La administración, la disolución y la liquidación de la sociedad de gananciales

El 1401 conserva los créditos contra el cónyuge deudor mientras no se paguen por entero las deudas de la sociedad, y añade que el cónyuge no deudor «responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados» si se formuló debidamente inventario. Responde, por tanto, pero con lo que recibió, no con todo su patrimonio. La liquidación no extingue los créditos, y los acreedores no quedan limitados al cónyuge deudor. Si por eso uno paga más de lo que le correspondía, puede repetir contra el otro (1401, párrafo segundo).

Cada cónyuge puede disponer por testamento de su mitad de los gananciales (1379), pero no de un bien concreto, que es de la sociedad hasta que se liquida. Por eso el 1380 da dos salidas: si el bien se adjudica a la herencia de quien testó, el legado produce todos sus efectos; si no, «se entenderá legado el valor que tuviera al tiempo del fallecimiento». No queda sin efecto ni se convierte en la mitad indivisa del piso, y el valor se toma a la muerte, no al otorgar el testamento.

La regla de los dos consentimientos del 1377 tiene aquí una excepción: el 1384 da por válidos «los de disposición de dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren». Las acciones son títulos valores, y figuran a su nombre. La anulabilidad del 1322 es para los actos que necesitaban el consentimiento del otro y se hicieron sin él, y la nulidad, para los actos a título gratuito (1378); la venta no es ninguno de los dos. Por lo mismo, no necesita que el otro la confirme después. Si con ella obtuviera un lucro exclusivo para él, quedaría deudor a la sociedad (1390), pero la venta sigue siendo válida.

El 1399 manda pagar «en primer lugar las deudas de la sociedad, comenzando por las alimenticias que, en cualquier caso, tendrán preferencia»; para las demás, si el caudal no alcanza, se sigue la concurrencia y prelación de créditos. Que la deuda la contrajeran los dos no le da un turno anterior. Los reintegros e indemnizaciones a cada cónyuge vienen después, «pagadas las deudas y cargas de la sociedad» (1403), y el crédito personal de un cónyuge contra el otro no es deuda de la sociedad: su cobro tiene regla propia (1405).

El 1408 manda dar alimentos «de la masa común» a los cónyuges, o al sobreviviente, y a los hijos, mientras se liquida y hasta que se les entregue su haber. No son un regalo de la masa: se rebajan del haber en la parte que excedan de lo que les habría correspondido por frutos y rentas. No dependen de que el juez los acuerde en un proceso matrimonial, ni obligan a vivir de lo privativo mientras dura la liquidación.

El 1410 remite todo lo no previsto sobre inventario, tasación, ventas, división y adjudicaciones a «lo establecido para la partición y liquidación de la herencia», y el 1402 da a los acreedores de la sociedad los mismos derechos que tienen en esa partición. La concurrencia y prelación de créditos solo entra para ordenar el pago de las deudas cuando el caudal no alcanza (1399). El régimen de participación solo se aplica a la liquidación si, anulado el matrimonio, el cónyuge de buena fe lo elige frente al de mala fe (1395). Y la ejecución de bienes embargados, con su subasta, no es a lo que remite el Código: la venta de bienes para pagar las deudas la pide cualquier partícipe o acreedor (1400), y lo demás se rige por la partición de la herencia.

El 1382 deja a cada cónyuge tomar como anticipo el numerario ganancial que necesite para su profesión o para la administración ordinaria de sus bienes «sin el consentimiento del otro, pero siempre con su conocimiento», y de acuerdo con los usos y circunstancias de la familia. No hace falta el consentimiento, ni para cada anticipo ni suplido por el Juez; pero que sea para la profesión no permite hacerlo a espaldas del otro, que ha de saberlo.

Vender o gravar un bien ganancial a título oneroso exige el consentimiento de los dos (1377, párrafo primero), y si uno lo niega o está impedido, el Juez puede autorizar uno o varios actos «cuando lo considere de interés para la familia», y excepcionalmente con limitaciones o cautelas. El criterio es el interés de la familia, no si la negativa tiene o no justificación: suplir la negativa injustificada es lo que el 1376 prevé para los actos de administración, no para los de disposición. Lo que no excede de la administración ordinaria no es un acto de disposición, y quién ganó con su trabajo el dinero con que se compró el bien no cambia nada, porque ese bien es ganancial (1347.1.º).

