Los delitos relativos al mercado y a los consumidores

El art. 279 no atiende a cómo se llegó al secreto, sino al deber de quien lo da a conocer: una obligación de reserva, nacida de la ley o del contrato. El artículo no habla de relación laboral ni de ánimo de lucro. Conocer el origen ilícito del secreto es el dato de otro artículo.

Que falte el ánimo de lucro no deja la conducta sin pena: el art. 286.3 la castiga, pero solo con la multa prevista en el apartado 1. La prisión y la multa juntas son para quien lo hace con fines comerciales, en el apartado 1.

Parece una agravación y es lo contrario: el segundo párrafo del art. 279 lleva las penas a su mitad inferior cuando el secreto se utiliza en provecho propio. No cambia de grado: las penas siguen siendo las del artículo y se imponen en la parte baja de su marco.

El art. 282 bis nombra a un solo sujeto, los administradores, y alcanza tanto a los de hecho como a los de derecho. La falsedad ha de buscar captar inversores o depositantes, colocar un activo financiero u obtener financiación. Los empleados, los supervisores y quienes participan en el capital aparecen en los arts. 284 y 285, para otros efectos.

El art. 284.1 fija prisión de seis meses a seis años. De seis meses a un año es la pena de los arts. 282 y 283; de seis meses a dos, la del art. 286.1; de seis meses a cuatro, la del art. 285 bis. Su multa se cuenta en años, de dos a cinco, o es proporcional si la cantidad resultante es más elevada.

Decide el dato: no tomó parte en el descubrimiento y conocía el origen ilícito, así que la conducta cae en el art. 280, con prisión de uno a tres años. Los marcos de dos a cuatro y de tres a cinco son de los dos artículos anteriores, para quien tiene otra relación con el secreto. Esos dos artículos son el 278 y el 279, y revelar está en los dos. El de uno a cinco es del art. 281.1, que no trata de secretos.

El art. 285 bis castiga revelar, no operar, y lo hace fuera de los casos del art. 285. No exige beneficio ni cuantía: basta poner en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores. La libre concurrencia la nombra otro artículo, el 284.1, al hablar de alterar los precios.

Sorprende, pero el apartado 4 enumera también a quien la obtiene mediante una actividad delictiva, junto a los miembros de los órganos del emisor, quienes participan en su capital y quienes la conocen por su actividad o funciones. Quien la obtiene de cualquier otro modo no tiene acceso reservado: va al apartado 5. El art. 442 define la información privilegiada solo a los efectos de ese artículo, para autoridades y funcionarios.

La letra a) del art. 285.1 fija quinientos mil euros, y vale igual para el beneficio y para el perjuicio causado. Los dos millones son de la letra b), que no mide el beneficio sino el valor de los instrumentos financieros empleados. El art. 284 lleva el mismo marco de prisión con una cifra de beneficio distinta.

Aquí es «y», no «o»: el art. 283 impone prisión de seis meses a un año y además multa de seis a dieciocho meses. Conviene no arrastrarlo del art. 282, su vecino, que sí dice «prisión de seis meses a un año o multa». Ni la reincidencia ni el lucro aparecen en el art. 283.

La letra a) del número 2.º del art. 284.1 fija doscientos cincuenta mil euros de beneficio, o un perjuicio de idéntica cantidad. El uso de información privilegiada del art. 285 lleva el mismo marco de prisión, con una cifra más alta. Alcanzar la cuantía no es el único camino: la letra b) mira a los fondos empleados y la c), al grave impacto en la integridad del mercado.