Las disposiciones generales del régimen económico matrimonial, las capitulaciones y las donaciones por razón de matrimonio

El 1319 permite a cualquiera de los cónyuges atender las necesidades ordinarias de la familia, y su párrafo segundo dice quién paga: responden «solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge». El acreedor puede dirigirse a la vez contra los comunes y contra los de quien compró; los del otro cónyuge van detrás, no a medias ni al mismo nivel. Poner los de quien compró por delante de los comunes invierte el orden. Con la separación cesa esa posibilidad de vincular los bienes del otro cónyuge (83 y 102).

El 1328 pone a lo que se pacta en capitulaciones tres límites: es nula «cualquier estipulación contraria a las Leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge». Fuera de ellos rige la libertad del 1315. Cambiar los gananciales por la separación durante el matrimonio es modificar el régimen (1325 y 1326), elegir la participación es estipularlo, y los futuros esposos pueden donarse bienes presentes por razón de matrimonio (1341).

El 1316 fija el régimen supletorio del Código para dos casos: «a falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces», el régimen es el de la sociedad de gananciales. Que las capitulaciones ineficaces eligieran la participación no la salva: lo pactado no vale, y entra el supletorio. La separación de bienes rige cuando así se convino, o cuando se pactó en capitulaciones que no regirían los gananciales sin expresar otras reglas (1435), y ningún artículo deja al juez escoger el régimen. Es el supletorio del Código: con vecindad civil foral puede regir otro, y por eso las normas del régimen económico quedan fuera de la aplicación general y directa del 13.1.

El 1339 resuelve la donación conjunta a los esposos: los bienes «pertenecerán a ambos en pro indiviso ordinario y por partes iguales, salvo que el donante haya dispuesto otra cosa». El abuelo no dispuso nada, así que cada uno es dueño de la mitad, como en cualquier comunidad ordinaria, y que sea pariente de la novia no cambia a quién se donó. No es ganancial: la regla de lo donado conjuntamente a los dos y aceptado por ambos, que sí lo hace ganancial, es la del 1353, y exige que se done «constante la sociedad», no antes de la boda. Y el artículo no reparte según lo que aporte cada uno.

El 1322 distingue dos sanciones. Como regla, el acto de administración o disposición hecho sin el consentimiento que la ley exige del otro cónyuge, y no confirmado, puede ser anulado a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se omitió o de sus herederos. Pero su párrafo segundo sale de esa regla: «serán nulos los actos a título gratuito sobre bienes comunes» si falta el consentimiento del otro. Una donación es gratuita y el piso es común: no es anulable, es nula, y ni la buena fe del donatario ni un reintegro posterior la salvan. Los gananciales lo repiten en el 1378, que deja a salvo las liberalidades de uso.

El 1333 lleva el régimen a la inscripción del matrimonio: en toda inscripción de matrimonio en el Registro Civil «se hará mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se hubieren otorgado», y de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen. Al Registro de la Propiedad van si afectan a inmuebles, en la forma y con los efectos de la Ley Hipotecaria, y no por el domicilio de los cónyuges. Tampoco se quedan en el protocolo: cuando unos pactos modifican otros anteriores, el notario además lo anota en la escritura anterior (1332).

El 1342 lo dice sin rodeos: las donaciones por razón de matrimonio «quedarán sin efecto» si no llega a contraerse en el plazo de un año. Es la misma consecuencia que el 1334 da a lo estipulado en capitulaciones bajo el supuesto de futuro matrimonio. No hace falta revocarla ni acudir a una causa de revocación: el efecto se produce por no llegar la boda. Que la donación se aceptara no la salva, y no se convierte en una donación ordinaria, cuyas reglas se le aplican en lo que sus artículos propios no modifiquen (1337).

El 1336 las define por tres notas: las hace «cualquier persona», «antes de celebrarse» el matrimonio y «en consideración al mismo», a favor de uno o de los dos esposos. La que se hace después de la boda no lo es, aunque sea a los dos, y por eso tampoco las que se hacen los cónyuges ya casados. No las define el documento: no exigen capitulaciones (el 1338 las admite en capitulaciones o fuera de ellas), y la donación que conste en ellas sin hacerse en consideración a la boda no lo es. Puede hacerlas un extraño, y también los futuros esposos entre sí (1341). En lo que no modifiquen sus artículos propios, se rigen por las reglas ordinarias de la donación (1337).

El 1324 le da un alcance limitado: para probar entre cónyuges que un bien es propio de uno, «será bastante la confesión del otro», pero esa confesión por sí sola no perjudica a los herederos forzosos del confesante ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada cónyuge. Así un cónyuge no puede vaciar con una declaración lo que corresponde a sus herederos forzosos (los legitimarios, 806) o a quienes le prestaron. Entre ellos no hace falta escritura, y fuera de ellos no vale frente a ninguno de los dos grupos protegidos, ni frente a uno sí y al otro no.

El 1331 protege a quien dio algo en las capitulaciones: su modificación ha de hacerse «con la asistencia y concurso de las personas que en éstas intervinieron como otorgantes», si viven y la modificación afecta a derechos concedidos por ellas. Aquí se dan las dos condiciones, así que no basta el acuerdo de los cónyuges, aunque conste en escritura pública (1327). Los padres no se limitan a ser avisados ni a impugnar después: concurren al otorgamiento. Y no interviene el juez.

El párrafo tercero del 1318 da al cónyuge sin bienes propios suficientes las llamadas litisexpensas: los gastos necesarios de los litigios que sostenga contra el otro sin mala fe ni temeridad «serán a cargo del caudal común» y, faltando este, de los bienes propios del otro cónyuge cuando la posición económica de este le impida obtener el beneficio de justicia gratuita. Que pleitee contra su cónyuge no le deja a su suerte: es el primer caso que el artículo cubre; el segundo es el pleito contra un tercero, si redunda en provecho de la familia. El orden tampoco se invierte: primero el caudal común y, faltando este, los bienes del otro. Y el artículo no reparte el gasto por mitad.

El 1343 las hace revocables «por las causas comunes, excepto la supervivencia o superveniencia de hijos»: la revocación del 644 no juega aquí. La ingratitud y el incumplimiento de cargas siguen, y el propio 1343 los amplía: en las donaciones de terceros, la anulación del matrimonio por cualquier causa, y la separación o el divorcio cuyos hechos sean imputables al donatario, cuentan como incumplimiento de cargas; en las de los contrayentes, es ingratitud incurrir en causa de desheredación del 855 o que le sea imputable la causa de separación o divorcio.

El 1341 distingue según los bienes. Bienes presentes pueden donárselos los futuros esposos por razón de matrimonio sin más (párrafo primero). Bienes futuros, también, pero con tres condiciones: antes del matrimonio, en capitulaciones y «sólo para el caso de muerte», en la medida que marcan las disposiciones de la sucesión testada. No surten efecto desde la boda ni caben en cualquier documento: funcionan como una disposición para después de la muerte del donante.

El 1321 manda entregar el ajuar de la vivienda habitual común «al que sobreviva, sin computárselo en su haber»: se lo queda además de lo que le corresponda, sin que le reste nada. Por eso no se reparte con los herederos del fallecido ni se queda en un simple uso. El ajuar no comprende las alhajas ni los objetos artísticos, históricos y otros de extraordinario valor, que siguen la suerte de los demás bienes.