Las autoridades administrativas independientes y las sociedades mercantiles estatales

• Que quedan exonerados de su responsabilidad como administradores
• Que responden solidariamente con el departamento que dio la instrucción
• Que quedan exonerados solo si la ratificó la junta general
• Que responden de forma limitada, hasta el importe de su retribución

El artículo 116.4 permite al titular del departamento de tutela dar instrucciones a la sociedad en casos excepcionales, y el 116.6 protege a quien las cumple: los administradores que actúan diligentemente «quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en el artículo 236» del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital —la que tienen como administradores frente a la sociedad, los socios y los acreedores— si de esas instrucciones se derivan consecuencias lesivas. La ley no prevé responsabilidad solidaria con el departamento, ni condiciona la exoneración a que la junta general ratifique la instrucción, ni limita la responsabilidad a una cuantía.

• Por el Estatuto Básico del Empleado Público, incluido el directivo
• Por el Derecho laboral, incluido también el personal directivo
• Por el Estatuto Básico del Empleado Público, salvo el directivo, que es mercantil
• Por el Derecho laboral, salvo el directivo, que se rige por un contrato mercantil

El artículo 117.4 somete al Derecho laboral a todo el personal de estas sociedades, «incluido el que tenga condición de directivo», además de a las normas que le tocan por estar en el sector público estatal, entre ellas siempre la presupuestaria. El inciso sobre el directivo es la trampa: la ley no lo saca del régimen laboral para llevarlo a un contrato mercantil. Y su régimen no es el del Estatuto Básico del Empleado Público, del que solo les alcanzan algunos principios (su disposición adicional primera).

• Al de la Dirección General del Patrimonio del Estado
• Al de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
• Al de la Intervención General de la Administración del Estado
• Al de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

El artículo 117.3 somete esa gestión «al control de la Intervención General de la Administración del Estado», además de la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas. La Dirección General del Patrimonio del Estado aparece en el artículo 116.3, pero solo para dar su conformidad financiera a las propuestas del Ministerio de tutela; la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son autoridades administrativas independientes con funciones propias, y ninguna controla esta gestión.

• En sus administradores o en los liquidadores que nombre la junta general
• En un órgano de la Administración del Estado o en una entidad de su sector público institucional
• En un liquidador profesional e independiente que designe el Registro Mercantil
• En una sociedad privada especializada en liquidaciones, elegida por concurso público

El artículo 114.2 manda que la liquidación «recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal»: la liquida el propio sector público estatal. Lo tentador es aplicar lo que haría cualquier sociedad de capital —que liquiden sus administradores o quienes nombre la junta general—, pero el precepto designa expresamente a quién corresponde. Tampoco prevé un liquidador designado por el Registro Mercantil ni una sociedad privada elegida por concurso.

• La simplicidad, la claridad y la proximidad a los ciudadanos
• La eficacia, la jerarquía y la desconcentración
• La lealtad institucional, la cooperación y la colaboración
• La eficiencia, la transparencia y el buen gobierno

El artículo 112 pide a quienes tienen el capital de estas sociedades que persigan «la eficiencia, transparencia y buen gobierno» en su gestión, con buenas prácticas y códigos de conducta. Las otras tres ternas salen de listas vecinas de la misma ley: la simplicidad, la claridad y la proximidad a los ciudadanos son principios que deben respetar las Administraciones Públicas en su actuación (art. 3.1.b); la eficacia, la jerarquía y la desconcentración, de los principios con que actúan las Administraciones (primer párrafo del art. 3.1), y la lealtad institucional, la cooperación y la colaboración, de las relaciones entre Administraciones (art. 140.1).

• El propio empleado público, como cualquier otro consejero
• La sociedad mercantil estatal de cuyo consejo forma parte
• La Administración General del Estado, en su lugar
• La aseguradora que cubra la responsabilidad de los consejeros

El artículo 115.1 dice que esa responsabilidad «será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó». El empleado no responde en primera línea, como respondería un consejero cualquiera: es la Administración la que puede después exigirle de oficio la responsabilidad si hubo dolo, o culpa o negligencia graves (art. 115.2). Ni la sociedad ni una aseguradora aparecen en el precepto.

• Sí, excepcionalmente, si lo prevén de forma expresa sus estatutos
• Sí, siempre que su capital pertenezca íntegramente a la Administración del Estado
• No, salvo que una ley le atribuya expresamente potestades administrativas
• No, salvo que se las atribuya por orden expresa su Ministerio de tutela

El artículo 113 cierra con una prohibición: «En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública», y una sola válvula, que la ley les atribuya excepcionalmente potestades administrativas. Ni los estatutos, ni la titularidad íntegramente pública del capital, ni una orden del Ministerio de tutela abren esa puerta: lo que no hace una ley, no lo hace nada por debajo de ella.

• La normativa de defensa de la competencia
• La normativa de contratación del sector público
• La normativa presupuestaria del Estado
• La normativa de control económico-financiero

El artículo 113 enumera, cerrada, la normativa que se impone al derecho privado en estas sociedades: la presupuestaria, la contable, la de personal, la de control económico-financiero y la de contratación. La de defensa de la competencia no está en esa lista: la sociedad la cumple como cualquier empresa que opera en el mercado, pero no es una de las salvedades del precepto.

• Un organismo autónomo de ámbito estatal
• Una entidad pública empresarial
• Una autoridad administrativa independiente
• Un consorcio del sector público estatal

Es la definición del artículo 109.1: lo que hace autoridad administrativa independiente a una entidad es tener funciones de regulación o supervisión externa sobre sectores económicos o actividades que exigen independencia funcional o especial autonomía respecto de la Administración General del Estado. El organismo autónomo desarrolla actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos (art. 98.1); la entidad pública empresarial, actividades prestacionales o de producción de bienes susceptibles de contraprestación (art. 103.1), y el consorcio lo crean varias Administraciones o entidades para actividades de interés común (art. 118.1). Ninguno de los tres se define por la regulación o la supervisión de un sector.