El 1391 suma dos consecuencias al acto en fraude del consorte: siempre, la del 1390 (el cónyuge queda deudor a la sociedad por el importe del lucro o del daño), y además, si el adquirente procedió de mala fe, «el acto será rescindible». Quedarse en la deuda sin tocar el acto sería lo que pasa con un adquirente de buena fe. Deudor a la sociedad queda el cónyuge que actuó (1390), no el adquirente: a este lo que le alcanza es la rescisión. Y el Código no lo declara nulo de pleno derecho: la rescisión es una ineficacia distinta, que se pide.

El 1394 fija los efectos de la disolución judicial «desde la fecha en que se acuerde»: no se retrotraen a la causa ni a la petición. Para el tiempo intermedio, el mismo artículo prevé que, iniciado el pleito, se haga inventario y el Juez adopte medidas para administrar el caudal, con licencia judicial para lo que exceda de la administración ordinaria. El inventario es el primer paso de la liquidación (1396), que viene después de la disolución, no lo que la produce.

El 1392 enumera los casos en que la sociedad concluye por sí sola, sin que nadie tenga que pedirlo: la disolución del matrimonio, su nulidad, la separación legal y que los cónyuges convengan un régimen distinto «en la forma prevenida en este Código», es decir, en capitulaciones (1325 y 1327). La ausencia declarada y el concurso no la concluyen de pleno derecho: son causas para que uno de los cónyuges pida al juez que la declare concluida (1393.1.º). Y la separación de hecho tampoco la concluye por sí misma; la que dura lo que el 1393.3.º exige permite pedir la disolución judicial.

La lista del 1393 es cerrada: medidas de apoyo con representación plena, ausencia, concurso o condena por abandono de familia (1.º); actos dispositivos o de gestión que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro (2.º); la separación de hecho que el 3.º describe; y el incumplimiento grave y reiterado del deber de informar (4.º), que es el deber recíproco del 1383. Negarse a consentir una venta no está entre ellas: para eso el 1377 permite al Juez autorizar el acto si lo considera de interés para la familia, y la sociedad sigue.

La separación de hecho no está entre los casos de pleno derecho del 1392, que solo recoge la separación legal. Es una de las causas del 1393: la sociedad concluye «por decisión judicial», «a petición de uno de los cónyuges», si llevan separados de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar. Basta que lo pida uno, no hace falta el acuerdo de los dos; y que no haya separación legal no impide la disolución, solo que no sea automática. Mientras tanto, los Tribunales también pueden conferir la administración a uno solo (1388).

El 1386 resuelve la urgencia sin esperar al otro: para los gastos urgentes de carácter necesario «bastará el consentimiento de uno sólo de los cónyuges», y lo dice «aun cuando sean extraordinarios». Dejar fuera los gastos extraordinarios es justo lo que el artículo descarta. La autorización judicial del 1377 es para los actos de disposición que uno niega, no para un gasto que no puede esperar; y lo que se toma para la profesión es el anticipo del 1382, que se toma con conocimiento del otro y no cambia la regla del gasto urgente.

La liquidación empieza por el inventario del activo y del pasivo (1396). En el activo, el 1397 pone los bienes gananciales existentes, el valor actualizado de los enajenados en fraude y no recuperados, y «el importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo sólo de un cónyuge»: es un crédito de la sociedad contra ese cónyuge. La partida inversa, lo que pagó un cónyuge y era de cargo de la sociedad, es un crédito del cónyuge contra la sociedad y va al pasivo (1398.3.ª), igual que el valor de los privativos gastados en su interés (1398.2.ª) y las deudas pendientes (1398.1.ª).

El 1378 declara nulos los actos a título gratuito sin el consentimiento de los dos cónyuges, pero exceptúa las «liberalidades de uso»: los regalos que la costumbre y la posición de la familia hacen normales. Por eso no es verdad que ningún acto gratuito quepa sin el otro. Donar a un hijo común sigue siendo un acto a título gratuito, y que lo donado quepa en su legítima no lo salva. Y lo que un cónyuge gana con su trabajo no es suyo, sino ganancial (1347.1.º): donarlo sin el otro es disponer gratuitamente de un bien común.

Para el local profesional y la vivienda en caso de muerte del otro (1406.3.º y 4.º), el 1407 deja elegir a quien lo pide: «a su elección», la propiedad o un derecho de uso o habitación constituido a su favor. No elige el otro cónyuge ni hace falta su consentimiento para la propiedad, y el uso no está excluido. Lo de abonar la diferencia es cierto, pero vale para cualquiera de las dos opciones: si el valor del bien o del derecho supera su haber, paga la diferencia en dinero.