Las fuentes de las obligaciones y su incumplimiento

El 1089 enumera las fuentes: la ley, los contratos, los cuasi contratos y «los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia». Quedarse en la ley y el contrato deja fuera los cuasi contratos (1887) y la culpa (1902); la promesa unilateral y la sentencia no están en la lista. No hay que confundirla con la del artículo 1, que enumera las fuentes del ordenamiento jurídico, no las de las obligaciones.

El 1091 equipara el contrato a la ley para quienes lo celebran: sus obligaciones tienen «fuerza de ley entre las partes contratantes» y han de cumplirse «a tenor de los mismos». No dice que el contrato sea título ejecutivo ni que valga como una sentencia: obligar como la ley no ahorra acudir al juez si una parte incumple (1096, 1098).

El 1111 ordena los remedios del acreedor: primero perseguir «los bienes de que esté en posesión el deudor»; después puede ejercitar los derechos y acciones de este para cobrar, salvo los que sean inherentes a su persona. El artículo no pide una declaración de insolvencia, ni requerir antes al deudor, ni una autorización judicial previa.

La segunda frase del último párrafo del 1100 da el arranque propio de las recíprocas: «Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro». La intimación del primer párrafo es la tentación, pero aquí el hecho decisivo es el cumplimiento del otro; y mientras el que reclama no cumpla ni se allane a cumplir, la primera frase del mismo párrafo impide que el otro esté en mora.

El 1102 hace del dolo un límite que las partes no pueden desactivar: la responsabilidad que procede de él «es exigible en todas las obligaciones» y «la renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula». No admite salvedades de forma: ni la escritura pública ni la aceptación del deudor la salvan. La moderación por los Tribunales es del 1103, y solo para la responsabilidad que procede de negligencia.

El 1103 declara exigible la responsabilidad por negligencia en toda clase de obligaciones, «pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos». La del dolo no: el 1102 la hace exigible en todas las obligaciones y anula su renuncia. Y que el juez pueda moderar desmiente que la indemnización tenga que cubrir siempre todo el daño.

El 1106 suma las dos partidas: la indemnización comprende «no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor». Los manuales les dan otros nombres, pero el Código no los usa. «Como regla» porque el propio artículo deja a salvo los siguientes: el 1107 limita los daños del deudor de buena fe y el 1108 fija la indemnización de la mora en las deudas de dinero.

El 1100 exime de la intimación en dos casos: cuando la obligación o la ley lo declaran expresamente, y cuando de su naturaleza y circunstancias resulta que la época de la entrega o del servicio «fue motivo determinante para establecer la obligación». Lo que cuenta es lo que resulta de la obligación al establecerla: una urgencia del acreedor que no se reflejó en ella no dispensa de reclamar, y que el plazo conste en escritura o que la deuda esté reconocida tampoco, salvo que la obligación o una ley lo declaren expresamente (1.º).

La última frase del 1111 da al acreedor una vía distinta de ejercitar las acciones del deudor: «impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho». Lo decisivo es el fraude, no la fecha del acto ni su forma, y el deudor no necesita el consentimiento de sus acreedores para disponer de lo suyo. Los contratos celebrados en fraude de acreedores son, además, rescindibles (1291.3.º).

El 1096, último párrafo, pone dos casos en que el deudor carga con lo imprevisible: cuando está en mora y cuando se ha comprometido a entregar la misma cosa a dos o más personas. Entonces «serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega». Es uno de los casos «expresamente mencionados en la ley» a los que remite el 1105, y por eso aquí no rige su regla general.

El 1100 hace depender la mora de la intimación: se incurre en ella «desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento». La reclamación ante el juez o ante notario basta, pero no es la única: vale cualquier exigencia extrajudicial. La sentencia llega tarde, porque la mora nace con la reclamación, antes de cualquier sentencia, y anunciar la resolución no es exigir el cumplimiento. El simple vencimiento del plazo no basta, salvo en las excepciones del mismo artículo: que lo declaren la obligación o la ley, o que la fecha fuera motivo determinante para obligarse.

El 1108 tasa la indemnización de la mora en las deudas de dinero, salvo pacto en contrario: «el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal». Lo pactado va primero, y el legal solo entra cuando no hay convenio; el acreedor no tiene que probar el daño ni el juez fija el tipo. Cuánto es el interés legal no lo dice el Código.

El 1088 abre el título de las obligaciones con su contenido posible: «dar, hacer o no hacer alguna cosa». La abstención es una prestación tan válida como la entrega o el servicio, y el Código no la reserva a las obligaciones que nacen de la ley: el 1099 le da incluso su propio remedio cuando el deudor hace lo que tenía prohibido.

El 1090 cierra la puerta a las obligaciones legales tácitas: «no se presumen», y «sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales». Por eso no vale la que el juez deduzca de una ley que no la nombra. La costumbre y los principios generales son fuentes del ordenamiento jurídico (artículo 1), no fuentes de obligaciones legales.

El 1095 separa dos momentos: los frutos se deben «desde que nace la obligación de entregarla», pero el derecho real sobre la cosa no llega hasta que se entrega. Quien elige la entrega está aplicando a los frutos la regla del derecho real; la mora y la reclamación judicial no son el punto de partida de ninguna de las dos.