Los principios y la organización del sector público institucional

• En un consorcio del sector público estatal
• En una autoridad administrativa independiente
• En un organismo autónomo estatal
• En un fondo sin personalidad jurídica

El artículo 87.1 permite que cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencia estatal, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público estatal se transforme en cualquiera de los otros de esa misma lista. El organismo autónomo está en ella; los consorcios, las autoridades administrativas independientes y los fondos sin personalidad jurídica, aunque son del sector público institucional estatal (art. 84.1), quedan fuera del juego de transformaciones.

• La Agencia Estatal de Administración Tributaria
• El Banco de España
• El Centro Nacional de Inteligencia
• El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

La disposición adicional decimonovena dice que el Banco de España, como banco central nacional, se rige en primer término por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Reglamento (UE) 1024/2013 y su Ley de Autonomía, la 13/1994. La Agencia Tributaria (DA 17.ª) y el CNI (DA 18.ª) también tienen régimen propio, pero el primero que mencionan es su legislación o normativa específica, no el Derecho de la Unión; y el FROB es, para la ley, una autoridad administrativa independiente (DA 20.ª).

• La Ley 47/2003, General Presupuestaria
• La Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
• La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
• La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

El artículo 86.1 no enumera esas condiciones: remite a las «establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público», que es la que regula los encargos a medios propios. La Ley 47/2003 aparece en este capítulo por otra razón (el control de la Intervención General y las universidades no transferidas), y ni la Ley 33/2003 ni la Ley 39/2015 regulan el medio propio.

• A la plantilla de su personal laboral fijo y temporal
• A su plantilla de funcionarios de carrera
• A la composición de sus órganos colegiados de gobierno
• A los puestos de sus oficinas de atención al público

El artículo 84 bis aplica la representación equilibrada, con la horquilla del 40 al 60 % por sexo, a presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados que sean máximos responsables y a los contratos de alta dirección (apartado 1), y su apartado 2 la garantiza «también en la composición de los órganos colegiados de gobierno de las entidades». No la extiende a la plantilla, ni laboral ni funcionaria, ni a los puestos de atención al público.

• La lealtad institucional
• La coordinación
• La transparencia
• La descentralización

El artículo 81.1 cierra su lista con «el principio de transparencia en su gestión». Los otros tres salen de las listas vecinas de la misma ley: la lealtad institucional está en el artículo 3.1 y encabeza el 140.1, la coordinación está en el primer párrafo del 3.1 y en el 140.1 (relaciones entre Administraciones), y la descentralización, en el primer párrafo del 3.1. Ninguno figura en el 81.1, que es la lista propia del sector público institucional.

• Propuestas expresas de mantenimiento, transformación o extinción
• Un informe anual de cada entidad ante el Parlamento respectivo
• Una auditoría externa de las cuentas de cada entidad cada tres años
• La revisión periódica de los estatutos de cada entidad dependiente

El artículo 81.2 dice que la supervisión continua comprueba si siguen existiendo los motivos que justificaron crear la entidad y si es sostenible financieramente, y que «deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción». Ni el informe parlamentario, ni la auditoría externa trienal, ni la revisión de estatutos aparecen en el precepto: lo de «cada tres años» es otra cosa, la revisión de las líneas estratégicas del plan de actuación de las entidades estatales (art. 85.1).

• Los organismos autónomos
• Las entidades públicas empresariales
• Las agencias estatales
• Las autoridades administrativas independientes

El artículo 84.1.a) clasifica los organismos públicos estatales en tres clases: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Las autoridades administrativas independientes forman parte del sector público institucional estatal, pero en una letra propia, la b), fuera de los organismos públicos. Las agencias estatales son la trampa: la Ley 40/2015 las suprimió en su redacción original y la Ley 11/2020 las devolvió como tercera clase, así que un manual anterior a 2021 dirá, mal, que solo hay dos.

• La Intervención General de la Administración del Estado, con su supervisión continua
• El Departamento de adscripción, a través de las inspecciones de servicios
• El Tribunal de Cuentas, mediante su fiscalización anual de cuentas
• El órgano de dirección de cada entidad, mediante su autoevaluación

El artículo 85.2 atribuye el control de eficacia al Departamento al que esté adscrita la entidad, a través de las inspecciones de servicios, para evaluar si cumple sus objetivos y usa bien sus recursos según su plan de actuación. La Intervención General es el distractor tentador porque tiene su propio papel, pero en otra cosa: la supervisión continua del art. 85.3, y el control que le da la Ley 47/2003, que el 85.2 deja a salvo «sin perjuicio» del de eficacia.

• Mediante una norma con rango de ley
• Mediante real decreto, aunque modifique su ley de creación
• Mediante orden del Ministerio al que esté adscrita
• Mediante acuerdo del Consejo de Ministros

El artículo 87.3 fija la regla general —las transformaciones se hacen por real decreto, «aunque suponga modificación de la Ley de creación»— y una salvedad: la transformación en agencia estatal «deberá efectuarse por ley». El real decreto es por eso el distractor tentador: vale para cualquier otra transformación entre los entes del 87.1, pero no para esta. Ni la orden ministerial ni un simple acuerdo del Consejo de Ministros bastan en ningún caso.