El saneamiento por evicción y por vicios ocultos

La regla del 1491 es que el vicio de un animal solo da lugar a su redhibición, salvo que aparezca que el comprador no habría comprado el sano sin el vicioso. Y en el tiro, la yunta, la pareja o el juego eso se presume, «aunque se haya señalado un precio separado a cada uno»: el precio separado no rompe la presunción, ni hace falta el precio alzado. Lo que supiera el vendedor no entra en esta regla.

El 1478 enumera lo que el comprador puede exigir: el precio al tiempo de la evicción, los frutos que se le condenó a entregar, las costas del pleito de evicción (y las del seguido con el vendedor), y los gastos del contrato si los pagó. Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato son el 5.º, y solo «si se vendió de mala fe»: con un vendedor de buena fe, esa partida no se debe.

El 1481 hace de la notificación una condición: el vendedor responde «siempre que resulte probado que se le notificó la demanda de evicción a instancia del comprador», y faltando, no está obligado. Es verdad que responde aunque el contrato calle (1475), pero eso presupone la notificación. No hay un saneamiento reducido al precio actual (eso es el 1477, para la renuncia), y la mala fe del vendedor no suple la falta de notificación.

El 1494 excluye del contrato de venta a los ganados y animales con enfermedades contagiosas: «No serán objeto del contrato de venta», y cualquier contrato sobre ellos «será nulo». No es un vicio oculto que se sanea con la opción del 1486, sino una nulidad, y no depende de que el vendedor conociera o ignorase la enfermedad. Por eso el 1493, que excluye el saneamiento en ferias y subastas, deja a salvo «el caso previsto en el artículo siguiente».

El 1489 no excluye el saneamiento en las ventas judiciales: mantiene «todo lo demás dispuesto en los artículos anteriores» —desistir o rebajar el precio, restituir el precio si la cosa se pierde— y quita una sola pieza, la responsabilidad por daños y perjuicios, que no cabe «nunca», ni siquiera si el vendedor conocía los vicios.

El 1484.1 no se queda en el defecto que inutiliza la cosa: alcanza también al que disminuye su uso de tal modo que, de conocerlo, el comprador no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella. Un defecto cualquiera no basta. Y el vendedor responde aunque ignorase el defecto (1485): conocerlo solo añade la indemnización de daños (1486).

El 1491 da la regla para la venta conjunta de animales: el vicio de uno solo arrastra a los demás si el comprador no habría comprado el sano sin el vicioso, haya precio alzado o precio por cabeza. El 1492 la extiende desde 1889 (la Ley 17/2021 solo cambió «otras cosas» por «las cosas»): «se entiende igualmente aplicable a la de las cosas». No depende de que el vendedor conociera el vicio.

El 1496 da a la acción redhibitoria de los animales cuarenta días desde la entrega, y deja que el uso de cada localidad fije plazos mayores o menores. Los seis meses son los de los vicios ocultos de las cosas (1490); los nueve días, los del retracto legal (1524), y los quince, los que el arrendatario sigue disfrutando la cosa para que haya tácita reconducción (1566).

El 1485 no hace depender el saneamiento de lo que sabía el vendedor: responde de los vicios o defectos ocultos «aunque los ignorase». Conocerlos solo agrava su posición —añade los daños y perjuicios (1486, 1487)—. Lo del perito funciona al revés: si el comprador es un perito que debía conocer fácilmente el defecto, el vendedor no responde (1484.1). Y la pérdida de la cosa es un caso más (1487), no una condición.

El 1483 da dos tiempos. Durante el año que sigue al otorgamiento de la escritura, el comprador elige entre la rescisión y la indemnización. Transcurrido ese año, la rescisión ya no cabe, pero la indemnización no muere: «sólo» puede reclamarla dentro de un período igual, contado desde el día en que descubrió la carga o servidumbre, no desde la escritura.

