Las unidades adscritas y las Comisiones de Coordinación de la Policía Judicial

El artículo 31 crea las Comisiones «con el fin de armonizar y lograr la unidad de dirección en las fuerzas policiales adscritas a la investigación criminal». Su terreno es la investigación criminal: no coordinan la seguridad ciudadana, no armonizan las Juntas Locales de Seguridad y no dirigen la formación de cada cuerpo.

La letra c) del artículo 28 permite encomendarles la «emisión, incluso verbal, de informes periciales provisionales, pero de urgente necesidad para adoptar decisiones judiciales que no admiten dilación». Lo que la justifica es la urgencia de la decisión: el real decreto no la condiciona a que falte un perito, a que las partes lo consientan ni a que la Unidad Orgánica no llegue a tiempo.

El artículo 29 manda dar «traslado de las diligencias a la Unidad Orgánica», que recibe de la autoridad judicial las instrucciones para culminar el servicio, y permite que colaboren en ello los funcionarios que hicieron las primeras diligencias. La Unidad adscrita no se refuerza a través de la Comisión, ni pasa el asunto a otra adscrita o a la Fiscalía.

La letra a) del artículo 32 pone en la Comisión Nacional al «Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá cuando asista personalmente». Los Ministros de Justicia y del Interior y el Fiscal General del Estado también son miembros, pero ninguno de ellos la preside cuando él asiste.

El artículo 23 condiciona la asignación a que haya «previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial» o a que sea el propio Consejo quien la proponga. Decide el Ministerio del Interior, pero no contra el Consejo: su informe va antes y ha de ser favorable. El real decreto pide aquí más que la Ley Orgánica 2/1986, cuyo artículo 30.2 se conforma con oír al Consejo para adscribir Unidades a juzgados y tribunales. El Consejo no designa a los funcionarios, y un informe posterior que no condicione la asignación no es lo que el artículo pide.

El artículo 23 no fija una lista de órganos: permite asignar Unidades adscritas a los juzgados y tribunales «que por su ritmo de actividades lo requieran». Lo que cuenta es la carga de trabajo, no que el órgano esté en una capital, la clase de delitos de que conozca ni que lo pida su Sala de Gobierno.

La letra a) del artículo 34 abre la lista de miembros de las Comisiones Provinciales con «el Presidente de la Audiencia Provincial, que la presidirá»; esa letra sigue igual en la redacción vigente, porque el Real Decreto 1280/2024 solo añadió la letra d) y renumeró las siguientes. El fiscal jefe de la provincia es miembro (letra b), pero no la preside; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Subdelegado del Gobierno no figuran en ella.

La letra h) del artículo 36 atribuye a la Comisión Nacional «conocer previamente de los nombramientos de los altos responsables de las Unidades Orgánicas». Conocer no es aprobar ni proponer, y «previamente» quiere decir antes de que se produzcan, no después.

El artículo 25 quiere a estas Unidades junto a quienes sirven: «deberán, en lo posible, tener su sede en las propias dependencias o edificios judiciales y Fiscalías», y para eso se habilitarán los locales adecuados. No las sitúa en una sede policial, sea la de la Unidad Orgánica o la comisaría o el cuartel más próximos, ni en dependencias de la Administración del Estado.

El artículo 28 define el papel de las Unidades adscritas: asistir directamente a los órganos del orden penal, y muy en especial a la guardia, con «cometidos de investigación criminal especializada propios de una Policía científica», como las inspecciones oculares o la recogida de pruebas. No son un servicio de seguridad de los edificios ni un apoyo administrativo a la oficina judicial o fiscal, y su terreno es la investigación especializada, no la general.

El artículo 26 fija como regla la dependencia funcional directa de cada órgano al que la Unidad sirve, y precisa que, cuando ese órgano jurisdiccional o fiscal es de ámbito nacional, autonómico, supraprovincial o provincial, «la dependencia directa se entenderá referida al respectivo Presidente o Fiscal Jefe». Es la cabeza de ese mismo órgano, no el Delegado del Gobierno, ni el mando policial, ni una Comisión de Coordinación.

El artículo 35 permite que se incorporen «eventualmente» a las Comisiones Nacional y Provinciales otras autoridades o funcionarios, «para el tratamiento de materias concretas o para realizar tareas de auxilio técnico y documentación», cuando su criterio o su asesoramiento se estimen necesarios, y deja constituir comités técnicos. Es una presencia ocasional y para un fin: no los convierte en miembros permanentes ni de pleno derecho, y no depende de una propuesta del Ministerio del Interior ni de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial.

El artículo 24 dice que las Unidades adscritas «formarán parte integrante de la correspondiente Unidad Orgánica provincial en cuya estructura se incardinarán y de cuyos medios materiales y humanos se surtirán». Estar al servicio de un juzgado o de una fiscalía no las saca de esa estructura, y su personal es policial, no del órgano al que sirven.