Las obligaciones condicionales y a plazo

Cuando la condición se pone para resolver una obligación de dar, el 1123 manda deshacer: cumplida, los interesados «deberán restituirse lo que hubiesen percibido». No conserva cada uno lo suyo, y la restitución no depende de la culpa: la culpa solo cuenta para la pérdida, el deterioro o la mejora de la cosa, a los que el mismo artículo aplica las reglas del 1122 frente a quien debe restituir. Que los Tribunales determinen los efectos es lo previsto para las obligaciones de hacer y no hacer, por remisión al 1120.

El 1115 separa los casos por aquello de lo que depende la condición, y solo uno anula la obligación: que dependa «de la exclusiva voluntad del deudor». Si depende de la suerte o de la voluntad de un tercero, la obligación «surtirá todos sus efectos». El suceso pasado que los interesados ignoran tampoco la anula: el 1113 lo cuenta entre lo que impide que la obligación sea exigible desde luego, no entre las causas de nulidad.

La regla 6.ª del 1122 remite a otro estatuto: el deudor que mejora la cosa a su costa no tiene «otro derecho que el concedido al usufructuario». El 487 dice cuál es: el usufructuario no tiene derecho a indemnización por sus mejoras, aunque puede retirarlas si es posible sin detrimento de los bienes. Por eso no cobra lo gastado ni retiene la cosa, pero tampoco se queda sin nada: que las mejoras cedan en favor del acreedor es la regla 5.ª, para las que vienen de la naturaleza o del tiempo.

El 1124 da la facultad de resolver por «implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe»: no hace falta pactarla, y el artículo no pide un requerimiento previo ante notario ni que el perjudicado pruebe un daño para poder resolver. Los daños entran por otra puerta: quien resuelve o exige el cumplimiento tiene además derecho al resarcimiento de daños y al abono de intereses en ambos casos. Aunque la resolución por incumplimiento vive en la sección de las condicionales, es una regla de las obligaciones recíprocas.

Es la regla 1.ª del 1122: perdida la cosa sin culpa del deudor mientras pende la condición, «quedará extinguida la obligación». Responder de los daños y perjuicios es la consecuencia de la regla 2.ª, cuando se pierde por su culpa; elegir entre resolver o cumplir es la de la 4.ª, cuando se deteriora por su culpa. Ninguna regla obliga a entregar otra cosa de igual valor.

El 1125 define el día cierto como «aquel que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo». La muerte de una persona llegará, aunque no se sepa la fecha, así que la obligación es a día cierto. Esa es la trampa del distractor: ignorar cuándo no la hace condicional; lo sería si lo incierto fuera si el día llega o no (tercer párrafo del 1125). No es pura, porque solo es exigible cuando el día llega, y los Tribunales no tienen nada que fijar: el día ya está señalado.

El 1118 es la otra cara del 1117, para la condición negativa: si el suceso no tenía que ocurrir y pasa el tiempo señalado sin que ocurra, la obligación se hace eficaz. Extinguirse es lo que ocurre en el caso contrario, el de la condición de que el suceso sí ocurra en ese tiempo (1117). El 1118 no deja la eficacia en manos de los Tribunales ni pide ratificación al deudor; solo si no hubiera tiempo fijado, la condición se reputa cumplida en el que verosímilmente se quiso señalar.

El 1129.1.º quita el plazo al deudor que resulta insolvente después de contraída la obligación, «salvo que garantice la deuda». No lo pierde en todo caso, el artículo no mira si la insolvencia es culpa suya y no hace falta que el acreedor acuda al juez. Los otros dos casos del mismo artículo son no otorgar las garantías comprometidas y disminuirlas por actos propios, o perderlas por caso fortuito sin sustituirlas de inmediato por otras igualmente seguras.

El 1120 hace retroactiva la condición cumplida en las obligaciones de dar: sus efectos «se retrotraen al día de la constitución», no al del cumplimiento de la condición ni al de la reclamación. Que lo decidan los Tribunales en cada caso es la regla del segundo párrafo para las obligaciones de hacer y no hacer. El mismo artículo templa la retroactividad en los frutos e intereses del tiempo pendiente: en las recíprocas se entienden compensados y, en las unilaterales, el deudor los hace suyos salvo que se infiera otra voluntad.

La regla 4.ª del 1122 le da una elección y la indemnización en las dos ramas: «podrá optar entre la resolución de la obligación y su cumplimiento, con la indemnización de perjuicios en ambos casos». Falla, por eso, todo distractor que le quite una de las dos vías o le deje sin indemnización en una de ellas. Si el deterioro fuera sin culpa del deudor no habría elección: el menoscabo sería de cuenta del acreedor (regla 3.ª).

El primer párrafo del 1116 pone juntas las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley: «anularán la obligación que de ellas dependa». Tenerla por no puesta es lo que el segundo párrafo reserva a la condición de no hacer una cosa imposible, y lo que el 792 dice de las condiciones de los testamentos, no de las obligaciones. El Código no deja la obligación viva sin poder exigirla ni encarga a nadie sustituir la condición.

El 1117 da dos momentos a la condición de que un suceso ocurra en un tiempo determinado: la obligación se extingue cuando pasa el tiempo «o fuere ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar». El segundo adelanta la extinción, así que no hay que esperar al final del plazo. Tener la condición por cumplida es lo que prevé el 1119 cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento, y la obligación no queda pura: la condición ha fallado.

El 1122 define la pérdida entre sus reglas 2.ª y 3.ª: la cosa se pierde cuando perece, queda fuera del comercio, desaparece de modo que se ignora su existencia o no se puede recobrar. El desgaste por el tiempo no es pérdida sino deterioro, que tiene sus propias reglas (3.ª y 4.ª); el Código no mide la pérdida por una fracción del valor, y el uso de la cosa por el deudor no figura entre esos supuestos.

El 1124 permite esa vuelta atrás: el perjudicado puede pedir la resolución «aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible». Haber elegido cumplir no es una renuncia, y resolver no le cuesta la indemnización: la frase anterior le da el resarcimiento de daños y el abono de intereses «en ambos casos». El Tribunal decretará la resolución que se reclame, salvo causas justificadas que le autoricen a señalar un plazo.