El Reglamento del Defensor del Pueblo: su personal, el régimen disciplinario y el régimen económico

La impone el superior jerárquico del funcionario, sin instruir expediente, pero oyendo en todo caso al presunto infractor (art. 38.1). El expediente con pliego de cargos, prueba y propuesta de resolución es para las faltas graves y muy graves (art. 38.2).

Al Secretario general le corresponden la incoación y la imposición de sanciones (art. 38.3), pero la suspensión y la separación solo puede imponerlas el Defensor; las faltas leves las sanciona el superior jerárquico (art. 38.1).

El de funcionario eventual al servicio del Defensor del Pueblo (art. 31.4). El Reglamento no lo contrata como personal laboral, ni temporal ni fijo, ni lo nombra funcionario interino: a todo el que no sea funcionario de carrera le da ese mismo carácter.

A los dos meses (art. 36.3). El mismo artículo fija seis meses para las graves y un año para las muy graves, y aplica esos plazos a la prescripción de las sanciones, contados desde que la resolución que las impone es firme o desde que se quebranta su cumplimiento.

Apercibimiento y suspensión de uno a diez días de empleo y remuneración (art. 37.1.a). La falta leve sí admite la suspensión, pero corta: no llega a treinta días. La suspensión de hasta seis meses es la sanción de las faltas graves (art. 37.1.b).

Lo selecciona el propio Defensor, libremente y con arreglo a los principios de mérito y capacidad (art. 31.3). No hay concurso. Y la selección no se limita a los funcionarios: el Reglamento solo pide que en estos nombramientos se procure darles prioridad, no que se les reserven los puestos.

El Interventor de las Cortes Generales, conforme a la normativa de las Cortes (art. 39.3), porque el régimen de contabilidad e intervención del Defensor del Pueblo es el de las Cortes Generales (art. 39.2). No lo ejerce la Intervención General de la Administración del Estado, la institución no nombra un Interventor propio, y el Servicio de Régimen Económico el art. 39.3 no le da esa función.