El pago y la pérdida de la cosa debida

Desde la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, el 1178 dice que la consignación la hace el deudor o un tercero poniendo las cosas debidas a disposición del Juzgado o del Notario, en los términos de esa ley o de la legislación notarial. La consignación solo judicial es la de la redacción anterior, y la que siguen dando los manuales viejos. El Código no prevé un depositario elegido por las partes.

El 1172 da la imputación al deudor: quien tiene varias deudas de una misma especie con un solo acreedor puede declarar, al tiempo de pagar, a cuál se aplica. El acreedor solo la fija si el deudor acepta su recibo (párrafo segundo), y a falta de declaración entran las reglas de los intereses (1173) y de la deuda más onerosa entre las vencidas (1174): ninguna de ellas mira la antigüedad ni pasa por el juez.

El 1169 da la regla y su excepción: salvo que el contrato lo autorice, no se puede compeler al acreedor a recibir parcialmente; pero si la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida, el acreedor puede exigir y el deudor hacer el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. La excepción vale para los dos lados, y no depende de que el acreedor consienta.

El 1180 fija cuándo la consignación extingue: con la aceptación del acreedor o con la declaración judicial de que está bien hecha. Hasta entonces, el deudor puede retirar la cosa o cantidad consignada, «dejando subsistente la obligación»: no necesita permiso del acreedor y no queda liberado si la retira. La autorización del acreedor para retirarla es el supuesto del 1181, con sus propias consecuencias.

El 1161 limita el pago por tercero en las obligaciones de hacer: el acreedor no puede ser compelido a recibir el servicio de otro cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se tuvieron en cuenta al establecer la obligación. La regla general del 1158, que deja pagar a cualquiera, cede aquí, y la cualificación del sustituto no la salva. Es distinto del 1166, que impide sustituir un hecho por otro contra la voluntad del acreedor: allí cambia la prestación; aquí, la persona que la hace.

El 1168 carga al deudor los gastos extrajudiciales del pago; los judiciales los decide el tribunal con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y esa es la opción que se lleva quien no lee «extrajudiciales». No hay reparto por mitad. El acreedor sí paga los gastos de la consignación, cuando procede (1179): es otra celda, la del acreedor que no quiso o no pudo recibir.

El 1156 enumera seis modos: el pago o cumplimiento, la pérdida de la cosa debida, la condonación, la confusión de los derechos de acreedor y deudor, la compensación y la novación. Cada serie falsa mete uno que no está en esa lista aunque otro artículo le dé efecto extintivo o de ineficacia: la prescripción extingue derechos y acciones (1930), la condición resolutoria y la resolución deshacen lo adquirido (1114, 1124) y la rescisión es un remedio de los contratos (1290 y siguientes). Por eso la pregunta es por la lista del 1156, no por todo lo que extingue una obligación.

El 1166 cierra la puerta a la sustitución unilateral: el deudor no puede obligar al acreedor a recibir otra cosa «aun cuando fuere de igual o mayor valor», y el artículo no da ninguna excepción a esa imposición. El valor no decide; decide lo pactado (1091). Si la cosa determinada se pierde sin culpa y antes de la mora, la obligación se extingue (1182), pero eso no obliga al acreedor a aceptar otra en su lugar.

El 1182 pide dos requisitos a la vez: que la cosa se pierda o destruya sin culpa del deudor y antes de que se haya constituido en mora. El deudor en mora, o el que prometió la misma cosa a dos o más personas, carga con los casos fortuitos hasta la entrega (1096), así que en esos casos la pérdida sin culpa no le libera. Y la culpa nunca extingue: convierte la deuda en la de indemnizar (1101).

El 1158 distingue: quien paga por cuenta de otro reclama del deudor «lo que hubiese pagado», salvo que lo hiciera contra su expresa voluntad; en ese caso «sólo podrá repetir» aquello en que el pago le fue útil. La oposición del deudor no deja al tercero sin nada, pero le quita el reembolso íntegro. Que cualquiera pueda pagar (párrafo primero) no decide cuánto recupera.

