La contabilidad del sector público y la Cuenta General

El art. 149.1 da al control contable un objeto preciso: verificar y supervisar que el registro de las operaciones con contenido económico se ajusta a los principios contables públicos y a las normas de valoración aplicables, para que la contabilidad dé información útil y fiable. Comprobar el crédito antes de aprobar un gasto y la aplicación real de los fondos es propio de la función interventora, y medir el cumplimiento de objetivos, del control de eficacia.

El art. 158.2 le da un mes desde que recibe la documentación, el mismo plazo que tiene la IGAE ante el Tribunal de Cuentas (art. 139.2 de la Ley General Presupuestaria). El 31 de octubre es la fecha de la Cuenta General (art. 161.1), que es otra cosa: la consolidación de todas las cuentas, no el envío de cada una.

El art. 160.4 manda unir a la Cuenta General una memoria demostrativa del grado en que se han cumplido los objetivos programados, con los previstos, los alcanzados y su coste. Las cuentas de gestión de los tributos cedidos son lo que acompaña a la Cuenta General del Estado (art. 130.1 de la Ley General Presupuestaria). El informe de la Cámara llega después, cuando analiza la Cuenta (art. 162.1), y del plan de control financiero se da cuenta a la Asamblea con el proyecto de presupuestos (art. 22.2).

Según el art. 162.1, la Asamblea de Madrid entiende de la propuesta que contiene el informe derivado del análisis de la Cuenta General que le remite la Cámara de Cuentas, y dicta, en su caso, las disposiciones necesarias para aplicarlo; la Cuenta General se somete después a su aprobación (art. 162.2). La «declaración definitiva» del Pleno, oído el Fiscal, es el trámite del Tribunal de Cuentas con la Cuenta General del Estado (art. 132 de la Ley General Presupuestaria). La Cámara no aprueba la Cuenta: la analiza.

El art. 150 añade, tras los órganos de dirección y gestión, de representación política y de control externo e interno, a la Administración del Estado y a los organismos internacionales, en los términos y con los límites que fije el reglamento. La Ley General Presupuestaria estatal (art. 123) se queda en los organismos internacionales: quien la traiga de memoria olvidará al Estado. Los acreedores no figuran, y la ley no nombra a la Comisión Europea ni al Banco de España.

La letra d) del art. 147 pone entre los fines de la contabilidad conocer los movimientos y la situación de la Tesorería de la Comunidad de Madrid, un fin que la lista de la Ley General Presupuestaria estatal (art. 120) no recoge. Los demás no son fines de la contabilidad sino actos de otros órganos: el límite de gasto no financiero lo acuerda el Consejo de Gobierno al preparar los presupuestos, la fiscalización previa es la función interventora, y la contabilidad informa para rendir las cuentas, no las aprueba.

El art. 161.1 la eleva al Consejo de Gobierno para su rendición a la Cámara de Cuentas, y el envío material va por conducto de la propia Intervención General: por eso tienta la remisión directa, pero quien la rinde es el Consejo de Gobierno. No se eleva a la Consejería de hacienda, y la Asamblea la aprueba al final, con el informe de la Cámara delante (art. 162).

El art. 153.a) le encarga gestionar la contabilidad del sector público administrativo, que según el art. 145.a) incluye, además de la Administración, los organismos autónomos y los entes de derecho público sometidos al plan contable público. La Ley General Presupuestaria estatal (art. 125.2.a) solo da a la IGAE la contabilidad de la Administración General del Estado. Del resto del sector público la Intervención centraliza la información (letra b), pero no gestiona su contabilidad.

El art. 160.2 deja en manos del titular de la Consejería competente en materia de hacienda determinar esa integración, a efectos de obtener las cuentas consolidadas, y la extiende a las entidades multigrupo y asociadas; esas entidades remiten entonces sus cuentas a la Intervención General. La Intervención forma la Cuenta General, pero no decide su perímetro; la Cámara de Cuentas la analiza después, y el Consejo de Gobierno la recibe ya formada para rendirla.

El art. 155.2 no fija una cifra para ellos: los sujetos que aplican los principios contables públicos formulan sus cuentas en el plazo de la normativa reglamentaria. Los tres meses desde el cierre son para el resto de sujetos; la Ley General Presupuestaria estatal (art. 127) sí da tres meses a todas las entidades, y de ahí viene el error. Los seis meses son para remitir las cuentas ya aprobadas a la Intervención (art. 158.1), y el 31 de octubre, para rendir la Cuenta General.

