La sucesión, la capacidad para testar y el testamento en general

El 663.1.º dice que no puede testar «la persona menor de catorce años»; desde esa edad se puede, porque pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente (662). La mayoría de edad es la tentación: el 688 la exige, pero para el testamento ológrafo, así que entre los catorce y los dieciocho años se puede testar en otra forma, como la abierta ante notario. Los doce años son los del adoptando que ha de consentir su adopción (177), y los veinticinco, los que ha de tener quien adopta (175).

El 657 fija el momento sin condiciones: los derechos a la sucesión «se transmiten desde el momento de su muerte», y el 661 lo repite para los herederos, que suceden al difunto «por el hecho solo de su muerte». La aceptación no marca la transmisión: sus efectos, como los de la repudiación, se retrotraen siempre al momento de la muerte (989). La declaración de herederos o la apertura de un testamento son trámites que acreditan quién sucede, no hechos que hagan nacer el derecho, y la partición reparte entre los coherederos lo que ya heredaron y da a cada uno la propiedad exclusiva de lo que se le adjudica (1068).

Para el 666, la capacidad del testador se aprecia «únicamente al estado en que se halle al tiempo de otorgar el testamento», y el 664 aplica la regla a este caso: el testamento hecho antes de la enajenación mental es válido. Lo que pase después no lo toca. Revocar es un acto del testador, con las solemnidades necesarias para testar (738), no un efecto de perder la capacidad, y ninguna autoridad tiene que confirmar el testamento. La regla funciona también al revés: el otorgado sin capacidad no se convalida porque el testador la recupere después.

El 673 declara nulo «el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude»: la voluntad que se testa ha de ser libre, y quien con amenaza, fraude o violencia obliga al testador a hacer testamento es además indigno para sucederle (756.5.º). Los demás son válidos. Testar en una lengua que el notario no conoce está previsto, con un intérprete elegido por el testador y el instrumento en las dos lenguas (684). Dejar a los hijos lo que la ley les reserva y lo demás a un extraño es disponer de la parte libre, y quien no sabe firmar testa ante notario con dos testigos, uno de los cuales firma por él a su ruego (695 y 697).

El 675 manda partir de la letra —«en el sentido literal de sus palabras»— salvo que «aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador»: la letra cede ante una voluntad clara, no ante cualquier duda. Tampoco manda la intención presunta cuando la letra es clara: a ella se acude en caso de duda. Y en caso de duda se observa lo más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento. No hay preferencia por los herederos abintestato, y los herederos no fijan el sentido del testamento por mayoría: lo que se busca es la voluntad del testador, que solo él forma (670).

El 682 añade en el testamento abierto otra prohibición: no pueden ser testigos los herederos y legatarios instituidos, sus cónyuges ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Eso deja fuera al marido de la heredera, a su primo hermano —pariente en cuarto grado— y al hijo del amigo que recibe el piso. Pero el párrafo segundo exceptúa a los legatarios y a sus cónyuges o parientes cuando el legado es de un objeto mueble o una cantidad de poca importancia con relación al caudal hereditario: la hija de la vecina puede ser testigo, como podría serlo la propia vecina.

El 670 abre con la regla: «el testamento es un acto personalísimo», cuya formación no puede dejarse al arbitrio de un tercero «ni hacerse por medio de comisario o mandatario». No lo salva un poder especial, por solemne que sea. Quien no sabe o no puede firmar testa él mismo ante notario, con dos testigos (697): los testigos asisten al acto, no testan por él. Y la persona con discapacidad otorga su testamento por sí, con los apoyos y los ajustes del 665: ningún curador puede hacerlo en su nombre.

El 676 divide el testamento común en ológrafo, abierto y cerrado, y los tres artículos siguientes los definen. Es abierto, dice el 679, cuando el testador manifiesta su última voluntad «en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone». Declarar, sin revelarla, que la voluntad está en el pliego que se presenta es el cerrado (680), y escribirlo por sí mismo es el ológrafo (678), con los requisitos del 688. El nombre no viene de abrirlo tras la muerte: lo que se abre tras la muerte para protocolizarlo es el cerrado (714).

El 660 los define por el título con que suceden: heredero es quien sucede «a título universal», en el conjunto de la herencia, y legatario quien sucede «a título particular», en bienes o derechos determinados. Que los llame la ley o el testamento no los distingue: el testador puede disponer a título de herencia o de legado (668), y hay herederos testamentarios y legítimos (658). La legítima tampoco es cosa del heredero: el testador puede dejarla por cualquier título (815), también en un legado. Y el heredero no tiene por qué ser pariente: quien no tiene herederos forzosos puede disponer de todos sus bienes en favor de cualquier persona con capacidad para adquirirlos (763).

El 658 da los dos modos de deferirse la sucesión —por la voluntad manifestada en testamento, la testamentaria, y a falta de este por la ley, la legítima— y en su último párrafo admite que convivan: «podrá también deferirse en una parte por voluntad del hombre, y en otra por disposición de la ley». No hace falta que el testador lo prevea: el 912.2.º abre la sucesión legítima cuando el testamento no dispone de todos los bienes, respecto de los no dispuestos. Por eso la ley no entra únicamente sin testamento o con testamento nulo (912.1.º), y el testador no está obligado a disponer de todo: el 667 llama testamento al acto por el que se dispone de todos los bienes «o de parte de ellos».

El 685 da al notario dos caminos cuando no conoce al testador: dos testigos «que le conozcan y sean conocidos del mismo Notario», o documentos expedidos por las autoridades públicas para identificar a las personas. Unos testigos a los que el notario no conoce no le dan ninguna garantía, y los documentos oficiales bastan por sí solos. Si no se le puede identificar de ninguna de las dos maneras, el notario lo hace constar, reseñando los documentos que presente y sus señas personales, y si el testamento se impugna por eso, prueba la identidad quien sostenga su validez (686): la palabra del testador no sustituye a la identificación.