La prescripción de las acciones

El 1968.2.º cuenta el año «desde que lo supo el agraviado»: mientras no conoce el daño, el plazo no corre. No basta con que el daño se produzca. El reconocimiento del causante interrumpe la prescripción (1973), no la abre, y la firmeza de una sentencia es el día inicial de otra acción, la de exigir lo que la sentencia declaró (1971). El 1902 no fija plazo: lo pone el 1968. Otra cosa es la responsabilidad del curador frente a la persona a la que presta apoyo, que prescribe a los tres años desde la rendición final de cuentas (294).

El 1937 deja a los acreedores, y a cualquier otro interesado, utilizar la prescripción «a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor». Da igual cómo renunciara, y no tienen que probar fraude: eso lo pide el 1111 para impugnar los actos del deudor, que es otra acción. La renuncia del 1935 vale para quien renuncia, pero no puede perjudicar a los que tienen interés en que la prescripción se aplique.

El 1975 separa las dos vías. La interrupción por reclamación judicial contra el deudor principal surte efecto también contra el fiador; la que se produce por reclamaciones extrajudiciales del acreedor o por reconocimientos privados del deudor no le perjudica. Que la carta conste por escrito no la vuelve judicial, y el reconocimiento privado del deudor es justo la otra vía que el artículo excluye. Si el fiador se obliga solidariamente, el 1822 remite a las reglas de la solidaridad; por eso el enunciado lo deja fuera.

El 1963 da treinta años a las acciones reales sobre bienes inmuebles. Las otras tres tienen su plazo en los artículos vecinos: las reales sobre muebles, seis años de perdida la posesión (1962); la hipotecaria, veinte (1964.1), y las personales sin plazo especial, cinco desde que pueda exigirse el cumplimiento (1964.2).

El 1965 saca del paso del tiempo tres acciones: entre coherederos, la partición de la herencia; entre condueños, la división de la cosa común; entre colindantes, el deslinde. No prescriben. Cinco años son las personales sin plazo especial (1964.2), veinte la hipotecaria (1964.1) y treinta las reales sobre inmuebles (1963).

El 1970 cuenta el tiempo «desde el último pago de la renta o del interés». Cada pago de renta o de interés mantiene viva la obligación de capital; el plazo empieza a correr cuando dejan de pagarse, a partir del último pago hecho, no desde el primer impago ni desde la entrega o el vencimiento del capital.

La última frase del 1964.2 da a estas obligaciones su propio día inicial: el plazo «comenzará cada vez que se incumplan». Cada incumplimiento abre su plazo, así que no corre uno solo desde el primero ni se espera al último o a que la obligación se extinga.

El 1973 enumera tres causas: el ejercicio de la acción ante los tribunales, la reclamación extrajudicial del acreedor y cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. No hace falta ir al juez: basta reclamar fuera de él. La muerte del deudor no para el reloj, porque la prescripción produce sus efectos a favor y en contra de la herencia antes de aceptarse (1934). Otras leyes añaden causas propias, como la solicitud de un medio adecuado de solución de controversias (LO 1/2025, art. 7). La de la posesión tiene sus propias causas (1945–1948), y la reclamación extrajudicial no está entre ellas.

El 1967.2.ª pone las medicinas de los farmacéuticos entre las obligaciones de tres años, con los honorarios de jueces, abogados, notarios o peritos, la enseñanza, los jornales y el hospedaje. Los arriendos y cualquier otro pago por años, como los intereses anuales, prescriben a los cinco (1966.2.ª y 3.ª). La responsabilidad por injuria o calumnia prescribe en un año (1968.2.º).

El 1932 no exceptúa a nadie: la prescripción corre «en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídicas». A quien está impedido de administrar sus bienes no le libra de ella; le deja a salvo otra cosa, el derecho a reclamar contra el representante cuya negligencia causó la prescripción (párrafo segundo). La capacidad para enajenar es lo que pide el 1935 para renunciar a la prescripción ganada, no un límite de contra quién corre.

El 1962 fija el día inicial en el propio plazo: prescriben «a los seis años de perdida la posesión». No cuenta desde que el dueño sabe quién la tiene: «desde que lo supo el agraviado» es el día inicial del 1968.2.º, el de la culpa extracontractual. Reclamar la cosa no abre el plazo, al contrario: la reclamación del acreedor es una de las causas que interrumpen la prescripción de las acciones (1973).

El 1966.1.ª pone las pensiones alimenticias entre las obligaciones cuya acción prescribe por el transcurso de cinco años, con los arriendos y los demás pagos por años o en plazos más breves. Tres años es el plazo de los créditos del 1967 (honorarios, jornales, hospedaje), que es el que suele ponerse mal aquí. Seis años es el de las acciones reales sobre muebles (1962) y treinta, el de las reales sobre inmuebles (1963).

El 1934 dice que la prescripción produce sus efectos «a favor y en contra de la herencia antes de haber sido aceptada y durante el tiempo concedido para hacer inventario y para deliberar». La herencia yacente no detiene el reloj en ningún sentido: ni la protege solo a ella ni lo para mientras los llamados deciden. Las tres falsas inventan una suspensión o una ventaja que el artículo descarta expresamente.

El 1930 separa las dos caras de la prescripción. Por ella se adquieren el dominio y los demás derechos reales (es la usucapión, que regula el capítulo siguiente), y por ella se extinguen los derechos y las acciones de cualquier clase. «Toda clase de derechos y acciones» es lo que se extingue, no lo que se adquiere; un derecho de crédito no se gana por el paso del tiempo, y limitarlo al dominio deja fuera los demás derechos reales que el artículo nombra.

El 1935 permite renunciar a lo ya ganado y prohíbe renunciar al futuro: se puede renunciar «la prescripción ganada pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo». La opción que lo invierte es la trampa de siempre. Tampoco es irrenunciable: la renuncia cabe, incluso tácita, cuando resulta de actos que hacen suponer el abandono del derecho adquirido (párrafo segundo).