La participación ciudadana, el Registro de Transparencia y el código ético

El art. 69.2.a da a los inscritos el derecho a actuar en defensa de intereses propios, ajenos o generales ante cargos, directivos, profesionales, personal estatutario y asesores, «quienes tendrán la obligación de recibirlos y publicarlo en sus agendas» conforme al art. 10. Es uno de los derechos que el art. 66.3 reserva a quien se inscribe.

El art. 66.3 reserva a los inscritos los derechos del art. 69.2: ser recibidos por cargos y personal, que lo publican en sus agendas; recibir avisos de actos y consultas; obtener el documento que acredita la inscripción; y ejercer los derechos de participación del capítulo I. La inscripción no es voluntaria (art. 65.3) ni tiene tasa, y la ley no la liga a la contratación.

El art. 61.2 pide las firmas de 10.000 personas para las materias de la Comunidad de Madrid; para las de las entidades locales, las que fijen sus reglamentos. Las 500.000 son las de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes Generales (Constitución, art. 87.3): aquí se propone un reglamento, no una ley.

El art. 64.2 manda recoger en un informe de participación y colaboración el resultado del proceso, los medios empleados y la evaluación de cómo la participación ha condicionado o influido en la actuación administrativa. Abrir el proceso no es potestativo: el ejercicio de estos derechos obliga a la Administración competente (art. 64.1).

El art. 69.1.d exige aceptar el Código ético «de forma expresa» y «como requisito previo a su inscripción». El código está en el art. 70 y obliga a todos los inscritos desde que lo están.

El art. 60.4 permite omitir la consulta previa cuando la propuesta no tiene un impacto significativo en la actividad económica, no impone obligaciones relevantes o regula aspectos parciales de una materia. Lo que se puede omitir es esa consulta; la audiencia pública es otro trámite, que va «sin perjuicio» de ella (art. 60.2).

El art. 65.3 lo declara «de carácter obligatorio, público y gratuito», y le pide respetar la proporcionalidad, la igualdad y la no discriminación. La obligación se concreta en el art. 66, que impone la inscripción a quien hace actividades cubiertas, y en el 66.3: solo los inscritos ejercen los derechos del art. 69.2.

El art. 62 reconoce el derecho a proponer mejoras o sugerencias sobre los servicios del catálogo general, manda habilitar fórmulas para ejercerlo a través del propio catálogo y promover «el reconocimiento público» de las iniciativas que hayan mejorado los servicios. No prevé un premio económico ni que la propuesta se incorpore sola.

El art. 56.2 encarga al órgano competente que decide someter el asunto a participación elegir el instrumento que mejor se ajuste a la naturaleza de la consulta y fijar el plazo, siempre que el asunto no esté excluido por el art. 54. La Dirección General de atención al ciudadano es aquella a la que se adscribe el Registro de Transparencia (art. 65.1), no la que decide los procesos.

El art. 55.2.c manda dar prioridad a las nuevas tecnologías y canalizarlas «fundamentalmente» por el portal de transparencia o la página web propia, sin perjuicio de otros cauces que en algunos ámbitos favorezcan la relación mutua. Lo presencial no se prohíbe, pero no es lo prioritario.

El art. 67.3 excluye del Registro las actividades que responden al derecho de petición que regula la Constitución (art. 29), aunque pretendan cambiar una norma. Tampoco se inscriben los interlocutores sociales cuando solo ejercen su función de representación sindical o social (art. 67.2).

El art. 56.1.c define así los paneles ciudadanos. Los foros de consulta son espacios de debate para contrastar los efectos de una medida o cómo se percibe; los grupos colaborativos, encuentros con los sectores afectados por un asunto especializado; y las consultas públicas recaban la opinión sobre una propuesta antes de decidir.

El art. 66.2 obliga a inscribirse «tanto los intermediarios como sus clientes» cuando la actividad cubierta se hace en virtud de un contrato. Y el art. 66.1 alcanza a quien participa por cuenta propia o ajena: actuar por encargo no exime a nadie.

El art. 56.1.d define los grupos colaborativos de trabajo sectoriales como espacios de encuentro entre la Administración y sectores específicos afectados por asuntos de interés público especializado. Los paneles son espacios temporales de información; los foros, de debate sobre una medida; y el informe de participación no es un instrumento, sino el documento que recoge el resultado de un proceso (art. 64.2).

El art. 51.4 los declara «de naturaleza consultiva y no vinculante», sin excepción por materia ni por grado de participación. Que no vinculen no quiere decir que se puedan ignorar en silencio: el art. 53.1.c obliga al órgano que se aparta del resultado, o que lo asume, a motivar expresamente sus razones.

El art. 52.1 define la ciudadanía como las personas que ostenten «la condición de ciudadanos o residentes en la Comunidad de Madrid»: además de los ciudadanos, basta con residir. La condición política de ciudadano de la Comunidad del Estatuto (art. 7: los españoles con vecindad administrativa en un municipio madrileño) es la tentación, pero esta ley no se queda en ella. Los ficheros de participación son voluntarios (art. 57), y las personas jurídicas no son «ciudadanía»: participan como entidades ciudadanas (art. 52.2).

La letra e del art. 53.1, que añadió la Ley 4/2023, obliga a hacer «las adaptaciones necesarias» en la información y en los canales de comunicación «para facilitar la efectiva participación de los niños». Participan ellos mismos, no a través de quien los representa, y la ley no alarga el plazo ni pide un informe.

El art. 68.2 pide renovar cada dos años la información del anexo II, con los datos financieros puestos al día con el último ejercicio completo. Si no se renueva, la inscripción se entiende caducada.

El art. 54 excluye, entre otros, los asuntos contrarios al ordenamiento, los ajenos a la competencia de la Comunidad o de sus entidades locales, la organización institucional y los recursos de la Hacienda pública autonómica o local. Los planes y programas (art. 58), la calidad de los servicios (art. 59) y los proyectos de reglamento (art. 60) son justo lo que la ley abre a la participación.

El art. 63.4 es tajante: la solicitud de colaboración no exime de recabar las autorizaciones que procedan según la legislación vigente. La colaboración —el patrocinio, la cesión temporal de bienes, el apoyo técnico o el de difusión, entre otras (art. 63.5)— se suma a la actividad, no la autoriza.