La partición de la herencia y el pago de las deudas hereditarias

El 1057 deja al testador elegir con libertad al contador-partidor, con un único límite: ha de ser «cualquier persona que no sea uno de los coherederos». Quien va a recibir un lote no puede ser quien los forma, de modo que la opción que admite a un coheredero, sea o no mayor de edad, contradice el texto. Y no se exige ninguna profesión: basta cualquier persona ajena a la condición de coheredero, que puede ser también el albacea.

El 1062 da dos salidas a la cosa indivisible o que desmerece mucho al dividirse: adjudicarla a uno, que abona a los otros el exceso en dinero, o venderla. Y para la venta pone el listón más bajo: «bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, y con admisión de licitadores extraños, para que así se haga». No hace falta mayoría ni unanimidad, y la petición de uno vale aunque otro heredero esté dispuesto a quedársela pagando el exceso.

El 1051 abre la sección con la regla —ningún coheredero puede ser obligado a permanecer en la indivisión— y una salvedad: que el testador prohíba expresamente la división. El testador, por tanto, sí puede prohibirla, aunque su prohibición cede cuando concurre alguna de las causas por las que se extingue la sociedad (párrafo segundo). Un coheredero menor no paraliza la partición: el Código prevé cómo se hace con él (1057 párrafo tercero y 1060). Y no hay que esperar a que acepten todos los llamados: pide la partición todo coheredero con la libre administración y disposición de sus bienes (1052).

El 1054 deja partir a los demás coherederos, «asegurando competentemente el derecho» del condicional, pero la partición «se entenderá provisional» hasta saberse que la condición ha faltado o no puede ya verificarse. No es definitiva con una compensación en dinero: lo que el artículo prevé es una garantía y una partición que puede rehacerse si la condición se cumple. Tampoco es nula: el consentimiento del condicional no es requisito, y la lesión es una causa de rescisión de las particiones (1074), no lo que decide el carácter de esta.

El 1076: la acción rescisoria por causa de lesión «durará cuatro años, contados desde que se hizo la partición». Son los mismos cuatro años, y con el mismo verbo, que el 1299 da a la acción de rescisión de los contratos; pero el día inicial lo fija el 1076 en la partición misma, no en el momento en que el heredero descubre la lesión. Los cinco años son los de las acciones personales sin plazo especial (1964.2), que aquí no se aplican porque hay plazo propio.

Desde la Ley 15/2015, el párrafo segundo del 1057 prevé el contador-partidor dativo «no habiendo testamento, contador-partidor en él designado o vacante el cargo»: lo nombra el letrado de la Administración de Justicia (el texto aún dice «Secretario judicial») o el Notario, a petición de herederos y legatarios que representen al menos el 50 por 100 del haber y con citación de los demás interesados. No lo nombra el juez, y su partición requiere aprobación del letrado o del Notario salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios. El contador designado por el causante es el del párrafo primero, pero no el único.

El 1072 corta en el día de la partición: adjudicado un crédito como cobrable, los coherederos «no responderán de la insolvencia posterior del deudor hereditario», y solo de la que tuviera al hacerse la partición. No es la regla proporcional de la evicción (1071), que alcanza a los demás bienes. Que la partición la hiciera o no el testador importa para el saneamiento en general (1070.1.º), no para la insolvencia sobrevenida. Y sí hay responsabilidad en un caso: la insolvencia que el deudor ya tenía al partir.

El 1082 da a los acreedores reconocidos de la herencia un freno: pueden «oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos». La rescisión por lesión es de los coherederos perjudicados en sus lotes (1074), no de los acreedores; el contador dativo lo piden herederos y legatarios (1057), y la partición no la hacen nunca los acreedores. A los acreedores particulares de un coheredero el 1083 les da otra cosa: intervenir a su costa para evitar que se haga en fraude o perjuicio de sus derechos.

El 1080 mantiene la partición hecha con preterición de un heredero: «no se rescindirá, a no ser que se pruebe que hubo mala fe o dolo» de los otros interesados, y estos han de pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corresponda. Sin mala fe no hay nueva partición, pero el olvidado no pierde nada: cobra de los demás. La nulidad es para el caso inverso, la partición hecha con quien se creyó heredero sin serlo (1081). No hay que confundirla con la preterición en el testamento (814), que afecta a la institución de heredero.

El 1063 obliga a los coherederos a abonarse recíprocamente en la partición tres partidas: las rentas y frutos que cada uno haya percibido de los bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias hechas en ellos y los daños ocasionados por malicia o negligencia. La coheredera debe a la masa las rentas que cobró, que no son retribución de su gestión, y la masa le debe la reparación necesaria que pagó, que es una impensa hecha en un bien de todos.

