Las consecuencias accesorias y el decomiso

La letra a) del art. 127 quinquies.2 mira a lo que el sujeto obtuvo, no a lo que perdió la víctima: un beneficio económico, y vale tanto el directo como el indirecto. Limitarlo al directo, o hablar de perjuicio, cambia la regla.

El último párrafo del art. 127 sexies deja de lado las presunciones cuando, en las circunstancias concretas del caso, se revelen incorrectas o desproporcionadas. El lícito comercio y las responsabilidades civiles satisfechas son de otro precepto, el 128, que no trata de las presunciones.

El art. 129.2 las limita a dos casos: que el Código lo prevea expresamente, o que se trate de alguno de los delitos por los que permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas. No basta con que el delito sea doloso o tenga una pena grave, y la motivación que pide el apartado 1 no abre el catálogo.

El art. 129.3 da al Juez Instructor tres medidas cautelares: la clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial. Ni las inhabilitaciones ni la disolución están entre ellas.

El art. 129 bis empieza por el sujeto: se trata de condenados por los delitos que enumera, y aun así el juez o tribunal «podrá» acordarlo, sin que sea automático. La toma de muestras del detenido o del sospechoso es otra cosa y la regula la LECrim.

El art. 128 permite al juez o tribunal no decretar el decomiso o decretarlo solo en parte, y lo mismo cuando se han satisfecho completamente las responsabilidades civiles. Es una facultad, y el artículo no prevé sustituirlo por multa ni por otros bienes: los otros bienes de los arts. 127.3 y 127 septies responden a que el decomiso no sea posible, no a su desproporción.

El art. 127 octies.1 adelanta el aseguramiento al momento de las primeras diligencias: esperar al juicio oral, al procesamiento o a la firmeza dejaría sin garantía la efectividad del decomiso.

El art. 127.2 pone el umbral en una pena privativa de libertad superior a un año. Dos, tres y cinco años son más de lo que el apartado pide. El umbral rige para el delito imprudente, que es del que habla este apartado.

La letra c) del art. 127 quinquies.1 no da una fracción: pide indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del penado procede de una actividad delictiva previa. Es uno de los tres requisitos del apartado, que se exigen cumulativamente.

El art. 127 ter.1 prescinde de la sentencia de condena, pero no de la contradicción: la situación patrimonial ilícita ha de quedar acreditada en un proceso contradictorio. Ni el atestado, ni un expediente administrativo, ni la sola instrucción cumplen esa exigencia. El Código dice cuándo cabe este decomiso; cómo se tramita lo dice la LECrim.

El art. 127 septies actúa cuando ya se intentó ejecutar y no se pudo: basta un auto y alcanza a otros bienes, incluso de origen lícito, de los criminalmente responsables, por el valor de lo no ejecutado. El art. 127.3 se le parece, pero mira a cuando no es posible el decomiso de los bienes señalados, y no habla de auto ni de origen lícito.

El art. 127.1 une esa pérdida a toda pena que se imponga por un delito doloso, sin reservarla a las graves ni a las privativas de libertad. El delito imprudente no entra en esta regla: tiene la suya en el apartado siguiente, con otro requisito.

El art. 127 quater.1.a) se conforma con una de dos cosas: que el tercero los adquiriera con conocimiento de su procedencia ilícita, o que una persona diligente hubiera tenido motivos para sospechar de ese origen en las circunstancias del caso. No exige que participara en el delito ni una condena contra él, y la forma de adquirirlos no sustituye a ese conocimiento o motivo para sospechar.

El art. 127 bis.2 los valora «especialmente, entre otros»: la lista no está cerrada ni exige que concurran todos. El art. 127 quinquies.1 trae unos indicios con las mismas palabras, y es allí donde su aplicación depende de que conste un beneficio de cierta cuantía, no aquí.

El art. 129 bis solo permite los análisis necesarios para obtener identificadores que proporcionen, exclusivamente, información reveladora de la identidad de la persona y de su sexo. Cualquier otro dato genético queda fuera, también el parentesco o la edad.

El art. 127 sexies, en su presunción 1.ª, hace empezar el período seis años antes de la fecha de apertura del procedimiento penal. Y entiende adquiridos los bienes en la fecha más temprana en la que conste que el sujeto ha dispuesto de ellos.

El art. 127 bis.1 pide que el juez o tribunal resuelva a partir de indicios objetivos fundados, y añade otra condición: que no se acredite el origen lícito de los bienes. No exige condena anterior ni prueba directa de esa actividad. Los indicios racionales de criminalidad son los del art. 127 ter.2, que se refiere a otro supuesto.

El art. 127 bis.5 impide el decomiso en dos casos: que esas actividades hubieran prescrito o que ya hubieran sido objeto de un proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o sobreseimiento con efectos de cosa juzgada. Ni que no se hayan enjuiciado, ni que sean anteriores a la condena, ni que sigan investigándose están en el apartado.

El art. 129.1 lo dice en esas palabras: quedan fuera del 31 bis por carecer de personalidad jurídica. Esa es la línea entre los dos: a la persona jurídica del 31 bis se le exige responsabilidad penal, y a estas entidades se les pueden imponer consecuencias accesorias a la pena del autor.