Los consorcios

• Deben efectuarla igualmente, y después repetir contra el ayuntamiento
• Deben efectuarla, aumentada en la parte que el ayuntamiento no pagó
• No están obligados a efectuarla, dado aquel impago anterior
• Pueden aplazarla, si lo autoriza la Administración de adscripción

La disposición adicional décima libera a los demás miembros de la aportación al fondo patrimonial o de la financiación comprometida para el ejercicio corriente si otro miembro no ha hecho la totalidad de las aportaciones dinerarias de ejercicios anteriores a que estaba obligado. No tienen que adelantar ni cubrir lo que falta, ni necesitan autorización de nadie.

• Tener en su territorio la sede social fijada en los estatutos
• Nombrar o destituir a la mayoría de los órganos ejecutivos
• Tener mayor control sobre su actividad por una normativa especial
• Ostentar el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial

La lista del art. 120.2 es cerrada, de la a) a la h), y la sede no está en ella: es uno de los contenidos mínimos de los estatutos (art. 124.a), no un criterio de adscripción. Nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos es la letra b); el mayor control por una normativa especial, la d), y el mayor porcentaje en el fondo patrimonial, la g).

• La suspensión temporal de su derecho de voto en los acuerdos
• Su exclusión automática del consorcio, con pérdida de su cuota
• La reducción de su voto en proporción a lo que adeude
• La pérdida definitiva de su derecho de voto en los órganos

El art. 124.c) permite que los estatutos incluyan la suspensión temporal del derecho de voto o de la participación en la formación de los acuerdos cuando un miembro incumple manifiestamente sus obligaciones, sobre todo las de financiación. La medida es la suspensión temporal, no la pérdida definitiva del voto ni su reducción en proporción a la deuda, y la ley no prevé la exclusión automática.

• Separación, al artículo 97 de la ley; liquidación, al Código Civil
• Separación y liquidación, al Código Civil sobre la sociedad civil
• Separación y liquidación, al artículo 97 de la propia ley
• Separación, al Código Civil; liquidación, al artículo 97 de la ley

El art. 119.2 manda lo no previsto sobre separación, disolución, liquidación y extinción al Código Civil, en lo que regula la sociedad civil, con una salvedad: la liquidación va al art. 97 de la propia ley, el de la liquidación de los organismos públicos, y en su defecto al Real Decreto Legislativo 1/2010. Por eso no vale la misma remisión para las dos cosas, ni la remisión cambiada.

• Un experto independiente designado por el juez de lo mercantil
• Un órgano o entidad de la Administración a la que está adscrito
• Una comisión formada por un representante de cada miembro consorciado
• El órgano de control interno de cualquiera de las consorciadas

El art. 127.2 exige que el liquidador sea un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración de adscripción, no de cualquiera de las consorciadas ni una comisión de todas, y lo nombra el propio consorcio, no un juez. Si el empleado público que actúa como liquidador causa un daño, responde directamente esa Administración, que puede repetir contra él si hubo dolo, culpa o negligencia graves.

• Entidades de derecho privado, con personalidad jurídica propia
• Órganos colegiados de cooperación, sin personalidad jurídica propia
• Entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia
• Fondos sin personalidad jurídica, adscritos a una de las Administraciones

El art. 118.1 define al consorcio como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada de las de quienes lo crean. Las entidades de derecho privado del sector público institucional son las sociedades mercantiles y las fundaciones; los órganos de cooperación entre Administraciones (título III) y los fondos de los arts. 137 a 139 carecen, precisamente, de personalidad jurídica.

• Un mes
• Dos meses
• Tres meses
• Seis meses

El art. 120.4 da seis meses como máximo, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio, y lo exige cualquiera que sea la causa del cambio. Tres meses es un plazo frecuente en la propia ley, pero no es este.

• La de la fecha de cierre de cada ejercicio presupuestario
• La del primer día del ejercicio presupuestario
• La media de todo el ejercicio presupuestario anterior
• La de la fecha en que se constituyó el consorcio

El art. 120.2 refiere los criterios a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, y con ella el consorcio queda adscrito en cada ejercicio y por todo ese periodo: la adscripción se revisa ejercicio a ejercicio, no se fija para siempre al constituirse. La fecha de cierre del ejercicio es la que usa el art. 122.3 para decidir si las cuentas se auditan, no la de la adscripción.

• Mediante convenio suscrito por quienes van a participar
• Mediante ley de la Administración a la que quedará adscrito
• Mediante acuerdo de gobierno de la Administración de adscripción
• Mediante escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil

El art. 123.1 lo dice para todo consorcio: se crea mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes. La ley solo aparece cuando participa la Administración General del Estado o sus entidades, y entonces autoriza la creación (art. 123.2.a), pero el consorcio se sigue creando por convenio. La escritura y el Registro Mercantil son de las sociedades.