La Agencia Española de Protección de Datos

• La de agentes de la autoridad, con deber de secreto solo mientras investigan
• La de policía judicial, con deber de secreto aun después de cesar
• La de agentes de la autoridad, con deber de secreto aun después de cesar
• La de peritos de la Administración, sin un deber de secreto propio

Son agentes de la autoridad, no policía judicial ni peritos, y la ley les impone guardar secreto sobre lo que conozcan investigando incluso después de haber cesado en esa función. Limitar el secreto al tiempo de la investigación deja fuera justo lo que la ley quiere cubrir.

• Organismo autónomo de la Administración General del Estado
• Agencia estatal de la Administración General del Estado
• Autoridad administrativa independiente de ámbito estatal
• Órgano técnico dependiente de las Cortes Generales

La ley la configura como una de las autoridades administrativas independientes previstas en la Ley 40/2015, con personalidad jurídica propia y plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Un organismo autónomo o una agencia estatal quedan adscritos a un departamento ministerial que los dirige, y eso es justo lo que esa independencia excluye; y tampoco es un órgano de las Cortes.

• Siempre que la Agencia no haya podido identificar al responsable por otros medios
• En cualquier investigación, si la cesión la autoriza antes la Presidencia de la Agencia
• En investigaciones iniciadas de oficio, si hay indicios de una infracción muy grave
• Si investiga la denuncia de un afectado contra la conducta de una persona jurídica

No haber podido identificar al responsable por otros medios es el presupuesto para pedir los datos, pero no basta: el requerimiento motivado solo vale en las investigaciones abiertas por la denuncia de un afectado contra una persona jurídica o sobre sistemas que divulgan datos personales sin restricciones. En el resto de supuestos hace falta autorización judicial cuando sea exigible, y la Presidencia no puede sustituirla.

• Las que acuerden iniciar actuaciones previas de investigación
• Las que archiven las actuaciones previas de investigación
• Las que admitan a trámite una reclamación presentada
• Las que acuerden abrir un procedimiento sancionador

La ley manda publicar las resoluciones que resuelven sobre la atención de los derechos, las que ponen fin a los procedimientos sancionadores y de apercibimiento, las que archivan las actuaciones previas, las dictadas respecto de las entidades del art. 77.1 y las que imponen medidas cautelares, además de las que disponga el Estatuto. Los acuerdos que abren unas actuaciones o un procedimiento, o que admiten una reclamación, no están en esa lista.

• Son orientativas, y el sector auditado decide si las sigue o no
• Obligan solo si el sector las incorpora a un código de conducta
• Obligan una vez que las ratifica el Consejo Consultivo de la Agencia
• Son de obligado cumplimiento para el sector o responsable auditado

Los planes de auditoría preventiva analizan cómo cumple un sector, y sus directrices no son recomendaciones: obligan al sector o al responsable al que se refiere el plan. No dependen de un código de conducta, aunque sus organismos de supervisión puedan colaborar en elaborarlas, ni de que las ratifique el Consejo Consultivo.

• Por orden del Ministro de Justicia, publicada en el BOE
• Por real decreto acordado en el Consejo de Ministros
• Por resolución de la Presidencia de la propia Agencia
• Por acuerdo de la Comisión de Justicia del Congreso

Los nombra el Ministro de Justicia por orden, que se publica en el BOE, aunque a cada uno lo propone la institución u organización que representa. La Presidencia no los elige, porque el Consejo existe para asesorarla, y ni el Consejo de Ministros ni el Congreso intervienen.

• Los criterios de actuación de la Agencia al aplicar el Reglamento y la ley
• Las cuantías de las multas que impone la Agencia en cada infracción
• Obligaciones de los responsables que no prevén el Reglamento ni la ley
• La organización interna de la Agencia y el reparto de sus funciones

Las circulares fijan los criterios a los que responderá la actuación de la propia Agencia cuando aplica el Reglamento general y la ley orgánica: dicen cómo va a interpretar y aplicar la norma, no crean obligaciones nuevas ni fijan multas. La organización interna de la Agencia es materia de su Estatuto.

• Condena firme por delito doloso
• Incumplimiento grave de sus obligaciones
• Incapacidad sobrevenida para su función
• Incompatibilidad

Las cuatro son causas de separación, pero solo en la condena firme por delito doloso basta el acuerdo del Consejo de Ministros: la ha declarado ya un tribunal. En el incumplimiento grave, la incapacidad sobrevenida y la incompatibilidad, la separación tiene que ratificarse por las mismas mayorías parlamentarias que el nombramiento.

• Vinculan a la Presidencia cuando son unánimes
• No vinculan a la Presidencia en ningún caso
• No vinculan, salvo las que versan sobre circulares
• No vinculan, salvo si se adoptan por mayoría absoluta

El Consejo Consultivo asesora a la Presidencia, y la ley cierra cualquier resquicio: sus decisiones no tienen carácter vinculante en ningún caso. No hay unanimidad, mayoría ni materia que las haga obligatorias, tampoco cuando tratan de circulares.