El apartado 2 del 1484 lo añadió la Ley 17/2021: el vendedor de un animal responde del incumplimiento de sus deberes de asistencia veterinaria y cuidados si el animal sufre una lesión, enfermedad o alteración significativa de la conducta con origen anterior a la venta, sin que se exija que la conociera. Los animales sí entran en el saneamiento por vicios ocultos (1485 habla «del animal o la cosa vendida»). Y nada le exige al comprador un reconocimiento previo: el 1495 dice incluso que el vicio que el reconocimiento no descubre sigue siendo redhibitorio.

El 1485 párr. 2.º pide dos condiciones a la vez para que el vendedor quede libre: que se haya estipulado lo contrario y que ignorara los vicios. Si los conocía, el pacto no le sirve. No hay regla especial para los animales: el mismo 1485 los pone junto a las cosas. Y el «será nulo todo pacto» es del 1476, para la evicción y con mala fe del vendedor, no una prohibición general de pactar sobre el saneamiento.

El 1499 da también al comprador de animales la facultad del 1486 —rebajar el precio en lugar de deshacer la venta—, pero la ata al plazo de la redhibitoria: «dentro del mismo término» señalado para ella (el del 1496). No se le aplica el plazo de los vicios de las demás cosas (1490), ni el general de las acciones personales (1964.2), ni queda sin plazo.

El 1490 fija un plazo corto para todas las acciones de los vicios ocultos (las de los 1485 a 1489): «se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega». El año es el de las cargas o servidumbres no aparentes de una finca, y se cuenta desde la escritura (1483); los cuatro años son los de la acción de nulidad (1301), y los cinco, los de las acciones personales que no tienen plazo especial (1964.2). Esta lo tiene.

La renuncia hecha sin conocer los riesgos no deja al comprador sin nada, pero sí le recorta el saneamiento: el 1477 le da «únicamente» el precio que tuviera la cosa al tiempo de la evicción, no el de la venta. Las demás partidas (frutos, costas, gastos del contrato) son las del 1478, que rige cuando se estipuló el saneamiento o nada se pactó. Y solo se queda sin nada quien renunció con conocimiento de los riesgos y sometiéndose a sus consecuencias, que es la salvedad del propio 1477.

El 1487 separa al vendedor que conocía los vicios del que no: el primero sufre la pérdida y paga además los daños y perjuicios; el que no los conocía «debe sólo restituir el precio y abonar los gastos del contrato» que pagó el comprador. La rebaja del valor que tenía la cosa al perderse es la regla del 1488, para la cosa que se pierde por caso fortuito o por culpa del comprador, no por el vicio.

El 1475 pide dos cosas a la vez: una sentencia firme que prive al comprador de la cosa, entera o en parte, y que el derecho del tercero que vence sea anterior a la compra. Un derecho nacido después de la compra no da lugar a la evicción. La demanda sola no basta: el saneamiento no puede exigirse hasta que recae la sentencia firme (1480). Y el defecto oculto que hace la cosa impropia para su uso es el otro saneamiento, el de los vicios (1484), con su propio régimen y su propio plazo.

El 1475 deja a los contratantes aumentar, disminuir o suprimir la obligación de saneamiento por evicción, y el 1476 pone el límite: es nulo todo pacto que exima al vendedor «siempre que hubiere mala fe de su parte». Por eso fallan los dos absolutos —ni es nulo siempre ni válido siempre— y el límite mira la mala fe del vendedor, que es quien se libera con el pacto, no la del comprador.

Aunque la cosa se pierda por culpa del comprador, el saneamiento no desaparece: el 1488 trata igual la pérdida por caso fortuito o por culpa del comprador, y le deja reclamar el precio que pagó, «con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse». El precio entero con los gastos del contrato es lo que se debe cuando la cosa se pierde precisamente por el vicio (1487). Los daños e intereses solo se deben si el vendedor obró de mala fe (1488 párr. 2.º).

La evicción parcial de una parte decisiva abre la rescisión del contrato (1479), sin que importe si el vendedor conocía el derecho del tercero: el saneamiento por evicción no depende de su mala fe, que solo añade los daños (1478.5.º). La condición la pone el propio 1479: el comprador devuelve la cosa «sin más gravámenes que los que tuviese al adquirirla», así que no puede devolverla cargada con lo que él le impuso.