La sociedad

El 1706 trata dos renuncias defectuosas con efectos distintos. La de este caso se reputa hecha en tiempo inoportuno, y no se anula: la sociedad «continuará hasta la terminación de los negocios pendientes». Que el renunciante no se libre para con sus socios y estos puedan excluirle es el efecto de la renuncia de mala fe, la de quien se propone apropiarse para sí solo el provecho que debía ser común. Tampoco se disuelve en el acto: el 1706 no anuda a esta renuncia la disolución inmediata, sino la continuación de la sociedad mientras queden negocios pendientes.

El 1682 hace al socio que no aporta el dinero prometido «de derecho deudor de los intereses desde el día en que debió aportarla», sin perjuicio de indemnizar además los daños. No hace falta reclamación, que es lo que pide la regla general de la mora (1100 y 1108), ni pacto, que es lo que el 1755 exige para los intereses del préstamo. Lo mismo vale para lo que un socio toma de la caja social: los intereses corren desde el día en que lo tomó para su beneficio particular. En el mandato, el mandatario debe intereses de lo que aplicó a usos propios desde el día en que lo hizo (1724).

El 1691, tras anular el pacto que excluye a un socio de toda parte en las ganancias o en las pérdidas, deja una sola salvedad: «Sólo el socio de industria puede ser eximido de toda responsabilidad en las pérdidas». No vale para el que más aportó aunque los demás lo consientan, ni para el administrador, pero tampoco está prohibida para todos. La exención es solo de las pérdidas: de las ganancias no se le puede excluir.

El 1698 separa dos relaciones. Frente al tercero, la sociedad «no queda obligada» por los actos que un socio haya realizado en su propio nombre o sin poder; para con el socio, sí, «en cuanto dichos actos hayan redundado en provecho de ella». El provecho no la ata frente al tercero: la obliga con el socio. Para que la sociedad quede obligada con un tercero, el 1697 exige que el socio haya obrado en su carácter de tal y por cuenta de la sociedad, con poder para obligarla y dentro de sus límites.

El 1667 deja la forma libre —«en cualquier forma»— con una sola salvedad: si se aportan bienes inmuebles o derechos reales, «será necesaria la escritura pública». No la exige siempre, ni pide escrito cuando se aporta dinero, y la presencia de un socio de industria no cambia la forma. Si se aportan inmuebles, el 1668 añade otro requisito: el inventario firmado por las partes y unido a la escritura, sin el cual el contrato es nulo.

El 1692 distingue según cuándo se nombró al administrador. El socio nombrado en el contrato social puede ejercer todos los actos administrativos aunque se opongan sus compañeros, salvo que proceda de mala fe, y «su poder es irrevocable sin causa legítima»: con ella sí se revoca. El poder otorgado después del contrato, sin que este hubiera acordado conferirlo, es el que puede revocarse en cualquier tiempo. Ni la mayoría ni un socio por su voluntad revocan el primero sin causa.

El 1668 es tajante: es nulo el contrato de sociedad «siempre que se aporten bienes inmuebles, si no se hace un inventario de ellos, firmado por las partes, que deberá unirse a la escritura». La escritura pública del 1667 es necesaria, pero no suficiente: el inventario es un requisito añadido. Su falta no se queda en que el local no pase a la sociedad, ni deja el contrato pendiente de que lo impugne quien aportó: la sanción es la nulidad del contrato entero.

El 1669 exige dos cosas a la vez: que los pactos «se mantengan secretos entre los socios» y que cada uno contrate «en su propio nombre con los terceros». Esas sociedades no tienen personalidad jurídica y se rigen por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes. El 1669 no nombra la escritura: lo que priva de personalidad es el secreto de los pactos unido a que cada socio contrate en su nombre; y la sociedad civil se constituye en cualquier forma, salvo que se aporten inmuebles o derechos reales (1667). Ni la particular (1678) ni la universal de bienes presentes caen en el 1669 por su objeto: que en esta los bienes pasen a ser «propiedad común de los socios» (1674) es su efecto, no una remisión a la comunidad.

El 1698 lo dice sin rodeos: los socios «no quedan obligados solidariamente respecto de las deudas de la sociedad», y ninguno puede obligar a los otros por un acto personal si no le han dado poder. El artículo no distingue al administrador de los demás socios, ni la sociedad que sigue de la disuelta. Lo que da a los acreedores de la sociedad es preferencia sobre los bienes sociales frente a los acreedores particulares de cada socio (1699). Cada contrato tiene su regla de solidaridad, y está en su propio artículo (1723, 1731, 1748).

El 1676 suple el silencio de las partes con la especie más restringida: el contrato de sociedad universal celebrado sin determinar su especie «sólo constituye la sociedad universal de ganancias». La universal puede ser de todos los bienes presentes o de todas las ganancias (1672), y la de bienes presentes, que hace comunes los bienes de cada socio (1674), no se presume. Tampoco es nulo el contrato ni se convierte en particular, que es la que tiene por objeto cosas determinadas (1678). En la de ganancias, los bienes que cada socio tenía siguen siendo suyos y a la sociedad solo pasa el usufructo (1675).

