La libertad condicional y las disposiciones comunes

El art. 90.7 da una cifra de partida y otra motivada: seis meses que pueden llegar a un año. No hay plazo de tres meses en esta regla. Y un año sin prórroga recuerda a otra regla, la de la prisión permanente revisable, que fija un plazo «de hasta un año» sin esa prolongación.

La letra a) del art. 92.1 fija esa cifra para la suspensión, y deja a salvo lo que dispone el art. 78 bis para quien ha sido condenado por dos o más delitos. Las cifras menores tienen que ver con otra decisión, la clasificación del art. 36.1, y no con la suspensión; la mayor no rige fuera de ese art. 78 bis.

La letra b) del art. 90.1 fija esa fracción para la regla general, junto con el grado de clasificación y la buena conducta. Las otras fracciones del art. 90 son de sus regímenes especiales, que piden requisitos añadidos; un quinto no es requisito de ninguno de ellos.

La letra b) del art. 92.1 lo dice sin alternativas, como requisito que se suma a los demás del apartado. Por eso no basta otro grado ni deja de importar la clasificación.

El art. 90.5 da este plazo, y añade que en todo caso no puede ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento. Los otros tres son plazos reales del Código, pero de otras suspensiones y otras reglas, no de la libertad condicional del art. 90.

El art. 91.1 mantiene los requisitos del artículo anterior y solo exceptúa el tiempo: no hace falta haber extinguido ninguna de las fracciones de condena del art. 90. Por eso la clasificación, la buena conducta y la responsabilidad civil siguen exigiéndose. El mismo criterio vale para los enfermos muy graves con padecimientos incurables.

La letra c) pide ese pronóstico, previa valoración de los informes de evolución del centro penitenciario y de los especialistas que se determinen. La «falta de peligrosidad relevante» es la fórmula de otro precepto, el art. 91.3, para el peligro patente para la vida. La reparación y el cumplimiento de reglas no son lo que aquí se funda.

El último párrafo del art. 92.1 exige un procedimiento oral y contradictorio, en el que intervienen el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado. Por eso no bastan los informes ni el del Ministerio Fiscal, y tampoco una audiencia por escrito.

El primer párrafo del art. 92.3 da este plazo propio. Los otros tres son plazos reales del capítulo, pero de suspensiones de otras penas o de otro régimen.

La letra b) del art. 90.3 pide haber extinguido la mitad de la condena. Las fracciones mayores son de otras vías del art. 90, y un quinto no es requisito de ninguna.

El máximo se mide sobre lo ya cumplido: noventa días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena. Por eso no se toma como base la condena impuesta ni lo que queda por cumplir, y tampoco es una cifra única. El adelanto va a propuesta de Instituciones Penitenciarias y con previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes.

El art. 91.1 fija esa edad, y basta con alcanzarla durante la extinción de la condena: no hace falta tenerla al ingresar en prisión. Las demás edades no aparecen en este artículo.

La letra a) del art. 90.2 pide esa fracción, y la letra b) añade las actividades del enunciado. Es una vía que el juez «podrá» usar, no la regla general del art. 90.1. La norma dice literalmente «dos terceras parte», sin la ese. La fracción mayor es la de la regla general, y la mitad, sin más, no basta en este apartado.

El art. 90.6 ordena ejecutar la parte de la pena pendiente y añade que ese tiempo no se computa como cumplimiento de la condena, sin distinguir la causa de la revocación. El art. 86.3 regula otra cosa, lo realizado como condición de la suspensión. El art. 90.6 tampoco admite un cómputo parcial.

El art. 94 pide que los delitos estén comprendidos en un mismo capítulo. Un título abarca más de lo que pide este artículo. La misma naturaleza o el bien jurídico no son el criterio de este artículo.

El primer párrafo del art. 90.4 permite denegar cuando la información sobre el paradero de los bienes u objetos con decomiso acordado es inexacta o insuficiente. También nombra el compromiso de pago de las responsabilidades civiles y la información sobre el patrimonio. Los antecedentes se valoran según el art. 90.1, y las actividades son requisito de otra vía: ninguno es causa de denegación de este apartado, ni una causa abierta.

El art. 94 bis equipara esas condenas firmes a las de los jueces o tribunales españoles, salvo que los antecedentes hubieran sido cancelados, o pudieran serlo con arreglo al Derecho español. No se mira, por tanto, el del Estado que condenó ni se busca el más favorable. El art. 190 trata de condenas extranjeras por otros delitos y a otro efecto.

El art. 90.8 reúne dos grupos de condenados: los de esos delitos del capítulo VII y los de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. A ellos se les aplica este requisito, junto con la colaboración activa con las autoridades. El apartado no atiende a la clase de pena ni a los medios empleados, y no nombra otros delitos.

El art. 92.4 impone esta verificación, sin que dependa de que el penado la pida. Es una regla distinta de la del mismo apartado para las peticiones rechazadas, que permite fijar un plazo de hasta un año sin dar curso a otras nuevas.

La letra a) del art. 90.3 exige las dos cosas a la vez: que sea la primera condena de prisión y que no supere los tres años. Las demás cifras no son el límite de este apartado, aunque algunas aparezcan en otros plazos y techos del capítulo.