Las fundaciones y los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal

• Los del Plan General de Contabilidad Pública, como la Administración del Estado
• Los del Plan General de Contabilidad para pequeñas y medianas empresas
• Los de la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
• Los del Plan General de Contabilidad común a las sociedades mercantiles

El artículo 132.1 remite a la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y a sus disposiciones de desarrollo, además de a la normativa sobre fundaciones: una fundación estatal sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro. No aplica el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración, aunque su presupuesto se integre en los Presupuestos Generales del Estado y la controle la Intervención General (artículo 132.2); ni el de las pymes, ni el común de las sociedades mercantiles.

• Sí: también cuenta la aportación recibida después de su constitución
• No: solo cuenta la aportación hecha en el momento de constituirse
• No: tendría que aportarla la propia Administración General del Estado
• Sí, pero solo si su patronato pasa también a tener mayoría estatal

La letra a) del artículo 128.1 cubre dos momentos: que la fundación se constituya con una aportación mayoritaria estatal o que la reciba «con posterioridad a su constitución». Y no exige que aporte la Administración General del Estado en persona: vale cualquiera de los sujetos del sector público institucional estatal, entre ellos un organismo autónomo, y la aportación puede ser directa o indirecta. Tampoco hace falta sumar la mayoría en el patronato: esa es la letra c), y los requisitos son alternativos, basta uno.

• Cualquier culpa, aunque sea leve
• Dolo, o bien culpa o negligencia graves
• Solo dolo, no la culpa ni la negligencia
• Solo culpa grave; el dolo, a la vía penal

El artículo 135 permite a la Administración General del Estado exigir esa responsabilidad de oficio cuando haya concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a las leyes administrativas de responsabilidad patrimonial. La culpa leve no basta, pero tampoco hace falta dolo: la negligencia grave es suficiente. Y el dolo no se desvía a la vía penal: está expresamente entre los supuestos en que se exige esta responsabilidad.

• Por el ordenamiento jurídico privado
• Por el derecho administrativo general
• Por la Ley General Presupuestaria
• Por el Estatuto Básico del Empleado Público

El artículo 130 completa el régimen de las fundaciones estatales con el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que se les aplica la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público. La Ley General Presupuestaria entra justo en esas materias exceptuadas, no fuera de ellas. El derecho administrativo general es el que completa el régimen de los fondos carentes de personalidad jurídica (artículo 138), no el de las fundaciones; y su personal se rige por el Derecho laboral (artículo 132.3), no por el Estatuto Básico como régimen general.

• No: solo cuentan los bienes que se le aportan en propiedad
• No: haría falta además la mayoría estatal en el patronato
• Sí, pero solo si la cesión se ha hecho por norma con rango de ley
• Sí: cuentan los bienes cedidos, no solo los aportados

La letra b) del artículo 128.1 cuenta los bienes o derechos «aportados o cedidos» por la Administración General del Estado o su sector institucional con carácter permanente, y aquí los cedidos suman más de un 50 por ciento del patrimonio. La cesión no necesita transmitir la propiedad ni hacerse por ley: basta con que sea permanente. Y los tres requisitos del 128.1 son alternativos, así que no hace falta sumar la mayoría en el patronato, que es la letra c).

• Al que fija la Ley 50/2002, de Fundaciones, para todas ellas
• Al de cada Administración participante, según lo que aporte
• Al de la Administración Pública a la que estén adscritas
• Al del Estado, sea cual sea la Administración fundadora

El artículo 129.5 ata el régimen a la adscripción: cada fundación sigue el régimen presupuestario, económico-financiero y de control de la Administración a la que está adscrita, que es una sola. Por eso no se reparte entre las participantes, ni es siempre el del Estado: una fundación adscrita a otra Administración sigue el de esa. La Ley 50/2002 también las rige (artículo 130), pero el régimen presupuestario, económico-financiero y de control lo marca la Administración de adscripción (artículo 129.5).

• Que su aportación mayoritaria proceda del Estado o de su sector institucional
• Que la mayoría de votos de su patronato sea de representantes estatales
• Que el Estado o su sector institucional financien más de la mitad de su actividad
• Que más de la mitad de su patrimonio proceda del Estado con carácter permanente

El artículo 128.1 es una lista cerrada de tres requisitos alternativos: la aportación mayoritaria de la Administración General del Estado o de su sector público institucional, inicial o posterior (letra a); un patrimonio integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por ellos con carácter permanente (letra b); y la mayoría de los derechos de voto en el patronato (letra c). Financiar más de la mitad de la actividad no está en esa lista: es uno de los criterios del artículo 129.2 para decidir a qué Administración se adscribe una fundación que ya es del sector público, y de ahí sale la confusión.

• Su adscripción a la Administración General del Estado
• Su dotación inicial y los recursos con que se financia
• La composición de su consejo rector y quién lo preside
• El plazo de su duración y la causa de su extinción

El artículo 137.1 exige que la norma que crea el fondo determine expresamente su adscripción a la Administración General del Estado: como no tiene personalidad jurídica, necesita una Administración a la que pertenecer. Fijar los fines y, en su caso, los recursos es lo que el artículo 133.1 pide a la ley que crea una fundación estatal, no a la del fondo. Lo demás se rige por la propia Ley 40/2015, por la norma de creación y por el derecho administrativo (artículo 138), sin que el artículo 137 imponga ese contenido.

• Creación, por ley; extinción, también por ley
• Creación, por reglamento; extinción, por ley
• Creación y extinción, ambas por reglamento
• Creación, por ley; extinción, por reglamento

El artículo 137 es asimétrico: el fondo carente de personalidad jurídica se crea por ley (apartado 1) y, «con independencia de su creación por Ley», se extingue por norma de rango reglamentario (apartado 2). La ley rompe así el paralelismo de formas, que pediría otra ley para extinguirlo: basta un reglamento. Las demás combinaciones no responden a ese artículo: ni la creación admite reglamento ni la extinción exige ley.