los firmen o no todos los otorgantes. Que sean posteriores no les da preferencia frente a quien confió en la escritura. Ni siquiera una escritura hecha para desvirtuar otra anterior perjudica a terceros si no se anota donde dice el 1219, en el registro o al margen de la matriz y de la copia.

El 1227 solo cuenta la fecha del documento privado frente a terceros desde uno de tres momentos: su incorporación o inscripción en un registro público, la muerte de cualquiera de los firmantes o su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. Son hechos que hacen imposible antedatarlo después. Los testigos, la letra de un firmante o una carta de las partes no dan esa certeza, y el Código no los nombra.

El 1187 admite la condonación expresa o tácita y somete las dos a los preceptos de las donaciones inoficiosas; a la expresa le pide además «las formas de la donación», que cambian según lo que se dona (632 y 633). Por eso la escritura pública no se exige en todo caso, y tampoco basta cualquier manifestación de voluntad. Que la condonación extinga la obligación (1156) no la convierte en un pago: es una liberalidad del acreedor, y por eso el Código la trata como una donación.

El 1193 distingue según dónde caiga la confusión. Si recae en el deudor o el acreedor principal, la obligación se extingue y eso aprovecha a los fiadores, porque la fianza no sobrevive a la deuda que garantiza. Si se realiza en un fiador, la obligación principal sigue en pie: lo que desaparece es, como mucho, la garantía de ese fiador, nunca la deuda ni una parte de ella.

El 1218 distingue dos alcances. Aun contra tercero, el documento público prueba el hecho que motiva su otorgamiento y su fecha. Las declaraciones de los otorgantes solo hacen prueba contra los contratantes y sus causahabientes, que es el párrafo segundo: por eso la primera opción se pasa, al extender a cualquiera lo que solo vale entre ellos.

La regla del 1192 es que la obligación se extingue desde que se reúnen en una persona los conceptos de acreedor y deudor, y por eso la segunda opción tienta: describe bien la situación. Pero el mismo artículo exceptúa la confusión que llega por herencia aceptada a beneficio de inventario, porque ese beneficio mantiene separados el patrimonio de la herencia y el de la heredera. Ni el testamento ni los acreedores de la herencia deciden la excepción: la pone la ley.