La rescisión y la nulidad de los contratos

El 1301.2.º agrupa el error, el dolo y la falsedad de la causa con un mismo día inicial: «desde la consumación del contrato». El Código no lo ata al momento en que se descubre el error, que es la respuesta intuitiva, ni a la celebración, que es el día inicial del 1301.4.º (contratos celebrados prescindiendo de las medidas de apoyo). Para la intimidación y la violencia, el día es el de su cese (1301.1.º).

El 1312 dice que la confirmación «no necesita el concurso» del contratante a quien no correspondía ejercitar la acción de nulidad. Quien sufrió el error es el único que podía anular, y es el único que tiene que confirmar: es un acto suyo, no un contrato nuevo, y no depende de la consumación ni de quién causó el vicio.

El 1291.3.º hace rescindibles los contratos en fraude de acreedores «cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba»: si el deudor conserva bienes con que pagarles, no hay rescisión, que es además subsidiaria (1294). La cuarta parte es la lesión de los casos 1.º y 2.º, no la del fraude. Y la sentencia condenatoria previa no es un requisito: es uno de los datos que hacen presumir el fraude (1297), que también puede probarse sin ella.

El 1294 declara la rescisión «subsidiaria»: solo cabe cuando el perjudicado no tiene ningún otro recurso legal para reparar el perjuicio. No exige haber intentado antes la nulidad, que es una acción distinta para contratos con vicios (1300), y no se elige libremente entre ella y otras vías. La gratuidad hace presumir el fraude de acreedores (1297), pero no es una condición de la acción de rescisión.

El 1298 obliga al adquirente de mala fe a indemnizar a los acreedores «de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado», siempre que le sea imposible devolver la cosa «por cualquier causa»: por eso tampoco le libera que se perdiera fortuitamente. No se limita al precio pagado, y la responsabilidad no depende de que la enajenación fuera gratuita: la gratuidad solo importa para presumir el fraude (1297). Al tercero de buena fe, en cambio, lo protege el 1295.

El 1299 dice que la acción de rescisión «dura cuatro años», el mismo número que el 1301 da a la acción de nulidad con otro verbo («caducará»). El año es el de las acciones del 1968 (la posesión y la culpa extracontractual); los tres años, los de los honorarios y servicios del 1967; los cinco, los de las acciones personales sin plazo especial del 1964.2.

El 1311 pide tres cosas a la vez: conocimiento de la causa de nulidad, que esta haya cesado y un acto de quien podía invocarla que implique necesariamente la voluntad de renunciar. Cumplir mientras la causa sigue (por ejemplo, bajo la intimidación) no confirma, y el silencio o la pasividad tampoco: el mero paso del tiempo lleva a la caducidad de los cuatro años (1301), no a la confirmación.

El 1302.1 da la acción a «los obligados principal o subsidiariamente» en virtud del contrato: los contratantes y, por ejemplo, el fiador. Un tercero perjudicado no la tiene, y quien causó la intimidación, la violencia, el dolo o el error no puede fundar su acción en esos vicios (1302.4). Los apartados 2 a 4 del mismo 1302 matizan la regla para menores y personas con apoyos.

El 1291.1.º pone el umbral en «más de la cuarta parte del valor de las cosas» objeto del contrato, y el 1291.2.º lo extiende a los contratos celebrados en representación de los ausentes. No basta cualquier perjuicio, y el 1291 no usa ni la tercera parte ni la mitad. La misma cuarta parte vuelve en la rescisión de las particiones por lesión (1074).

El 1302.4 lo impide: «los contratantes no podrán alegar la minoría de edad ni la falta de apoyo de aquel con el que contrataron». La minoría protege al menor, y por eso la acción es de sus representantes o de él al llegar a la mayoría (1302.2), no del adulto que contrató con él. Devolver lo recibido no le abre la acción: la restitución es un efecto de la nulidad declarada (1303 y 1308), no un modo de ganarla. El mismo apartado niega la acción a quien causó la intimidación, la violencia, el dolo o el error.

