La responsabilidad civil extracontractual

El 1903 ata la responsabilidad del empresario al trabajo del dependiente: responde de lo que cause «en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones». Por eso no alcanza a la vida privada del empleado, aunque el contrato siga vigente. Pero tampoco se queda en el recinto y el horario, ni exige una orden expresa: basta que el daño se cause en el servicio o con ocasión de las funciones, dentro o fuera del establecimiento.

El segundo párrafo del 1904 es la excepción a la regla del primero: quien paga por sus dependientes repite de ellos lo satisfecho, pero el titular de un centro docente de enseñanza no superior solo puede exigirlo al profesor que incurrió en «dolo o culpa grave» en sus funciones, si fue causa del daño. La culpa leve no basta, y tampoco es cierto que no pueda reclamar nunca. La Ley 40/2015 usa un molde parecido para la Administración frente a su personal: dolo, o culpa o negligencia graves.

El 1903 pide al tutor dos cosas a la vez: que el menor esté bajo su autoridad y que habite en su compañía. Falta una de las dos y el artículo no le hace responder, por eso fallan las opciones que se conforman con la tutela sin la convivencia o con la convivencia sin la autoridad. Y el tutor ya solo lo es de menores: desde la Ley 8/2021 no hay tutela de mayores de edad, y quien responde por la persona con discapacidad a la que apoya es el curador con facultades de representación plena que convive con ella.

El 1909 desvía al responsable cuando el daño de los dos artículos anteriores viene de un defecto de construcción: el tercero «sólo podrá repetir contra el arquitecto, o, en su caso, contra el constructor». Ni el propietario, que responde de la ruina por falta de reparaciones (1907), ni quien habita la casa, que responde de lo que se arroja o cae de ella (1910). El artículo remite al «tiempo legal» sin fijarlo. La Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, regula la responsabilidad de los agentes de la edificación frente a los propietarios y los terceros adquirentes por los daños materiales en el edificio (art. 17); la del tercero que sufre el daño de la ruina es la que mide esta pregunta, la del Código.

Desde la Ley 8/2021, el 1903 nombra a un solo curador: el que tiene «facultades de representación plena», y aun a ese, «siempre que convivan» con la persona a quien prestan apoyo. La convivencia sola no basta, y por eso el curador que solo asiste no está en la lista aunque viva con ella. La curatela no es de menores: es una medida de apoyo para mayores de edad con discapacidad. Que la propia persona responda de los daños que cause lo dice el 299, y el Código Penal tiene su regla para el daño que nace de un delito (art. 120).

El 1904 deja a quien paga el daño causado por sus dependientes «repetir de éstos lo que hubiese satisfecho», sin partirlo por mitades ni pedir una culpa especial. El límite del dolo o la culpa grave existe, pero es de otra relación: la del titular de un centro docente de enseñanza no superior frente a sus profesores (1904, párrafo segundo), y la Ley 40/2015 tiene uno parecido para la Administración frente a su personal.

El 1903 no hace responder a los padres por ser padres, sino por tener al hijo «bajo su guarda»: ese es el dato que decide. Por eso no responden de todos sus hijos menores, ni de todos sin distinguir, y tampoco basta que el hijo viva con ellos si la guarda la tiene otro. Cuando el daño nace de un delito cometido por un menor, la responsabilidad civil la regula con reglas propias la Ley Orgánica 5/2000, no este artículo.

El 1907 hace responder al propietario de la ruina de su edificio cuando sobreviene «por falta de las reparaciones necesarias», que es lo que estaba en su mano. No responde por cualquier causa ni por vivir en él. El distractor tentador es el defecto de construcción: para ese caso el 1909 manda al tercero que lo sufre contra el arquitecto o, en su caso, el constructor, y no contra el propietario.

El último párrafo del 1903 dice dos cosas: quién prueba y qué. Prueban ellos, no el perjudicado, y lo que tienen que probar es que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia «para prevenir el daño», no en otra tarea como la administración de unos bienes. Lo del dolo o la culpa grave es otra regla: la del 1904, que limita cuándo el titular de un centro docente puede reclamar al profesor lo que pagó. Para el daño que nace de un delito, el Código Penal tiene su propia regla: hace responder a los curadores con representación plena que convivan con la persona cuando hay culpa o negligencia suya (art. 120).

El 1906 no hace responder al propietario de la heredad de caza por serlo: le hace responder en dos casos, cuando no hizo lo necesario para impedir que la caza se multiplicara y cuando dificultó a los dueños de las fincas vecinas que la persiguieran. Si hizo lo necesario y no estorbó a los vecinos, no responde aunque la caza salga de su heredad; y el artículo no limita su responsabilidad a los ratos en que él o los suyos cazan. Las leyes de caza tienen reglas propias; esta pregunta mide la del Código.

El 1910 pone la responsabilidad en quien habita, no en quien es dueño: el cabeza de familia que habita la casa o parte de ella responde de lo que se arroje o caiga de la misma. Por eso no responde el propietario que no vive allí, y el artículo no reparte el daño entre todos los vecinos. Tampoco hace falta identificar a quien arrojó la cosa: el responsable es quien habita la vivienda de la que cae.