La propiedad y el derecho de accesión

El 352 define el tesoro como «el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima pertenencia no conste». Lo decisivo es que esté oculto y que no conste de quién es: lo que su dueño esconde y se sabe suyo no es tesoro, y una cosa perdida sin esos rasgos sigue el régimen del hallazgo (615–616), no el del 351. El Código tampoco define el tesoro por su valor histórico o artístico; eso solo importa para que el Estado pueda adquirirlo (351).

El 383 parte de que quien de buena fe hace con materia ajena una obra de nueva especie hace suya la obra, indemnizando el valor de la materia. Pero si la materia «es más preciosa que la obra en que se empleó o superior en valor», su dueño puede, «a su elección, quedarse con la nueva especie, previa indemnización del valor de la obra, o pedir indemnización de la materia». Quedarse la obra sin pagar nada es lo que permite el párrafo tercero cuando intervino mala fe.

El 350 hace al propietario dueño «de su superficie y de lo que está debajo de ella», con facultad de hacer las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, pero «salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas y Aguas y en los reglamentos de policía». Las servidumbres no son su único límite, el 350 le da expresamente lo que está debajo de la superficie, y el Código no da al Estado todo lo que hay bajo la superficie: lo somete a esas leyes especiales.

El 360 obliga al dueño del suelo a abonar el valor de los materiales ajenos —y, si obró de mala fe, además los daños y perjuicios—, y deja al dueño de los materiales retirarlos «sólo en el caso de que pueda hacerlo sin menoscabo de la obra construida», o sin que perezcan las plantaciones u obras. Ni puede retirarlos siempre ni tiene que conformarse en todo caso con su valor: la retirada depende de que no dañe la obra.

El 364 hace que las dos malas fes se compensen: cuando la hay en el que edifica y también en el dueño del terreno, «los derechos de uno y otro serán los mismos que tendrían si hubieran procedido ambos de buena fe». Se vuelve, por tanto, a la elección del 361. La pérdida sin indemnización del 362 solo rige cuando la mala fe es únicamente del que edifica.

El 357 dice en su apartado 1 que solo se reputan frutos naturales o industriales los manifiestos o nacidos, pero su apartado 2 hace una regla propia para los animales: «las crías quedan sometidas al régimen de los frutos, desde que estén en el vientre de su madre, aunque no hayan nacido», y «solo en la medida en que sea compatible con las normas destinadas a su protección». La Ley 17/2021 añadió ese límite, no suprimió la regla: las crías siguen siendo frutos.

El 366 atribuye a los dueños de las heredades confinantes con las riberas de los ríos «el acrecentamiento que aquéllas reciben paulatinamente por efecto de la corriente de las aguas». Lo que decide es que se forma poco a poco: cuando la corriente arranca de golpe una porción conocida de terreno y la lleva a otra finca, su dueño conserva la propiedad (368). En los estanques y lagunas la regla es otra: el terreno que descubren las aguas al bajar no se adquiere (367).

El 351 da el tesoro oculto al dueño del terreno; «sin embargo», si se descubre en propiedad ajena o del Estado y por casualidad, «la mitad se aplicará al descubridor», y la otra mitad sigue siendo del dueño del terreno. El Estado no se lo queda: solo puede adquirir, por su justo precio, los efectos interesantes para las ciencias o las artes (351, párrafo tercero), y el enunciado dice que estos no lo son; los bienes arqueológicos tienen además su régimen fuera del Código (Ley 16/1985), y aquí se pregunta el 351. El jardinero tampoco se lo lleva entero, porque la finca no es suya.

El 363 permite al dueño del terreno en que se plantó con mala fe exigir «que se arranque la plantación y siembra, reponiendo las cosas a su estado primitivo a costa del que edificó, plantó o sembró». El gasto es de quien obró de mala fe, no del dueño, y no hace falta autorización de la Autoridad. Obligar a pagar el precio del terreno es una de las opciones del 361, frente al que plantó de buena fe.

Desde la Ley 17/2021, el 355 dice que son frutos naturales «las producciones espontáneas de la tierra y los productos de los animales que formen parte de una empresa agropecuaria o industrial». Que los animales sean seres dotados de sensibilidad (333 bis) no impide que sus productos sean frutos: el Código los califica así expresamente. No son industriales —esos son los de los predios cultivados— ni civiles, que son alquileres, precios de arrendamiento y rentas.