El art. 158.1 lo dice en una frase: las cuentas anuales se rinden a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid por conducto de la Intervención General. El Tribunal de Cuentas es el destino que fija para el Estado la Ley General Presupuestaria (art. 137); en Madrid el control económico lo hace la Cámara, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal (Estatuto, art. 44). La Asamblea aprueba la Cuenta General, no recibe las cuentas de cada entidad.

El art. 161.3 dice que ni la falta de remisión de cuentas ni su rendición con graves defectos impiden a la Intervención General formar la Cuenta General con las cuentas recibidas. La Ley General Presupuestaria estatal (art. 131.3) solo menciona la falta de remisión; la ley madrileña añade los graves defectos, de modo que una cuenta defectuosa no paraliza la Cuenta General ni su plazo.

El art. 157.2 solo pide, a quienes aplican la adaptación para entidades sin fines lucrativos, el informe de auditoría en los casos en que legalmente proceda. El informe de gestión con la auditoría es lo que se exige al sector empresarial (art. 157.1). El informe sobre las obligaciones derivadas de pertenecer al sector público es lo que la Ley General Presupuestaria (art. 129.3) pide a las fundaciones estatales, y la ley madrileña no lo traslada.

Es el principio de la letra d) del art. 149.2: cierto grado de precaución, de modo que activos, obligaciones, ingresos y gastos no se sobrevaloren ni se minusvaloren. La precaución de la ley es simétrica: no manda inclinarse siempre por el valor más bajo, que también falsearía las cuentas. Tampoco exige conformidad previa de la Intervención ni permite aplazar el registro.

El art. 154.6 resuelve el caso: si la entidad absorbente es la Administración de la Comunidad de Madrid, el cuentadante es el titular del órgano que asuma la gestión de la mayor parte de los bienes, derechos y obligaciones de la entidad extinguida en la fecha de la rendición. Cuando absorbe otra entidad, responde el consejero, presidente o máximo representante de la absorbente. El presidente que tenía el organismo ya no rinde, y la Consejería de hacienda regula el procedimiento, pero no rinde esas cuentas.

El art. 152.k) encomienda a la Intervención General, como centro directivo de la contabilidad, determinar ese procedimiento, y a tal efecto es ella la que traslada a todas las unidades dependientes de la Comunidad la información económico-financiera, periódica y no periódica, que cada una tiene que remitir. No lo hace la dirección general de presupuestos ni el Ministerio, y la Cámara de Cuentas hace el control externo, no centraliza la información.

El art. 153.g) le encarga, como centro gestor de la contabilidad, elaborar las cuentas del sector público de la Comunidad de Madrid de forma compatible con el sistema seguido por el Estado. No es un sistema aislado del estatal, ni lo fija la Cámara de Cuentas, que fiscaliza las cuentas pero no decide cómo se elaboran, ni la ley de presupuestos de cada año.

Para el capítulo de contabilidad, la categoría la decide el plan al que está sometida la entidad, no su forma jurídica. El art. 145.b) pone en el sector público empresarial a las sociedades mercantiles y al resto de entidades dependientes o vinculadas sometidas al Plan General de Contabilidad de la Empresa Española. El administrativo (letra a) solo recoge los entes de derecho público sometidos al plan contable público de la Comunidad, y el fundacional (letra c), a quienes aplican la adaptación para entidades sin fines lucrativos.

El art. 157.1 exige que las cuentas de estas entidades incluyan la propuesta de distribución del resultado y vayan acompañadas de informe de gestión y auditoría. El informe sobre las obligaciones económico-financieras que se asumen por pertenecer al sector público es la exigencia estatal del art. 129.3 de la Ley General Presupuestaria, que la ley madrileña no recoge. La Cámara de Cuentas fiscaliza después las cuentas rendidas; su informe no las acompaña.

El art. 152.c) atribuye a la Intervención General aprobar la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme a él. El Plan mismo no: la Intervención solo propone su aprobación al titular de la Consejería de hacienda (art. 152.a). La Cuenta General la forma la Intervención, pero la aprueba la Asamblea (art. 162.2).