Las reglas generales de aplicación de las penas

El art. 70.4 da la cifra directamente, sin pasar por la regla general de la pena inferior en grado, que parte de una cifra mínima señalada por la ley: prisión de veinte a treinta años. El apartado dice «prisión permanente», sin el adjetivo. Las otras horquillas no salen en este apartado.

El art. 66 bis lo define comparando: la actividad legal ha de ser menos relevante que la ilegal. Por eso no basta con que haya alguna actividad ilegal, y ni la condena del administrador ni el tiempo que dure esa actividad son el criterio.

La regla 2.ª pide dos o más atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y que no concurra ninguna agravante. Entonces la pena baja uno o dos grados, según el número y la entidad de las atenuantes. Fijar un solo grado quita la elección que la regla da, un tercer grado no está en ella, y quedarse en una mitad de la pena es para una atenuante sola.

El art. 70.3 no repite los límites generales de la prisión: para este supuesto mantiene la misma pena con una cláusula, y fija en ella una duración máxima de 30 años. Las otras cifras son de otras reglas del Código, no de la que forma la pena superior en grado.

La regla 1.ª mira tres cosas: la necesidad de la pena para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos, sus consecuencias económicas y sociales, con especial atención a los trabajadores, y el puesto de quien incumplió el deber de control. Colaborar, reparar y contar con un modelo de organización tienen su sitio en otros artículos, para atenuar o eximir, no en esta regla.

Para pasar de dos años, la regla 2.ª pide una de dos circunstancias: la reincidencia o la utilización instrumental de la persona jurídica para cometer ilícitos penales. El beneficio directo pertenece al art. 31 bis, que decide si responde y no cuánto dura la sanción. Un incumplimiento no grave del deber de control limita la duración, pero que sea grave no abre por sí solo un plazo mayor, ni tampoco ser una sociedad pública.

La regla 1.ª toma la cifra máxima señalada para el delito y le aumenta la mitad de su cuantía: la suma es el límite máximo de la pena superior en grado. Un tercio no figura en la regla, y partir de la mínima podría no rebasar siquiera la pena señalada.

Compensar es una valoración racional, no una resta: la regla 7.ª no atiende al número de circunstancias ni a cuántas queden. La pena inferior en grado la reserva al caso de que persista un fundamento cualificado de atenuación, y que las agravantes no sean muy cualificadas no basta para llegar a ella.

El art. 72 pide que el razonamiento vaya en la sentencia, sin dejarlo para una resolución posterior. Tampoco lo limita a las penas que pasen del mínimo: se refiere al grado y a la extensión concreta de la impuesta, sin distinguir.

Una causa personal solo alcanza a quien la reúne: el art. 65.1 dice «sólo de aquéllos en quienes concurran». No se comunica a los demás intervinientes por haberla sabido ni por haber participado en el mismo delito, y la distinción entre autores y cómplices no cuenta aquí.

Con una sola atenuante, la regla 1.ª no baja de grado: se queda dentro de la pena de la ley, en su mitad inferior. Bajar de grado pide más atenuantes o que alguna sea muy cualificada. La extensión que se estime adecuada es la regla para cuando no concurre ninguna circunstancia.

El art. 62 rebaja uno o dos grados y deja elegir la extensión, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. Fijar un solo grado recorta esa elección, y un tercer grado no está en el artículo. Sin rebaja se castiga a los autores de la infracción consumada, que es lo que dice el art. 61.

El art. 68 gradúa la rebaja según lo que falte o concurra de la causa de exención, y por eso mira sus requisitos. El peligro del intento es el criterio de la tentativa; el número y la entidad de las atenuantes, el de la regla 2.ª del art. 66.1; y la gravedad del hecho, el de la regla 6.ª, para cuando no concurre ninguna circunstancia.

El art. 65.2 mide el conocimiento cuando cada interviniente actúa o coopera. Lo que se llegue a saber después, al consumarse el delito o ya en el proceso, no agrava ni atenúa, y el artículo tampoco se fija en el acuerdo o la preparación anteriores.

La regla 5.ª exige haber sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos del mismo título y de la misma naturaleza, y no cuentan los antecedentes cancelados o que debieran serlo. Con menos, puede haber reincidencia, pero no opera esta regla. Si se cumple, los jueces o tribunales «podrán» subir de grado, teniendo en cuenta las condenas precedentes y la gravedad del nuevo delito.

Desde la LO 1/2026, el art. 66.2 termina con esa salvedad, así que ya no es cierto que el arbitrio no tenga ninguna. Ni la imprudencia grave ni los antecedentes sin cancelar sacan un delito de esta regla: el apartado solo exceptúa los tipos agravados que nombra.

El art. 65.3 es una facultad: los jueces o tribunales «podrán» imponer la pena inferior en grado a la señalada para la infracción. No les obliga a rebajarla, de modo que pueden no hacerlo, y tampoco admite bajar un segundo grado.

La regla 3.ª alcanza a una o dos agravantes y no sale de la pena de la ley: se aplica en su mitad superior. Subir de grado pide más de dos agravantes o la reincidencia con su cualificación. La extensión que se estime adecuada es para cuando no concurre ninguna circunstancia.

El art. 67 deja fuera lo que la ley ya tuvo en cuenta al describir o sancionar la infracción, y lo que es tan inherente al delito que sin ello no podría cometerse. Que una circunstancia sea personal o material, o que concurra en un inductor, importa para saber a quién alcanza, no para apartar el art. 66.