Las infracciones y las sanciones de la seguridad privada

El art. 57.1.p califica como muy grave prestar servicios de seguridad privada sin formalizar los contratos: falta el contrato mismo. Las otras tres conductas, también sobre contratos, son graves: no comunicarlos correctamente o comunicarlos después de empezar el servicio (57.2.e), no cumplir lo estipulado en ellos (57.2.f) y no depositar, al cerrar un despacho de detectives, la documentación profesional sobre contratos (57.2.v).

El art. 58.2.k califica como grave la omisión, total o parcial, de los datos que el informe de investigación debe contener obligatoriamente. Las otras tres conductas son muy graves: no entregar el informe al contratante del servicio está en el 58.1.l, junto a no hacerlo y elaborar informes paralelos, e investigar delitos perseguibles de oficio o no denunciar los que conozcan está en el 58.1.f. Que falte el informe pesa más que dejarlo incompleto.

El art. 66.1.c lo resuelve de forma expresa: aunque la inspección del curso la haga la Guardia Civil, si el centro de formación no es exclusivo de guardas rurales la sanción corresponde al Director General de la Policía. El Director General de la Guardia Civil sanciona las graves relativas a los guardas rurales y a los centros y cursos exclusivos para ellos (66.1.d), que no es el caso. Ni el Secretario de Estado de Seguridad ni el Delegado del Gobierno son competentes para las graves.

El art. 68.1 fija la prescripción de las sanciones por clase de infracción: al año las de las leves, a los dos años las de las graves y a los cuatro años las de las muy graves. Tres años no es ningún plazo de este artículo; lo tienta la escala de otras leyes sancionadoras, que se quedan más cortas en las muy graves.

El art. 69.4.c, en la redacción de la Ley Orgánica 7/2021, permite suspender la habilitación, y la tramitación de la que se haya pedido, mientras dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves y, además, hasta que finalice el proceso por delitos contra ese personal, que es el proceso penal en el que ese personal es el encausado; como la retirada preventiva de la letra b), esa suspensión no puede pasar de un año (69.5). La ley no ata la suspensión a superar un curso, a la sustitución en el servicio ni a la prescripción de la infracción.

El art. 70.3, para la suspensión y la extinción de autorizaciones, habilitaciones o declaraciones responsables y para la prohibición de representar a las empresas, manda fijar un plazo de ejecución suficiente oyendo al sancionado y a los terceros que puedan resultar directamente afectados. La ley no pide oír al instructor, a la comisión mixta ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El art. 67 manda decomisar el material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada y distingue según su comercio: si no es de lícito comercio se destruye; si lo es, se enajena, y la cantidad obtenida queda en depósito para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden. La ley no prevé devolverlo a su titular ni adjudicarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La conducta es la misma en los dos apartados; el 57.1.d añade una condición: que los medios no homologados sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales. Sin ella, la infracción es la grave del 57.2.a. La ley no hace depender la calificación de un aviso previo de la inspección, de que el servicio sea con armas ni de los daños materiales en las instalaciones del cliente.

El art. 71 permite publicar, por acuerdo de la autoridad competente para imponerlas, las sanciones firmes por infracciones muy graves y los datos de sus responsables cuando concurra una de tres circunstancias: riesgo para la seguridad de usuarios o ciudadanos, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o intencionalidad acreditada. El volumen de actividad, la gravedad y trascendencia del hecho y el perjuicio para el interés público sirven para graduar la sanción (art. 64), no para publicarla.

El anormal funcionamiento de las medidas o sistemas que se tengan instalados es, sin más, leve (59.3.b). Pasa a grave cuando se trata de medidas obligatorias y ese funcionamiento ocasiona perjuicios a la seguridad pública o a terceros (59.2.e). La ley no hace depender la calificación de quién lo detecte, de un plazo para corregirlo ni de que el establecimiento esté abierto al público.

El art. 56.4 interrumpe la prescripción con la iniciación del procedimiento, si el interesado la conoce, y deja que el plazo vuelva a correr cuando el expediente permanece paralizado seis meses por causa no imputable a aquel contra quien se dirige. Es una especialidad del título VI y por eso se aplica antes que la regla supletoria de la Ley 40/2015, que se conforma con una paralización más corta. Ni un mes, ni tres, ni nueve aparecen en el artículo.

El art. 68.2 distingue dos casos. Si la sanción no había empezado a ejecutarse, el plazo corre desde el día siguiente a la firmeza de la resolución; si ya había comenzado, desde que se quebrantó su cumplimiento. Comenzar o reanudar la ejecución no abre el plazo, sino que lo interrumpe, y la notificación de la resolución no es el día inicial en ninguno de los dos casos.

El art. 58.3.b califica como leve el trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos. Las otras tres son graves: la falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas (58.2.c), que es el mismo trato con más intensidad; identificarse con documentos o distintivos diferentes a los dispuestos legalmente (58.2.h), que no hay que confundir con la leve de no portarlos (58.3.a), y realizar funciones que excedan de la habilitación obtenida (58.2.a).

El art. 63, que sanciona las infracciones del art. 59, fija para las muy graves de usuarios y centros de formación una multa de 20.001 a 100.000 euros. De 3.001 a 20.000 euros es la de sus graves (63.2.a); de 6.001 a 30.000 euros, la de las muy graves del personal (62.1.a), y de 30.001 a 600.000 euros, la de las muy graves de las empresas (61.1.a).

El art. 72.1 permite a las autoridades del art. 66 imponer multas coercitivas para lograr el cumplimiento de las resoluciones sancionadoras, con arreglo a la legislación de procedimiento administrativo. No castigan la reincidencia, que la ley trata como criterio de graduación y como infracción propia, ni sirven para elevar una multa ya impuesta; y asegurar el pago de la sanción es fin de las medidas cautelares, que se adoptan iniciado el procedimiento (art. 69.3).

El art. 62.3 prevé para las leves del personal el apercibimiento o una multa. La suspensión temporal de la habilitación es sanción de las graves (62.2.b) y la extinción, de las muy graves (62.1.b). La prohibición de ocupar cargos de representación legal es sanción de las empresas (art. 61), no del personal.

El art. 58.1.j califica como muy grave el abandono o la omisión injustificados del servicio dentro de la jornada laboral establecida. La falta de diligencia en sus funciones (58.2.g) y la negativa a hacer los cursos de formación permanente (58.2.i) son graves, y actuar sin la uniformidad o los medios exigibles es leve (58.3.a). Ante ese abandono, la empresa que no sustituye al trabajador comete a su vez una infracción grave (57.2.g).

El art. 64 enumera los criterios de graduación: la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida, la reincidencia, la intencionalidad, el volumen de actividad de la empresa, despacho, centro o establecimiento sancionado y la capacidad económica del infractor. Ni el importe del contrato, ni la antigüedad, ni la formación del infractor están en la lista.

El art. 66.1.a reserva al Ministro del Interior las sanciones de extinción de las autorizaciones, las habilitaciones y las declaraciones responsables. El Secretario de Estado de Seguridad impone las restantes sanciones por infracciones muy graves, pero no la extinción, y los órganos que sancionan las infracciones graves o leves tampoco pueden acordarla.

El art. 61, que sanciona las infracciones del art. 57 (empresas, sus representantes legales, despachos de detectives y centrales de alarma de uso propio), fija para las graves una multa de 3.001 a 30.000 euros, junto a la suspensión temporal y la prohibición de ocupar cargos de representación. De 300 a 3.000 euros es la multa de sus infracciones leves; de 1.001 a 6.000 euros, la de las graves del personal (art. 62). La de 601 a 30.000 euros no es de esta ley.