El control financiero y la auditoría pública

El art. 141.1 extiende el control financiero de subvenciones a las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas concedidas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid o a fondos de la Unión Europea que gestione la Comunidad. La Ley General de Subvenciones, en el Estado, habla solo de subvenciones (art. 44.1), y de ahí el distractor que deja fuera créditos y avales. Los fondos europeos gestionados por la Comunidad sí entran.

El art. 127.3 permite recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría con una sola condición: que se ajusten a las normas e instrucciones que determine la Intervención General. La ley madrileña no exige acreditar antes la insuficiencia de medios propios ni que lo habilite una orden anual. Ni la Cámara de Cuentas autoriza la contratación ni la colaboración se limita a un tipo de entidad.

El art. 138.2 remite a una orden del titular de la Consejería competente en materia de hacienda, que fija esas actuaciones y la entrega, la periodicidad y el tratamiento de la información económico-financiera necesaria. El decreto del Consejo de Gobierno tienta porque es el instrumento con el que se desarrolla el control interno en general (art. 110.4), y la resolución de la Intervención General, porque es ella quien ejerce la supervisión; pero para esto la ley pide una orden. En el Estado, la Ley 40/2015 se limita a decir que esas actuaciones se determinarán reglamentariamente (art. 85.3).

El art. 140.2 manda elevarlo al titular de la Consejería competente, y lo mismo si el plan de acción no se remitió en plazo. Al Consejo de Gobierno solo llega después, si la discrepancia se mantiene (art. 140.3). Es lo que separa a Madrid del Estado, donde la Intervención General lo eleva al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda, para su toma de razón, sin pasar antes por el departamento afectado (Ley General Presupuestaria, art. 161.3). Ni la Cámara de Cuentas ni la Asamblea intervienen en este trámite.

El art. 131 limita el control financiero permanente a la Administración de la Comunidad de Madrid y a sus organismos autónomos y entes de Derecho público de régimen especial. Los entes sometidos al derecho privado, las sociedades mercantiles y los consorcios quedan fuera, aunque los alcanza la auditoría pública, que se extiende a todo el sector público autonómico (art. 134). En el Estado la lista es más larga: la Ley General Presupuestaria incluye, por ejemplo, las entidades públicas empresariales (art. 158.1).

El art. 139.1 encarga el plan de acción a cada titular del órgano, entidad u organismo controlado: lo elabora quien ha sido controlado y tiene que corregir. En el Estado, la Ley General Presupuestaria lo pone en manos del departamento ministerial, que lo hace también por los organismos y entidades adscritos o dependientes (art. 161.1), y de ahí el distractor de la Consejería de adscripción. La Intervención General no lo elabora: lo recibe y valora si es adecuado (art. 140.1).

El art. 137.b) llama auditoría de sistemas y procedimientos al estudio exhaustivo de un procedimiento administrativo de gestión financiera para detectar sus deficiencias o su obsolescencia y proponer medidas correctoras o su sustitución. Las otras dos modalidades de la auditoría operativa son la de programas presupuestarios, que analiza objetivos y sistemas de seguimiento, y la de economía, eficacia y eficiencia, que valora el uso de los recursos. La de cumplimiento no es operativa: es otra modalidad de la auditoría pública (art. 133.2).

El art. 138.3 atribuye a las universidades públicas la supervisión continua de sus entes dependientes. La regla general del art. 138.1 encomienda la supervisión continua del sector público institucional a la Intervención General, y por eso es el distractor que tienta; pero las universidades están fuera de su auditoría pública (art. 134) y se rigen por su normativa propia. La Cámara de Cuentas hace el control externo, y la Consejería de universidades no tiene esta función.

El art. 129 permite a la Intervención General elevar al Consejo de Gobierno los informes de control financiero cuyas conclusiones estime relevantes, y lo hace a través del titular de la Consejería competente en materia de hacienda. No va directa, ni por la Consejería de adscripción de la entidad, ni por la Cámara de Cuentas, que es el órgano de control externo.

El art. 141.2 permite extender el control a las personas físicas o jurídicas vinculadas con los beneficiarios y a las proveedoras, clientes y demás relacionadas directa o indirectamente con las operaciones financiadas. El control empieza en los beneficiarios y las entidades colaboradoras (art. 141.1), pero no acaba en ellos, y la ley no lo condiciona al consentimiento del beneficiario ni a una autorización judicial.

El art. 126 enumera cuatro modalidades del control financiero: el control financiero permanente, la auditoría pública, la supervisión continua y el control financiero de subvenciones y otras ayudas públicas. La lista de función interventora, control financiero permanente y auditoría pública es la del control interno del Estado (Ley General Presupuestaria, art. 142.2), y la de función interventora, control financiero y control contable, la del control interno de Madrid (art. 115.1), un escalón por encima. El control de eficacia no es de la Intervención General, sino de la Consejería de adscripción (art. 23.2).

El art. 140.3 cierra el circuito en el Consejo de Gobierno: si la discrepancia se mantiene o falta el plan de acción, la Intervención General lo pone en su conocimiento, a través del titular de la Consejería competente en materia de hacienda, para su consideración. La Intervención General no impone medidas, y ni la Cámara de Cuentas ni la Asamblea forman parte de este trámite; a la Asamblea se le da cuenta del plan anual de control financiero, que es otra cosa (art. 22.2).

El art. 127.1 compone el plan con lo que impone una ley o un reglamento, con los controles específicos pedidos de forma motivada y con lo que se selecciona cada año sobre la base de un análisis de riesgo, congruente con los objetivos, las prioridades del ejercicio y los medios disponibles. La Cámara de Cuentas hace el control externo y no programa el interno; la ley no fija un turno por entidad ni deja la selección en manos de cada Consejería.

El art. 136 define la auditoría de cumplimiento como la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, de personal, de ingresos y de gestión de subvenciones. Valorar la eficacia, la eficiencia y la economía y analizar los programas presupuestarios son modalidades de la auditoría operativa (art. 137.c y a), y comprobar que subsisten las razones de la creación de una entidad es tarea de la supervisión continua (art. 138.1).