Los organismos públicos y los organismos autónomos

• Las relativas a las entidades públicas empresariales
• Las relativas a las agencias estatales
• Las relativas a las autoridades administrativas independientes
• Las relativas a los organismos autónomos

La disposición adicional decimotercera les aplica las previsiones de los organismos autónomos. La salvedad es su apartado 2: el régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, la participación en la gestión y la asistencia jurídica se rigen por su legislación específica, por la Ley General Presupuestaria en lo que sea aplicable y, solo supletoriamente, por la Ley 40/2015. Ninguna otra clase de entidad sirve de modelo.

• El órgano o la entidad designados como liquidador
• Un fondo sin personalidad jurídica propia
• La Administración General del Estado
• El organismo público que pase a asumir sus fines

El artículo 97.2 integra todo el activo y el pasivo, en unidad de acto, en la Administración General del Estado, que sucede al organismo en todos sus derechos y obligaciones. El liquidador no sucede a nadie: decide en qué órgano o entidad concreta de la Administración General del Estado se integra cada elemento. El fondo sin personalidad jurídica es la figura de la fusión para lo liquidable (art. 94.4.d), no el sucesor de un organismo disuelto.

• En el de desconcentración funcional o de jerarquía
• En el de descentralización territorial o de autonomía política
• En el de descentralización funcional o de independencia
• En el de desconcentración territorial o de tutela

Un organismo público es una persona jurídica distinta de la Administración que lo crea, y por eso el artículo 88 habla de descentralización funcional (o de independencia, cuando supervisa o regula sectores económicos). La desconcentración traslada competencias entre órganos de una misma persona jurídica y no crea ningún ente, y la descentralización territorial es la de las comunidades autónomas y las entidades locales. La jerarquía y la tutela no son regímenes que el artículo mencione.

• Mediante norma reglamentaria, aunque modifique la norma de creación
• Mediante una ley de las Cortes Generales aprobada a tal efecto
• Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, sin dictar norma alguna
• Mediante orden conjunta de los Ministerios de los que dependen

El artículo 94.2 permite fusionar por norma reglamentaria aunque eso suponga modificar la ley de creación, y si de la fusión nace un organismo nuevo esa norma tiene que cumplir lo que el 91.2 exige al crearlo. No hace falta una ley. El acuerdo del Consejo de Ministros es la vía de la disolución (art. 96.1.f), no de la fusión, y una orden ministerial no tiene el rango que la ley pide.

• Sí: dos ejercicios en desequilibrio son causa legal de disolución
• No: esa causa no está en el 96.1 ni la prevén sus estatutos
• Sí, si así lo acuerda su propio Consejo Rector
• Sí, si la supervisión continua constata el desequilibrio

Ninguna letra del artículo 96.1 recoge el desequilibrio financiero: la e), que en su redacción anterior a la Ley 11/2020 lo convertía en causa de disolución tras dos ejercicios presupuestarios consecutivos, dice hoy «cualquier otra causa establecida en los estatutos», y estos no lo prevén. La disolución automática a los dos meses es la consecuencia de no comunicar en plazo una causa que sí concurre (art. 96.2), y la supervisión continua solo lleva a la disolución cuando constata el incumplimiento de los fines o que el organismo no es el medio más idóneo para lograrlos (letra d), no un desequilibrio.

• Sigue funcionando hasta que el Consejo de Ministros acuerde su disolución
• Su titular incurre en responsabilidad, pero el organismo sigue en funcionamiento
• El departamento de adscripción le concede un nuevo plazo de dos meses para comunicarlo
• Queda automáticamente disuelto y solo puede hacer los actos que exija su liquidación

El artículo 96.2 da dos meses para comunicar la causa al titular del departamento de adscripción. Si pasan sin comunicarla y la causa concurre, el organismo queda disuelto de forma automática y no puede realizar más actos jurídicos que los estrictamente necesarios para su liquidación y extinción. No espera a ningún acuerdo del Consejo de Ministros (ese acuerdo es lo que sigue a la comunicación, en otros dos meses) ni hay un segundo plazo.

• La Ley 33/2003, de 3 de noviembre
• La Ley 47/2003, de 26 de noviembre
• La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
• La Ley 7/2007, de 12 de abril

El artículo 102 remite a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (así la nombra la disposición adicional decimotercera). Las otras tres son remisiones de al lado: la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, rige la gestión de los bienes de los organismos autónomos (art. 101.1); la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, su personal funcionario (art. 100.1); y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aparece en el artículo 95.1 como criterio de eficiencia para los servicios comunes.

• El titular del Departamento al que está adscrito
• Su Consejo Rector, órgano colegiado de gobierno
• El titular de su propio máximo órgano de dirección
• El Subsecretario del Departamento de adscripción

El artículo 100.2 hace órgano de contratación al titular del máximo órgano de dirección del propio organismo autónomo, que contrata conforme a la legislación de contratos del sector público. No contrata por él el ministerio de adscripción, ni su titular ni su Subsecretario, y el Consejo Rector, aunque sea uno de los máximos órganos de gobierno (art. 90.1), no es a quien la ley da esa función.

• Mediante un real decreto
• Mediante una orden ministerial
• Mediante un acuerdo del Consejo de Ministros
• Mediante una ley

El artículo 91.1 reserva a la ley la creación de los organismos públicos, y los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales lo son. El real decreto del Consejo de Ministros es el instrumento de la pieza de al lado: con él se aprueban sus estatutos (art. 93.2). La orden ministerial y el acuerdo del Consejo de Ministros no crean organismos públicos. Ojo con las agencias estatales: el artículo 108 bis dice que «son creadas por el Gobierno»; por eso el enunciado se ancla en el 91.1.