La fianza

El 1826 prohíbe al fiador obligarse a más que el deudor principal, en la cantidad y en lo oneroso de las condiciones, pero no castiga el exceso con la nulidad: «se reducirá su obligación a los límites de la del deudor». La fianza sigue valiendo, recortada. Que lo pactara expresamente no salva el exceso, y el artículo tampoco lo convierte en una deuda propia del fiador: lo que sobra, sencillamente, no se debe. Obligarse a menos sí puede.

Es el beneficio de excusión del 1830: el fiador no puede ser compelido a pagar «sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor». No basta un requerimiento sin éxito al deudor. Elegir libremente a quién reclamar es lo propio de la solidaridad (1144), que solo alcanza al fiador si se obligó solidariamente (1822 y 1831.2.º). Y el concurso del deudor no es lo que abre la puerta al acreedor como regla: es uno de los casos en que la excusión no tiene lugar (1831.3.º).

Para la fianza legal y la judicial, el 1855 da una salida al que no halla fiador: «se le admitirá en su lugar una prenda o hipoteca que se estime bastante para cubrir su obligación». La garantía personal se sustituye por una real; no se dispensa la obligación ni la cubre el juez. Y el fiador que se presente tiene que reunir las cualidades del 1828, capacidad para obligarse y bienes suficientes, como manda el 1854.

El 1849 resuelve el caso en contra del acreedor: si acepta voluntariamente un inmueble u otros efectos en pago de la deuda, «aunque después los pierda por evicción, queda libre el fiador». El acreedor que eligió cobrar así asume ese riesgo frente al fiador. La fianza no revive, ni por el todo ni por el valor de lo perdido, y queda libre la consintiera o no.

El 1833 sanciona al acreedor negligente: si el fiador cumplió las condiciones del 1832, el acreedor «es responsable, hasta donde ellos alcancen, de la insolvencia del deudor que por aquel descuido resulte». La medida es el valor de los bienes que se dejaron perder, no la deuda entera: si no bastaban para todo, del resto sigue respondiendo el fiador. Y no hace falta otro requerimiento del fiador: basta con haber opuesto la excusión en forma.

El párrafo segundo del 1822 no da reglas propias para el fiador solidario: remite a «la sección 4.ª, capítulo III, título I, de este libro», que es la de las obligaciones mancomunadas y de las solidarias (1137 a 1148). Por eso el acreedor puede dirigirse contra él como contra cualquier deudor solidario (1144). El fiador solidario también se queda sin excusión y sin división (1831.2.º y 1837), pero por las reglas de la solidaridad, no por las de la fianza judicial. Conservar la excusión es justo lo que el fiador solidario no puede hacer: la excusión no tiene lugar cuando se obligó solidariamente (1831.2.º), sin necesidad de otra renuncia. La fianza judicial tiene su capítulo (1854 a 1856), y el deudor principal no queda liberado, como ocurriría en la novación (1205).

Entre lo que comprende la indemnización del fiador, el 1838.2.º pone «los intereses legales» de la deuda «desde que se haya hecho saber el pago al deudor, aunque no los produjese para el acreedor». El día inicial es la noticia del pago, no el pago mismo: el mandante, en cambio, debe los intereses de lo anticipado desde el día de la anticipación (1728). No hace falta constituir en mora al deudor (1100), y da igual que la deuda principal no devengara intereses.

El 1853 deja al fiador oponer al acreedor «todas las excepciones que competan al deudor principal y sean inherentes a la deuda; mas no las que sean puramente personales del deudor». Es la otra cara del 1824: como la fianza puede garantizar una obligación anulable por la menor edad, el fiador no puede escudarse en esa minoría. No depende de que el deudor las haya opuesto antes. El deudor solidario tiene otra regla: puede servirse de las personales de los demás en la parte de estos (1148).

El 1837 divide la deuda entre los cofiadores: el acreedor «no puede reclamar a cada fiador sino la parte que le corresponda satisfacer», salvo que se haya estipulado expresamente la solidaridad. Es el beneficio de división: la parte de cada uno no la fija el acreedor, y no hay orden de prelación entre fiadores. Obligarse en un mismo acto no hace solidarios a los cofiadores: hace falta estipularlo expresamente, y la solidaridad no se presume (1137). Que la parte de un cofiador insolvente recaiga sobre los demás es una regla para el cofiador que pagó y reclama a los otros (1844).

