La frustración de la ejecución, las insolvencias punibles y la alteración de precios en concursos y subastas

El art. 259.4 pone dos puertas alternativas: el incumplimiento regular de las obligaciones exigibles o la declaración de concurso. No pide denuncia ni testimonio, y el art. 259.5 permite perseguir el delito sin esperar a la conclusión del concurso.

El capítulo se llama precisamente de la alteración de precios, y el concierto del art. 262.1 se define por ese fin. Excluir a un postor no es este inciso: intentar alejar a los postores es otra conducta del mismo apartado, y no pide concierto entre varios.

El dato que decide es la deuda: de Derecho público y con una persona jurídico pública como acreedora. Si la acreedora fuera un particular, se aplicaría el marco común del art. 257.1, de uno a cuatro años. Los otros dos marcos son de los arts. 260.1 y 259 bis.

Los tramos de multa del art. 258 ter se fijan por la pena de prisión que tiene prevista el delito cometido por la persona física. El artículo no atiende al importe, al beneficio ni al número de acreedores. El art. 261 bis repite la misma regla para las insolvencias.

Es el presupuesto que el art. 259.1 pone por delante de sus conductas, y el art. 257.1 no lo nombra: este habla de alzarse con los bienes en perjuicio de los acreedores. El apartado no pide ni un concurso declarado, ni una ejecución iniciada, ni un embargo trabado.

El apartado cierra la cuestión sin matices: la calificación concursal no vincula a la jurisdicción penal, sea cual sea el sentido de esa calificación y aunque sea firme.

El artículo dice «la declaración de aquel», y «aquel» es el procedimiento concursal, el de los acreedores. No menciona el convenio, la ocultación del patrimonio ni la calificación. Es otro «concurso» que el del art. 262, el de las licitaciones.

El apartado 3 no rebaja la pena del apartado 1: fija otra, prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses. Las une con «o», mientras que el apartado 1 impone prisión y multa a la vez.

Aquí la palabra es «y»: el art. 260.2 impone las dos penas a la vez. Es lo contrario del apartado 1 del mismo artículo, que las une con «o». No añade inhabilitación especial.

La circunstancia 2.ª mide el perjuicio causado a alguno de los acreedores, no la suma de todos. Las demás cifras son umbrales de otros delitos del Código, con otra base.

El art. 258 bis une las dos penas con «o», igual que el art. 258.1. El art. 257.1, en cambio, castiga con prisión y multa a la vez, y esa es la confusión que hay que evitar entre artículos tan próximos.

El párrafo segundo del art. 258.1 añade expresamente ese supuesto: se usan o disfrutan bienes de titularidad de terceros sin justificar suficientemente el derecho que lo ampara ni sus condiciones. Las transmisiones anteriores, la localización de los bienes y el plazo no figuran en esa definición.

El art. 257.1 no espera a que la ejecución esté en marcha: basta que sea de previsible iniciación. Tampoco la limita a la vía judicial, porque nombra la judicial, la extrajudicial y la administrativa, y no pide resolución firme ni un embargo ya trabado.

El art. 262.1 alcanza a los dos: al agente y a quien este representa. Por eso no se queda en uno solo de ellos, y tampoco nombra a los administradores en esta pena.

Es la conducta 4.ª de la lista. Las demás están en otros artículos: la relación mendaz, en el art. 258; el uso de bienes embargados, en el art. 258 bis, y alejar a los postores, en el art. 262.