La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad

Las prohibiciones y deberes del art. 83.1 empiezan por la regla 1.ª, la de aproximarse a la víctima o a quienes determine el juez o tribunal. La multa, los trabajos y el acuerdo de mediación son las tres prestaciones o medidas del art. 84.1, que también condicionan la suspensión, pero desde otro precepto.

Una pena de prisión de dieciocho meses entra en la primera regla del artículo, y su plazo es de dos a cinco años. De tres meses a un año es el de las penas leves, y de tres a cinco, el de la suspensión por dependencia. El juez o tribunal lo fija dentro de esa horquilla con los criterios del párrafo segundo del art. 80.1. De cinco a diez años no es ningún plazo del artículo.

En estos delitos el art. 83.2 no deja elegir: se imponen siempre la 1.ª, la 4.ª y la 6.ª. El párrafo siguiente extiende las mismas a los delitos contra la libertad sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata de seres humanos. Comparecer, el contacto con determinadas personas y la deshabituación siguen siendo reglas que el juez o tribunal puede imponer, no obligatorias aquí.

El art. 86.3 separa dos cosas. Lo gastado en reparar el daño no se restituye, pero los pagos y los trabajos de las medidas 2.ª y 3.ª se abonan a la pena. Por eso no se pierden sin más, y tampoco se devuelven ni se aplican a la indemnización.

El art. 80.3 habla de las penas que «individualmente» no excedan del límite, así que cada una se mide por sí sola. La suma es el criterio de la condición 2.ª del art. 80.2, precisamente la que aquí puede faltar. Mirar solo la más grave tampoco basta, porque ninguna de las penas puede pasar de ese límite.

La regla es que las condenas anteriores por delitos leves no cuentan, pero la condición 1.ª les pone una salvedad: que integren un tipo agravado por multirreincidencia de delitos leves. Por eso «nunca» se queda corto. La condición no atiende a la duración de la pena impuesta, y seguir sin cancelar no basta para que cuenten.

Al no haber requisitos, ni los antecedentes ni las responsabilidades civiles impiden esta suspensión. La única salvedad del art. 80.4 mira al momento de la comisión del delito: que ya tuviera otra pena suspendida por el mismo motivo. Haber conocido antes la enfermedad no es lo que dice la salvedad.

El art. 80.1 pone el techo de esta regla en las penas no superiores a dos años, y exige que sea razonable esperar que su ejecución no sea necesaria para evitar nuevos delitos. Un año y dieciocho meses están por debajo, y ninguno es el límite; cinco años es el techo de otro apartado.

El párrafo segundo de la condición 3.ª da por cumplido el requisito con el compromiso de satisfacerlas de acuerdo con su capacidad económica y de facilitar el decomiso, si es razonable esperar que se cumpla en el plazo prudencial fijado. Por eso no es cierto que haga falta haber pagado antes. El juez o tribunal puede pedir garantías, pero el requisito no consiste en una fianza por todo, y la renuncia del perjudicado no aparece.

El art. 80.6 da esa audiencia al ofendido y, en su caso, a quien le represente, porque el delito depende de su denuncia o querella. Las otras opciones nombran a quienes este apartado no menciona: la regla no trata de la audiencia al penado ni de informes de otros órganos.

El art. 80.3 se aplica aunque el condenado no haya delinquido por primera vez, así que tener antecedentes no lo cierra; lo que excluye es que se trate de reos habituales. Además, la suspensión se condiciona siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio, conforme a las posibilidades físicas y económicas del penado, o al cumplimiento del acuerdo de mediación. Ni reincidir ni lo doloso del delito aparecen como exclusión en este apartado.

La regla 9.ª exige dos cosas: la conformidad previa del penado y que el deber no atente contra su dignidad como persona. Es la única regla del art. 83.1 que la pide. Los informes, la audiencia de la víctima y la duración no son condiciones de esta regla.

El art. 80.5 separa la recaída del abandono: solo cuenta como tal si evidencia un abandono definitivo del tratamiento. El texto no pone un número de recaídas, no las equipara a una interrupción ni hace depender esa consideración del informe del centro.

La imposición de las reglas 1.ª a 4.ª se comunica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «que velarán por su cumplimiento». Al Ministerio Fiscal y al juez o tribunal de ejecución se les comunica después cualquier quebrantamiento o circunstancia relevante, pero no vigilan la prohibición. Los servicios de gestión de penas no reciben aquí estas cuatro reglas.

Cuando la suspensión va en la propia sentencia, el plazo corre desde que esta devino firme, no desde que se dictó ni desde que se notificó. Si se acordó por otra resolución, se cuenta desde la fecha de esta. Aquí no hay puesta en libertad de la que partir, porque la pena no llega a ejecutarse.

El párrafo segundo del art. 82.2 saca ese tiempo del plazo de suspensión: no corre mientras dure la rebeldía. El precepto no da al juez una opción ni prevé un cómputo parcial. Tampoco enlaza la rebeldía con la revocación, que tiene sus causas en el art. 86.

El momento que cuenta es el de decidir sobre la suspensión: entonces el condenado ha de estar deshabituado o sometido a tratamiento. No se le pide haber terminado antes de la sentencia, porque basta estar en tratamiento, y tampoco vale una promesa para después. El centro puede ser público o privado.

El párrafo segundo del art. 81 da un plazo propio a la suspensión por dependencia, de tres a cinco años. El de dos a cinco es el de la regla general, y el de tres meses a un año, el de las penas leves. De cinco a diez años no es ningún plazo del artículo.

La condición 2.ª mide la pena o la suma de las impuestas y excluye solo la derivada del impago de la multa. Los delitos imprudentes importan en otra condición, la 1.ª, para saber si ha delinquido por primera vez. Ni la brevedad de una pena ni una suspensión anterior la sacan de la suma.

El art. 85 permite revisar lo acordado conforme a los arts. 83 y 84: alzar todo o parte, modificarlo o sustituirlo por algo menos gravoso. Añadir y prorrogar no están en este artículo, y revocar tiene sus causas en el art. 86. La pena suspendida no se toca.