El 1185 aparta la deuda que procede de delito (el texto dice todavía «delito o falta») de la regla del 1182: el deudor no se exime de pagar el precio «cualquiera que hubiese sido el motivo de la pérdida». Ni la falta de culpa ni el caso fortuito le liberan. La única salida es que hubiera ofrecido la cosa a quien debía recibirla y este se negara sin razón a aceptarla. La responsabilidad civil que nace del delito tiene además su régimen en el Código Penal (1092).

El 1170 no equipara la entrega del documento al pago: los pagarés, letras de cambio y demás documentos mercantiles solo producen sus efectos cuando se han realizado, o cuando se perjudicaron por culpa del acreedor. Mientras tanto la acción de la obligación primitiva queda en suspenso, no extinguida: la letra no sustituye a la deuda. El primer párrafo del mismo artículo conserva su texto de 1889 (la «moneda de plata u oro que tenga curso legal en España» cuando no puede entregarse la especie pactada).

El 1164 protege al deudor que confía en la apariencia: el pago hecho de buena fe al que está en posesión del crédito «liberará al deudor». Es una regla propia frente a la del 1163, que solo da valor al pago hecho a un tercero en cuanto se convirtió en utilidad del acreedor; aquí la posesión del crédito y la buena fe bastan.

El 1176 tiene dos vías. La ordinaria: ofrecer el pago y, si el acreedor lo rechaza sin razón, consignar. La segunda, para cuando el ofrecimiento no tiene destinatario claro: la consignación «por sí sola» libera si el acreedor está ausente del lugar del pago o impedido para recibir, si es desconocido, si se ha extraviado el título y cuando varias personas pretenden cobrar. En esos casos ofrecer antes el pago no es requisito: basta consignar. Pagar a cualquiera arriesga pagar mal (1162): solo libera el pago a quien tiene derecho a recibirlo o al que está en posesión del crédito de buena fe (1164).

El 1159 niega al que paga en nombre del deudor, «ignorándolo éste», el poder de compeler al acreedor a subrogarle. Pagar es posible (1158) y puede reclamar al deudor lo pagado, pero ponerse en el lugar del acreedor, con sus garantías, es otra cosa. El dato que cambiaría la respuesta es la aprobación del deudor: si un tercero no interesado paga con ella, la subrogación se presume (1210.2.º).

El 1183 invierte la carga de la prueba: si la cosa se perdió en poder del deudor, se presume que fue por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio del 1096 (el deudor en mora o que prometió la cosa a dos responde también del caso fortuito). Es el deudor quien tiene que probar que no tuvo culpa para acogerse a la extinción del 1182, no el acreedor quien prueba la culpa.

El 1163 no anula el pago al menor ni lo da por bueno entero: vale «en cuanto se hubiere convertido en su utilidad», y en lo demás el deudor no queda liberado. Desde la Ley 8/2021 la misma regla se aplica al pago a una persona con discapacidad con medidas de apoyo para recibirlo que actúa sin ellas, si quien paga conocía esas medidas o se aprovechó de la situación. La buena fe que libera es la del 1164, la de quien paga al que está en posesión del crédito. La fórmula tiene su gemela en la nulidad: el menor restituye en cuanto se enriqueció (1304).

El 1158 abre el pago a cualquiera: puede hacerlo «cualquier persona», con interés o sin él, y tanto si el deudor lo conoce y aprueba como si lo ignora. Lo que cambia según esas circunstancias no es si se puede pagar, sino lo que el tercero puede reclamar después (1158, párrafos segundo y tercero) y si puede exigir que se le subrogue (1159). El límite está en las obligaciones de hacer en que se tuvo en cuenta la persona del deudor (1161).

El 1172, párrafo segundo: si el deudor acepta del acreedor un recibo que hace la aplicación del pago, no puede reclamar contra ella, «a menos que hubiera mediado causa que invalide el contrato». La facultad de elegir era suya, pero al aceptar el recibo la ha consentido; y la salvedad existe, así que la negativa absoluta también es falsa. La regla de la deuda más onerosa (1174) solo entra cuando no hay imputación hecha.

El 1157 pide la integridad: la deuda no se entiende pagada «sino cuando completamente» se entregó la cosa o se hizo la prestación. Un cumplimiento casi completo no es pago, y el acreedor tampoco está obligado a recibir por partes (1169). Ofrecer el pago no basta: si el acreedor lo rechaza sin razón, el deudor se libera consignando la cosa (1176), no por haberla ofrecido.