El 1301.3.º hace correr el plazo, en los contratos de los menores, «desde que salieren de la patria potestad o la tutela»: mientras siguen bajo ella, el plazo no empieza. La celebración es el día inicial de los contratos celebrados prescindiendo de los apoyos (1301.4.º) y la consumación, el del error, el dolo y la falsedad de la causa (1301.2.º). Que los representantes conozcan el contrato tampoco mueve el día inicial: el artículo atiende a la salida de la patria potestad o la tutela.

El 1302.3, de la Ley 8/2021, deja la acción a los herederos «durante el tiempo que faltara para completar el plazo»: heredan lo que quedaba, no un plazo nuevo, y la acción no muere con la persona. La condición de que el otro contratante conociera las medidas o se aprovechara obteniendo una ventaja injusta es la que se exige a quien debía prestar el apoyo para anular (párrafo segundo del 1302.3), no a los herederos.

El 1301.1.º fija para la intimidación y la violencia un día inicial propio: «desde el día en que estas hubiesen cesado». Mientras dura la coacción, la víctima no puede actuar con libertad, y el plazo no corre. La consumación es el día inicial del error, el dolo y la falsedad de la causa (1301.2.º); la celebración, el de los contratos celebrados prescindiendo de los apoyos (1301.4.º); la denuncia no es ninguno.

El 1305 cierra toda vía entre los culpables: si el hecho es un delito común a ambos, «carecerán de toda acción entre sí», se procede contra ellos y a las cosas o al precio se les da el destino que el Código Penal prevé para los efectos del delito. No hay restitución recíproca (que es la regla del 1303) ni reclamación de lo dado, que el mismo artículo reserva al contratante no culpado cuando el delito es de uno solo. El texto todavía dice «delito o falta»: las faltas desaparecieron del Código Penal en 2015.

La regla general del 1314 extingue la acción de nulidad si la cosa se perdió por dolo o culpa de quien podía ejercitarla. Para la minoría, el párrafo segundo la suaviza: la pérdida no es obstáculo «a menos que hubiese ocurrido por dolo o culpa del reclamante después de haber alcanzado la mayoría de edad». La culpa mientras era menor no le perjudica, y la del otro contratante tampoco extingue su acción.

El 1310 limita la confirmación a los contratos que reúnen los requisitos del 1261: consentimiento, objeto y causa. Un contrato sin alguno de ellos no se confirma, ni con el acuerdo de las partes. Los que adolecen de un vicio del 1265 son justo los que se confirman, no los excluidos, y los de los menores son solo uno de los casos confirmables: también lo son los que adolecen de un vicio del consentimiento (1300).

El 1302.2 da la acción a los representantes legales del menor «o» a él mismo «cuando alcancen la mayoría de edad», y exceptúa los contratos que puede celebrar válidamente por sí mismo. No es solo de los representantes: el menor la conserva al llegar a la mayoría, y por eso su plazo corre desde que sale de la patria potestad o la tutela (1301.3.º). Ni los dieciséis años ni el Fiscal aparecen en el artículo.

Desde la Ley 8/2021, el 1301 dice que la acción de nulidad «caducará a los cuatro años», y a continuación da cinco días iniciales distintos según la causa. Los cinco años son los de las acciones personales sin plazo especial (1964.2); los seis, los de las acciones reales sobre muebles (1962); los veinte, los de la acción hipotecaria (1964.1).

El 1295 protege al tercero: la rescisión «no tendrá lugar» cuando las cosas están legalmente en poder de terceros que no procedieron de mala fe, así que no se le puede quitar la cosa, ni con devolución del precio ni sin ella. Pero el perjudicado no se queda sin nada: el mismo artículo le deja reclamar la indemnización de perjuicios a quien causó la lesión. Si el adquirente lo fue de mala fe, rige el 1298.

La Ley 8/2021 dio a este caso un día inicial propio, el 1301.4.º: «desde la celebración del contrato». El distractor más tentador es el de la medida extinguida, que es la regla de la rescisión para las personas con medidas de apoyo representativas (1299), no la de la nulidad. La consumación pertenece al error, el dolo y la falsedad de la causa (1301.2.º), y que quien presta el apoyo conozca el contrato no mueve el día inicial: el 1302.3 le deja anular, pero solo si el otro contratante conocía las medidas de apoyo o se aprovechó de la situación.