El 348 define la propiedad como el derecho de gozar y disponer de una cosa o de un animal «sin más limitaciones que las establecidas en las leyes». Los límites vienen de la ley —las servidumbres legales, las relaciones de vecindad del propio título, la expropiación del 349—, no de lo que decida la Administración sin una ley que la habilite ni de lo que acuerden los vecinos. Lo que el dueño pacte le obliga a él, pero no borra los límites legales.

El 378 deja pedir la separación cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento, y añade la excepción: si la cosa unida para el uso, embellecimiento o perfección de otra «es mucho más preciosa que la cosa principal, el dueño de aquélla puede exigir su separación, aunque sufra algún detrimento la otra a que se incorporó». La regla general —sin detrimento— cede ante la cosa mucho más preciosa, y su dueño no tiene que conformarse con el valor.

Entre dos cosas incorporadas, el 377 manda reputar principal la de más valor, y entre las de igual valor la de mayor volumen, cuando no puede decidirse por el 376 (la que recibe otra por adorno, uso o perfección). Pero su párrafo segundo fija una regla para las obras de arte: «En la pintura y escultura… se considerará accesoria la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino». El lienzo es accesorio sin comparar valores ni volúmenes.

El 389 obliga al propietario de un edificio, pared, columna u otra construcción que amenace ruina a demolerla o a hacer las obras necesarias para evitar su caída, y añade: si no lo hace, «la Autoridad podrá hacerla demoler a costa del mismo». Quien actúa es la Autoridad, no los vecinos, y el gasto es del propietario. Si llega a caer, los daños se rigen por los artículos 1907 y 1908 (391).

El 361 trata distinto al que edifica o planta y al que siembra: al primero, el dueño del terreno puede obligarle «a pagarle el precio del terreno»; al que sembró, «la renta correspondiente». Tiene sentido: una siembra ocupa la tierra una temporada. Arrancar la siembra a costa de quien sembró es lo que permite el 363 cuando hubo mala fe, y el Código no le da al dueño la cosecha entera sin pagar nada.

El 348, párrafo segundo, da al propietario acción «contra el tenedor y el poseedor de la cosa o del animal para reivindicarlo»: sirve contra quien la tenga, sea poseedor en concepto de dueño o mero tenedor, y no depende de que fuera él quien se la quitó. El Código no condiciona la acción a la inscripción en el Registro. Desde la Ley 17/2021 el artículo nombra al animal junto a la cosa.

El 379, párrafo segundo: si obró de mala fe el dueño de la principal, el de la accesoria «tendrá derecho a optar entre que aquél le pague su valor o que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello haya que destruir la principal; y en ambos casos, además, habrá lugar a la indemnización de daños y perjuicios». Quedarse con toda la cosa sin pagar es lo que el 383 permite al dueño de la materia frente a quien hizo de mala fe una obra de nueva especie, no lo que da la unión.

El 373 da las islas que se van formando en los ríos por acumulación de arrastres a los dueños de las márgenes más cercanas, y precisa: si una sola isla «distase de una margen más que de otra, será por completo dueño de ella el de la margen más cercana». Solo se divide entre las dos márgenes la que queda en medio del río. Las islas son del Estado en los mares adyacentes y en los ríos navegables y flotables (371), no en todos los ríos.

El 364, párrafo segundo, lo concreta: hay mala fe del dueño «siempre que el hecho se hubiere ejecutado a su vista, ciencia y paciencia, sin oponerse». Conocer la obra no basta si se opuso, y el Código no la deduce de que la finca esté sin inscribir ni de que no se pidiera la demolición al acabar la obra: mira la oposición mientras la obra se ejecuta. La misma fórmula sirve en la unión de cosas muebles (379, párrafo tercero).

El 375: cuando dos cosas muebles de distintos dueños «se unen de tal manera que vienen a formar una sola sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere la accesoria, indemnizando su valor al anterior dueño». La comunidad en proporción al valor es la regla de la mezcla (381), no la de la unión, y sin mala fe del que pierde su cosa la adquisición nunca es gratuita.