Los delitos contra la salud pública: el tráfico de drogas

La circunstancia 3.ª no alcanza a cualquiera que actúe en el establecimiento: exige que los hechos los realicen «los responsables o empleados de los mismos». Los clientes y los proveedores no aparecen en este número.

En el art. 378 la multa es el punto 3.º, tras la reparación del daño, que es el 1.º, y la indemnización del Estado, que es el 2.º, y antes de las costas del acusador particular o privado y de las demás costas procesales, 4.º y 5.º. El régimen general es otro: en el art. 126.1 la multa va la última.

El art. 369 bis tiene cifras propias: de nueve a doce años con esas sustancias y productos, y de cuatro años y seis meses a diez años en los demás casos. De tres a seis años es la pena del art. 368 para esas sustancias, sin organización. De diez a veinte años es la prisión del art. 351, del mismo título.

Lo que separa las dos letras es la pena de prisión prevista para el delito cometido por la persona física: más de cinco años en la a) y más de dos, no incluida en el inciso anterior, en la b). El valor de la droga sirve en las dos para calcular la multa cuando la cantidad resultante es más elevada, y no elige la letra. Ninguna de las dos mira a la clase de sustancia ni al número de personas.

El art. 368 castiga a quienes «las posean con aquellos fines», los de los actos que acaba de enumerar. Los establecimientos abiertos al público y los centros docentes o penitenciarios son circunstancias que agravan los hechos (art. 369.1.3.ª y 7.ª), y pertenecer a una organización delictiva es el supuesto del art. 369 bis: ninguno define la posesión del art. 368. El art. 368 no se ocupa de otra posesión, y esta pregunta no dice si es lícita: la tenencia ilícita en lugares públicos es infracción grave de otra norma, la Ley Orgánica 4/2015 (art. 36.16).

La circunstancia 7.ª nombra los establecimientos penitenciarios y añade «o en sus proximidades». Los responsables o empleados pertenecen a la circunstancia 3.ª, que se refiere a los establecimientos abiertos al público. La pregunta se queda en lo que nombra el texto: si además del lugar hace falta algo más lo trata la jurisprudencia, y aquí no se pregunta.

El art. 370.1.º mira a utilizar a esos menores para cometer estos delitos. Facilitarles las sustancias es la circunstancia 4.ª del art. 369.1, los hechos en centros docentes son la 7.ª y el empleo de violencia, la 8.ª: cada una, por sí sola, lleva a las penas superiores en grado de ese artículo; al art. 370 solo se llega si concurren tres o más (art. 370.3.º).

Es la circunstancia 8.ª de la lista del art. 369.1. Los buques, embarcaciones o aeronaves y la simulación de operaciones de comercio internacional son casos de extrema gravedad del art. 370.3.º, y pertenecer a una organización delictiva es el supuesto del art. 369 bis, con penas propias; la circunstancia 2.ª del art. 369.1 habla de participar en otras actividades organizadas.

Decide el dato del sujeto: un facultativo que obra en el ejercicio de su profesión es la circunstancia 1.ª del art. 369.1, y esa lista lleva a las penas superiores en grado, no a la mitad superior. La superior en uno o dos grados es la del art. 370, que necesitaría otro dato. La multa del tanto al cuádruplo y la inhabilitación especial del art. 372 se imponen además.

El párrafo segundo del art. 368 atiende a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable, y no cabe si concurre alguna de las circunstancias de los arts. 369 bis y 370, los dos únicos que nombra. El abandono con colaboración y el tratamiento de deshabituación son del art. 376, que lleva otra rebaja; la confesión y la reparación del daño son atenuantes del art. 21.

El art. 376 dice «podrán»: es una facultad, que se razona en la sentencia, y no una rebaja obligada, y alcanza a uno o dos grados. La pena inferior en grado es la del párrafo segundo del art. 368, por otra causa.

El art. 368 señala dos marcos: de tres a seis años con multa del tanto al triplo para esas sustancias o productos, y de uno a tres años con multa del tanto al duplo «en los demás casos». De cuatro años y seis meses a diez años y de nueve a doce años son las penas del art. 369 bis, que exige pertenecer a una organización delictiva.

El art. 375 da a esas condenas los efectos de reincidencia, por delitos de la misma naturaleza que los de los arts. 361 al 372, salvo que el antecedente penal se haya cancelado o pueda serlo «con arreglo al Derecho español», y no según el del Estado de la condena o el de la nacionalidad. El art. 22.8.ª trata aparte las condenas firmes impuestas en otros Estados de la Unión Europea.