Las entidades públicas empresariales y las agencias estatales

• Las que tengan legalmente atribuidas los organismos autónomos
• Las que le delegue el Departamento del que dependa
• Las que le asignen sus estatutos en cada caso
• Las mismas que tiene sobre su personal laboral

El artículo 106.5 encarga a la ley de creación de cada entidad pública empresarial fijar en qué condiciones pueden cubrir destinos en ella los funcionarios de la Administración General del Estado y qué competencias tiene sobre ellos, con un mínimo fijo: «en todo caso», las que tengan legalmente atribuidas los organismos autónomos. No dependen de una delegación del Departamento ni de los estatutos, y no se equiparan a las que tiene sobre su personal laboral, que se rige por el Derecho laboral (art. 106.1).

• La agencia estatal
• El organismo autónomo
• La entidad pública empresarial
• La sociedad mercantil estatal

Es el segundo párrafo del artículo 108 bis.1, el rasgo que define a la agencia estatal: gestión por objetivos, con responsabilidad de sus gestores y control de resultados, que se concreta en su contrato plurianual de gestión (art. 108 ter.2). El organismo autónomo y la entidad pública empresarial tienen autonomía en su gestión (arts. 98.1 y 103.1), pero la ley no les atribuye ese conjunto de mecanismos, y la sociedad mercantil estatal ni siquiera es una entidad de Derecho público.

• Cuando lo autorice el Consejo de Ministros
• Cuando así lo prevea su ley de creación
• Cuando así lo prevean sus estatutos
• Cuando así lo prevea su plan anual de actuación

El artículo 107.2 separa dos grupos de recursos: los ordinarios (los ingresos de sus operaciones comerciales, su patrimonio y sus rentas) y, «excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación», las consignaciones de los Presupuestos Generales del Estado, las transferencias públicas y las donaciones o patrocinios privados. Lo habilita la ley de creación, y solo como excepción: no basta una autorización del Consejo de Ministros, ni que lo prevean los estatutos o el plan anual de actuación (art. 92), que son instrumentos de rango inferior a la ley que crea la entidad.

• Cualquiera de sus órganos, dentro de su respectiva competencia
• Los que designe el titular del Departamento del que dependa
• Solo los que sus estatutos señalen de forma expresa
• Solo los que tengan un rango asimilable al de director general

El artículo 105.1 limita el ejercicio de las potestades administrativas de una entidad pública empresarial a los órganos a los que sus estatutos se lo asignen expresamente: no basta con ser órgano de la entidad. No lo decide el Departamento de dependencia, y el criterio del rango no sirve, porque el artículo 105.2 dice precisamente que sus órganos no son asimilables en rango a los de la Administración General del Estado, salvo las excepciones de sus estatutos.

• Por contratación directa, conforme a sus estatutos
• Mediante convocatoria pública, con igualdad, mérito y capacidad
• Por libre designación de su máximo órgano de dirección
• Mediante las pruebas selectivas de los cuerpos de la AGE

El artículo 106.2 separa dos reglas: el personal directivo, que fijan los estatutos, se nombra con los criterios del artículo 55.11 y atendiendo a la experiencia en puestos de responsabilidad; el resto se selecciona mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Que la entidad se rija por el Derecho privado no permite la contratación directa ni la libre designación, y las pruebas de los cuerpos de la Administración General del Estado son de función pública, no de la selección propia de la entidad.

• La de agencia estatal
• La de entidad pública empresarial
• La de organismo autónomo
• La de sociedad mercantil estatal

Las disposiciones adicionales vigesimotercera a vigesimonovena dicen de cada una que preserva su naturaleza de entidad pública empresarial y se rige por las normas de esas entidades, con una sola salvedad: no se les aplican los artículos 103.1 y 107.3 en lo que se refiere a la financiación mayoritaria con ingresos de mercado. El nombre de SASEMAR (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima) invita a pensar en una sociedad mercantil, pero no lo es; ni la agencia estatal ni el organismo autónomo aparecen en esas disposiciones.

• De la Administración General del Estado o de una agencia estatal
• Solo de la Administración General del Estado
• De la Administración General del Estado o de una sociedad mercantil estatal
• De la Administración General del Estado o de un organismo autónomo

El artículo 103.2 admite dos dependencias: de la Administración General del Estado o de un organismo autónomo vinculado o dependiente de ella, y a quien corresponda le toca la dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia. «Solo de la Administración General del Estado» es la regla del organismo autónomo (art. 98.2), no la de la entidad pública empresarial. Ni la agencia estatal ni la sociedad mercantil estatal figuran en el precepto como entes de los que pueda depender.

• Se les aplica con preferencia sobre cualquier otra norma
• Solo se les aplica en materia de personal y de contratación
• No se les aplica, porque se rigen solo por la Ley 47/2003
• Se les aplica supletoriamente, tras su legislación propia

La disposición adicional duodécima fija un orden: primero su legislación específica, después las disposiciones de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, que les sean de aplicación y, supletoriamente, la Ley 40/2015. La ley no tiene preferencia sobre las demás ni se limita a dos materias, y la Ley 47/2003 no es la única que las rige: se aplica en lo que les corresponda, junto a su legislación propia.

• Las de función pública
• Las del estatuto de la entidad
• Las del Derecho laboral
• Las del Derecho administrativo

El artículo 106.1 somete al Derecho laboral el personal de las entidades públicas empresariales, con la excepción de los funcionarios de la Administración General del Estado, que siguen con su normativa de función pública (el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) o con la laboral. La normativa de función pública es justo la de esa excepción, no la regla; el estatuto propio como norma de cabecera es el de las agencias estatales (art. 108 ter.1), y el Derecho administrativo general rige a la entidad solo en lo que salva el artículo 104.