El 1844 permite al cofiador que pagó reclamar a cada uno de los otros su parte proporcional, pero el párrafo tercero condiciona esa acción: es preciso «que se haya hecho el pago en virtud de demanda judicial, o hallándose el deudor principal en estado de concurso o quiebra». No basta la insolvencia sin concurso, ni hace falta que los demás consientan. El aviso importa frente al deudor (1840 y 1842), no frente a los cofiadores. Quien paga de forma espontánea no tiene la acción del 1844 contra sus cofiadores, aunque conserva la suya contra el deudor (1838).

El 1825 admite la fianza de deudas futuras «cuyo importe no sea aún conocido», y la condición que pone no está en el nacimiento sino en el cobro: no se puede reclamar contra el fiador «hasta que la deuda sea líquida». La exigencia de una obligación válida (1824) no impide garantizar una que todavía no existe. El artículo no pide fijar un máximo, y nacer la deuda no basta para dirigirse contra el fiador mientras no se sepa cuánto es.

El 1827 lo dice en dos tiempos: la fianza «no se presume: debe ser expresa», y una vez constituida «no puede extenderse a más de lo contenido en ella». Asegurar que el deudor cumplirá no convierte a nadie en fiador si no se obliga expresamente como tal, y la fianza probada no se estira a otras deudas que no garantiza. La regla es la misma para la gratuita y para la onerosa (1823). Es el contraste con el mandato, que puede ser expreso o tácito (1710).

El fiador que paga se subroga en los derechos del acreedor (1839, párrafo primero), pero el párrafo segundo limita lo que gana con una transacción: si transigió, «no puede pedir al deudor más de lo que realmente haya pagado». La subrogación no le permite cobrar la deuda nominal, y que el deudor no se opusiera no cambia la cuenta. Que la transacción del fiador no surta efecto para con el deudor (1835) no le quita al fiador el reembolso: el 1839 le deja pedir lo que realmente pagó, y nada más.

El párrafo segundo del 1837 ata los dos beneficios: el de división «cesa en los mismos casos y por las mismas causas que el de excusión contra el deudor principal», que son los del 1831 (renuncia expresa, solidaridad, quiebra o concurso, deudor no demandable en España). Por eso no basta con decir que solo lo excluye el pacto de solidaridad: este es uno de esos casos, no el único. La insolvencia de un cofiador se reparte entre los demás en sus relaciones internas (1844), y demandar a todos a la vez no cambia lo que se puede pedir a cada uno.

El 1822 define la fianza como la obligación de «pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste»: el fiador se suma al deudor, que sigue obligado, y responde del cumplimiento. Ocupar el lugar del deudor liberándolo es la novación por cambio de deudor (1205), no la fianza. Quien, sin obligarse personalmente, pignora o hipoteca bienes propios por una deuda ajena es el tercero del último párrafo del 1857, que no es fiador. Y la solvencia del deudor es aquello de lo que responde, si lo pacta, quien vende un crédito (1529); el fiador promete el pago mismo.

El párrafo segundo del 1827 extiende la fianza simple o indefinida a la obligación principal «y todos sus accesorios, incluso los gastos del juicio», pero acota estos: el fiador solo responde de los que «se hayan devengado después que haya sido requerido» para el pago. Así no carga con un pleito del que no tenía noticia. Ni queda fuera de todo gasto, ni responde de los anteriores al requerimiento.

El 1843 da al fiador una acción contra el deudor antes de pagar en una lista cerrada de casos, y el primero es verse «demandado judicialmente para el pago»; un requerimiento extrajudicial no basta. Que el deudor venda bienes tampoco está en la lista: lo está la quiebra, el concurso o la insolvencia (1843.2.º). Y la prórroga concedida sin consentimiento del fiador no le da una acción: extingue la fianza (1851). La acción del 1843 persigue la relevación de la fianza o una garantía, no el reembolso.

El 1856 quita la excusión en la fianza judicial a los dos escalones: el fiador judicial no puede pedir la de los bienes del deudor principal, y el subfiador, «en el mismo caso, no puede pedir ni la del deudor ni la del fiador». Es la excepción al 1836, que en la fianza ordinaria da al fiador de un fiador la excusión frente a ambos. Por eso no le queda ninguna de las dos a medias.

El 1842 reparte el riesgo del doble pago contra el fiador que no avisó: si el deudor, ignorando el pago, lo repite, «no queda al primero recurso alguno contra el segundo, pero sí contra el acreedor», que cobró dos veces. Por eso no hay indemnización, ni siquiera reducida, a cargo del deudor: el deudor pagó bien. La subrogación del 1839 no le sirve frente a un deudor que pagó bien. Es la misma lógica del 1840, que deja al deudor oponer al fiador que pagó sin avisarle las excepciones que tenía frente al acreedor.