El mandato

El 1709 define el mandato por la gestión ajena: alguien se obliga a prestar un servicio o hacer una cosa «por cuenta o encargo de otra». No lo define el precio, que puede faltar o existir (1711), sino que se actúa para otro. Las demás son las definiciones de contratos vecinos: guardar y restituir es el depósito (1758), ejecutar una obra o prestar un servicio por precio cierto es el arrendamiento de obras o servicios (1544), y obligarse a cumplir por un tercero es la fianza (1822).

El 1727 obliga al mandante a cumplir lo contraído dentro de los límites del mandato, y en lo que el mandatario se excedió, «no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente». La buena fe del tercero no suple la ratificación: frente al tercero, lo que el Código le da es la responsabilidad personal del mandatario que se excede sin darle conocimiento de sus poderes (1725). Es la misma lógica del 1259 para quien contrata en nombre de otro sin su autorización.

La muerte del mandante acaba el mandato (1732), pero el 1718 impone al mandatario acabar el negocio que ya estuviese comenzado al morir el mandante «si hubiere peligro en la tardanza». No espera a los herederos ni necesita que se lo pidan: el deber nace del propio artículo. La regla espejo, cuando muere el mandatario, es otra: sus herederos deben avisar al mandante y proveer entretanto lo que exijan las circunstancias (1739).

Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el 1717 corta la relación entre el mandante y el tercero: ni el mandante tiene acción contra el tercero ni este contra el mandante, y el obligado directamente es el mandatario, «como si el asunto fuera personal suyo». Por eso ninguna opción que meta al mandante delante del proveedor vale. La excepción del artículo, las cosas propias del mandante, no se da con mercancías que se compran. Lo dicho no toca las cuentas entre mandante y mandatario, que siguen intactas.

El 1710 deja la forma abierta: el mandato puede ser expreso o tácito, y el expreso puede darse por instrumento público o privado «y aun de palabra». La escritura no es la forma de todo mandato expreso, ni el escrito le es imprescindible. Lo que falla en exigir que la aceptación sea siempre expresa: el mismo artículo admite que sea tácita, deducida de los actos del mandatario. Que ciertos poderes deban constar en documento público es regla del 1280, sobre la forma de los contratos, no del 1710.

El 1723 dice que la responsabilidad de dos o más mandatarios, «aunque hayan sido instituidos simultáneamente, no es solidaria si no se ha expresado así». El nombramiento conjunto no basta: la solidaridad hay que pactarla. Ojo con la otra cara del contrato: los mandantes que nombran un mandatario para un negocio común sí le quedan obligados solidariamente (1731), y también responden solidariamente los que gestionan juntos negocios ajenos sin mandato (1890).

El 1728 obliga al mandante a reembolsar lo anticipado «aunque el negocio no haya salido bien, con tal que esté exento de culpa el mandatario». El resultado del negocio es riesgo del mandante, por cuya cuenta se actúa. Si el mandatario tuvo culpa, el mandante no tiene que reembolsar. Y el reembolso comprende los intereses de lo anticipado desde el día en que se hizo la anticipación, sin pacto. Si el mandante no paga, el mandatario puede retener las cosas objeto del mandato (1730).

El 1725 parte de que quien obra en concepto de mandatario no es responsable personalmente ante la otra parte, y pone dos excepciones: que se obligue a ello expresamente, o que traspase los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes. Por eso no basta con decir que nunca responde. Que el mandato sea retribuido solo mide con más rigor su culpa frente al mandante (1726), y si el mandante no cumple lo contratado dentro de los límites, el obligado es él (1727), no el mandatario en su defecto. Distinto es que obre en su propio nombre: entonces el obligado ante el tercero es él (1717).

El 1713 mira la clase de actos: el mandato concebido en términos generales «no comprende más que los actos de administración», y para enajenar, hipotecar, transigir o cualquier otro acto de riguroso dominio hace falta mandato expreso. Quien responde que sí porque el mandato general comprende todos los negocios confunde dos cosas: que el mandato general abarque todos los negocios del mandante (1712) habla de su extensión, no de qué actos permite. Ni la escritura ni un precio ventajoso suplen la falta de mandato expreso; lo más ventajoso solo cuenta para no traspasar los límites de un encargo que sí se tenía (1715).

El 1730 permite al mandatario retener en prenda las cosas objeto del mandato hasta que el mandante realice la indemnización y el reembolso de los dos artículos anteriores (1728 y 1729). Retener no es apropiarse ni vender por su cuenta: es negarse a devolver hasta que le paguen. La respuesta «nada» es la regla de otro contrato: el comodatario no puede retener la cosa prestada por lo que le deba el comodante (1747). El depositario, en cambio, sí puede retener (1780).

Desde la Ley 8/2021, el 1732 acaba el mandato por la constitución en favor del mandante de la curatela representativa como medida de apoyo, «a salvo lo dispuesto en este Código respecto de los mandatos preventivos». Este no lo era: no preveía nada para cuando la persona necesitara apoyo. Los preventivos (256 a 262) son los que se otorgan precisamente para ese momento, y el poder preventivo mantiene su vigencia pese a que se constituyan otras medidas de apoyo (258). No hace falta que el curador revoque nada, ni el mandato queda en suspenso. Del lado del mandatario, lo que acaba el mandato son las medidas de apoyo que incidan en el acto en que deba intervenir (1732.4.º).

El 1735 hace del nuevo nombramiento una revocación tácita del mandato anterior, que produce efecto «desde el día en que se hizo saber al que lo había recibido». No basta con otorgar el nuevo mandato ni hay que esperar a que el nuevo mandatario lo acepte, y tampoco hace falta una revocación expresa: el mandante puede revocar a su voluntad (1733), y nombrar a otro para lo mismo ya es revocar. El propio 1735 deja a salvo el artículo anterior: si el mandato se dio para contratar con personas determinadas, la revocación no les perjudica mientras no se les haya hecho saber (1734).

El 1721 permite nombrar sustituto si el mandante no lo ha prohibido, y hace responder al mandatario de la gestión del sustituto, entre otros casos, «cuando no se le dio facultad para nombrarlo», que es este. La nulidad es para lo hecho por el sustituto nombrado contra la prohibición del mandante, no para el silencio. Responder solo del notoriamente incapaz o insolvente es el segundo caso del artículo: cuando se dio la facultad sin designar a la persona. En los dos casos el mandante puede además dirigirse contra el sustituto (1722).

El 1711 tiene una regla y su excepción. La regla: a falta de pacto, el mandato se supone gratuito. La excepción, que decide este caso: si el mandatario tiene por ocupación servicios de la especie del encargo, se presume la obligación de retribuirlo. Suponerlo gratuito por no haberse pactado retribución es aplicar la regla a quien el enunciado coloca en la excepción. No hace falta pacto escrito, y el contrato sigue siendo mandato: es el propio 1711 el que lo llama así. El depósito se presume gratuito sin esa salvedad del profesional (1760).

El último párrafo del 1713 lo dice sin matices: «La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores». La idea de que quien puede lo más puede lo menos es la trampa: el Código separa las dos facultades, y tampoco distingue entre arbitraje de Derecho o de equidad, porque nombra a los árbitros y a los amigables componedores. Y no es un acto de administración que traiga cualquier mandato general: el mismo artículo pide mandato expreso para transigir.