Los delitos contra la Hacienda Pública y contra los presupuestos de la Unión Europea

Es la excepción a la regla general del período impositivo: en una organización o grupo criminal, y también con la apariencia de una actividad económica real que no se desarrolla, no hay que esperar a que acabe ningún período. El delito es perseguible en cuanto se alcanza la cantidad, y la ley no lo hace depender de una liquidación.

El párrafo primero del art. 306 exige una cuantía superior a cincuenta mil euros. No hay que confundirla con la del art. 305.3, que también mira a la Unión Europea, pero desde su Hacienda y con otra cifra, ni con el umbral general del art. 305.1.

El apartado permite dos liquidaciones: una de los conceptos y cuantías que no se vinculan con el posible delito y otra de los que sí. No las une en una sola, no archiva lo no vinculado y no deja la liquidación en manos del juez.

El artículo exige las dos cosas y las dos completas: reconocimiento y pago, referidos a la deuda tributaria. Por eso no equivale a regularizar ni lo parcial, ni el reconocimiento con el pago pendiente, ni pagar solo la cuota.

La regla mira cada período impositivo o de declaración por separado; si es inferior a doce meses, el importe se refiere al año natural. Ni suma los períodos no prescritos ni atiende al momento de la comprobación, y un cómputo de varios años naturales no es la regla de este artículo.

El párrafo segundo del art. 306 tiene un techo, el umbral del párrafo primero, y un suelo de cuatro mil euros. Las demás cifras de las opciones no son el suelo de este párrafo: el art. 305.3 tiene su propio tramo inferior, referido a la Hacienda de la Unión Europea y no a los presupuestos del art. 306.

El art. 305 bis.1 sube el suelo de la multa, no su techo: va del doble al séxtuplo, mientras que en el art. 305.1 parte del tanto. La base es la cuota defraudada. Las otras dos escalas de las opciones existen en el Código, pero para otros supuestos.

El art. 305.6 deja la rebaja en manos de los Jueces y Tribunales: «podrán» imponer la pena inferior, en uno o dos grados. No es un mandato ni una exención.

El párrafo dice «prisión […] o multa»: son alternativas. Ahí está la diferencia con el art. 305.1, que une las dos con «y». La pena relativa a subvenciones y beneficios sí se añade en cualquier caso, y el párrafo no condiciona la prisión al impago ni la multa a un beneficio.

La letra a) del art. 305 bis.1 fija seiscientos mil euros de cuota defraudada. Es una de las tres circunstancias del apartado, y basta cualquiera de ellas. Las otras cifras de las opciones son umbrales del título XIV con otra función, no el de esta agravación.

El art. 305.1 castiga con prisión de uno a cinco años, acompañada de una multa proporcional a la cuantía. Los demás marcos son reales, pero de otros supuestos del título XIV.