El 1690 da firmeza a la decisión del tercero: «solamente podrá ser impugnada la designación hecha por él cuando evidentemente haya faltado a la equidad». No basta el desacuerdo de un socio, ni que se aparte de la proporción a lo aportado, que es la regla del 1689 para cuando no hay pacto. Pero tampoco es inatacable. Y aun faltando evidentemente a la equidad, no puede reclamar el socio que haya principiado a ejecutar la decisión del tercero, ni el que no la impugnó en el plazo que el artículo cuenta desde que la conoció.

El 1694 aplica la estipulación al pie de la letra: se necesita «el concurso de todos para la validez de los actos, sin que pueda alegarse la ausencia o imposibilidad de alguno de ellos», con una sola salvedad, el peligro inminente de un daño grave o irreparable para la sociedad. La ausencia no basta, el artículo no distingue actos menores y, por la salvedad, tampoco es verdad que nunca se pueda. Obrar cada uno por separado es la regla del 1693, para cuando no se pactó que unos no obraran sin los otros.

El 1678 define la sociedad particular por su objeto: «cosas determinadas, su uso, o sus frutos, o una empresa señalada, o el ejercicio de una profesión o arte». La universal de ganancias también comprende lo que los socios ganan con su industria o trabajo, pero todo lo que adquieran así mientras dure la sociedad (1675), no lo de una profesión concreta. Y poner en común la industria no le quita el carácter de sociedad: el 1665 la nombra junto al dinero y los bienes.

El 1689 no deja al socio de industria sin parte ni la manda tasar: «tendrá una parte igual a la del que menos haya aportado». Si además de su industria aportó capital, recibe también la parte proporcional que por él le corresponda. No se iguala con todos los demás, porque sin pacto el reparto es proporcional a lo aportado. Del lado de las pérdidas, es el único socio al que se puede eximir de toda responsabilidad en ellas (1691), y al partir no se le aplica parte de los bienes aportados, sino sus frutos y los beneficios (1708).

El 1703 decide por el momento: «Si la sociedad se prorroga después de expirado el término, se entiende que se constituye una nueva sociedad»; si se prorroga antes, continúa la primitiva. La prórroga posterior vale, pero como sociedad nueva. Que el consentimiento sea expreso o tácito no cambia esa consecuencia: el 1702 pide el consentimiento de todos los socios y admite cualquiera de las dos formas.

El 1708 remite la partición entre socios a las reglas de las herencias y añade una regla propia para el socio de industria: no puede aplicársele «ninguna parte de los bienes aportados, sino sólo sus frutos y los beneficios», conforme al 1689, salvo pacto expreso en contrario. La parte igual a la del que menos haya aportado es su medida en las ganancias y las pérdidas (1689), no en los bienes aportados. Tampoco se le cambian los frutos y beneficios por una indemnización.

Desde la Ley 8/2021, el 1700.3.º extingue la sociedad «por muerte o concurso de cualquiera de los socios», y también en el caso del 1699: cuando los acreedores particulares de un socio piden el embargo y remate de su parte en el fondo social, no de un bien de su patrimonio particular. Las redacciones anteriores hablaban de «insolvencia» o de «interdicción civil»; hoy es el concurso. Asociar a un tercero en su parte no extingue nada: sin el consentimiento unánime de los socios, el asociado no ingresa en la sociedad (1696). Y dejar de administrar no está entre las causas del 1700. Quedan a salvo las sociedades civiles con forma mercantil del 1670 cuando deban subsistir con arreglo al Código de Comercio (párrafo final del 1700).

El 1665 define la sociedad por dos rasgos: poner en común «dinero, bienes o industria» y hacerlo «con ánimo de partir entre sí las ganancias». No basta con que haya bienes comunes: la comunidad de bienes (392) puede existir sin contrato y sin ese ánimo de repartir ganancias. Las demás son definiciones de contratos vecinos: prestar un servicio o hacer una cosa por cuenta o encargo de otro es el mandato (1709), entregar una cosa no fungible para que se use y se devuelva es el comodato (1740) y la pensión de por vida a cambio de un capital es la renta vitalicia (1802).

El 1705 limita la renuncia: solo disuelve la sociedad «cuando no se ha señalado término para su duración, o no resulta éste de la naturaleza del negocio». Y aun entonces, para que surta efecto, ha de hacerse de buena fe y en tiempo oportuno y ponerse en conocimiento de los demás socios: la buena fe es necesaria, pero no basta en cualquier momento. No hace falta que los demás la acepten. En la sociedad con término, un socio solo puede reclamar la disolución por justo motivo, a juicio de los Tribunales (1707).

El 1707 no deja reclamar la disolución de la sociedad constituida por tiempo determinado «a no intervenir justo motivo, como el de faltar uno de los compañeros a sus obligaciones», el de inhabilitarse para los negocios sociales u otro semejante, a juicio de los Tribunales. El incumplimiento de un socio es uno de esos motivos, así que no hay que esperar al término. Renunciar de buena fe y en tiempo oportuno es la vía del 1705, que solo cabe cuando no se señaló término. Y la facultad de excluir al socio es la que el 1706 da frente a quien renuncia de mala fe.