El 1079 conserva la partición: la omisión de objetos o valores de la herencia «no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione» con lo omitido. Lo olvidado se reparte aparte, y lo ya adjudicado se queda como está, sea cual sea el valor de lo que apareció. La nulidad es la de la partición hecha con quien se creyó heredero sin serlo (1081), y nada permite dar lo omitido a un solo coheredero para compensar su lote.

El heredero bajo condición no puede pedir la partición «hasta que aquélla se cumpla» (1054); los demás sí pueden, asegurando su derecho. Las otras tres personas pueden pedirla: cualquiera de los cónyuges lo hace «sin intervención del otro» (1053); si un coheredero muere antes de partir dejando varios herederos, basta que la pida uno de ellos, aunque todos comparecen bajo una sola representación (1055); y todo coheredero con la libre administración y disposición de sus bienes puede pedirla «en cualquier tiempo» (1052), porque esa acción no prescribe entre coherederos (1965).

El 1068 dice el efecto de la partición en una línea: confiere a cada heredero «la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados». Antes de partir, cada coheredero tiene una cuota sobre el conjunto; después, la comunidad hereditaria se extingue y cada uno es dueño único de su lote, sin esperar a la inscripción ni a la entrega. Las deudas no aplazan la propiedad: después de la partición, los acreedores pueden dirigirse contra los herederos (1084).

El 1074 permite rescindir la partición por lesión «atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas»: se compara lo que cada uno recibió con lo que debía recibir según el valor de ese momento, de modo que las subidas o bajadas posteriores no crean ni quitan la lesión. No cuenta el valor a la muerte del causante, ni el del día de la demanda, ni el de la aceptación. El umbral de la lesión es el mismo que el 1291 fija para los contratos rescindibles.

El 1084 hace responder por entero a cada heredero que no aceptó a beneficio de inventario: hecha la partición, los acreedores pueden exigir el pago de sus deudas «por entero de cualquiera de los herederos» en esa situación. Responder hasta donde alcance la porción hereditaria es lo propio de quien aceptó con ese beneficio. La heredera demandada no puede exigir que se reclame antes a los demás, pero sí hacer citar y emplazar a sus coherederos, y la que paga más de su parte puede reclamarles la suya proporcional (1085).

El párrafo segundo del 1056, que trajo la Ley 7/2003 para conservar la empresa familiar, dice que «no será necesario que exista metálico suficiente en la herencia para el pago», y permite abonarlo «con efectivo extrahereditario». La confirmación de todos los hijos o descendientes y la aprobación por el Secretario judicial —hoy letrado de la Administración de Justicia— o por el Notario son las del pago en metálico de los artículos 841 a 847 (843), y el propio 1056 excluye ese artículo para esta partición. Recibir la legítima en bienes es lo que puede exigir cualquier legitimario cuando el testador no estableció la forma de pago, no la consecuencia de que falte dinero en la herencia.

La obligación recíproca de evicción y saneamiento del 1069 cesa en los tres casos del 1070: cuando el mismo testador hizo la partición (salvo que conste que quiso lo contrario, y salva siempre la legítima), cuando se pactó expresamente al partir y cuando la evicción procede de causa posterior a la partición o de culpa del adjudicatario. La exención va con la partición del testador, no con la que hacen los herederos entre sí. Ni el haber del adjudicatario ni la inscripción en el Registro la hacen cesar: la responsabilidad es proporcional a lo que cada uno recibió (1071).

El 1075 protege la partición del causante: no puede impugnarse por lesión, salvo dos casos, que perjudique la legítima de los herederos forzosos o que aparezca, o racionalmente se presuma, que fue otra la voluntad del testador. No es una prohibición absoluta, porque esas dos salvedades existen; ni se trata como la de los herederos o la del contador, que sí se rescinde por lesión (1074). Y ser heredero forzoso no basta: lo que abre la impugnación es el perjuicio a la legítima, no que la lesión la sufra un legitimario.

El 1067 da a todos o a cualquiera de los coherederos el retracto de la cuota hereditaria vendida a un extraño: se subrogan en lugar del comprador reembolsándole el precio, «en término de un mes, a contar desde que esto se les haga saber». Es un retracto propio de la herencia, distinto de los del libro cuarto: los nueve días son los del retracto legal de comuneros y colindantes (1524), contados desde la inscripción o desde que el retrayente tuvo conocimiento de la venta.