Los derechos y las obligaciones de la Hacienda Pública

El art. 36.2 hace suyo el interés de demora del art. 26.6 de la Ley General Tributaria para todas las deudas de derecho público: el interés legal del dinero más un 25 %, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro. El interés legal sin recargo es la regla de la Ley General Presupuestaria para la Hacienda estatal (art. 17.2), y en Madrid queda para los aplazamientos con aval o seguro de caución por la deuda entera y para los débitos de derecho privado (arts. 36.2 y 36.3). La ley de presupuestos madrileña no lo fija.

El art. 42.3 permite exceptuar la garantía por las cantidades anticipadas a un medio propio, pero no de forma automática: hace falta el informe favorable de la dirección general competente en materia de tesorería. En el Estado, la Ley General Presupuestaria exime de garantía sin trámite cuando el acreedor es una entidad del sector público estatal (art. 21.3), y por eso tienta la segunda opción. No interviene el Consejo de Gobierno.

El art. 45 atribuye el cumplimiento, en exclusiva, a la autoridad administrativa competente por razón de la materia, que acuerda el pago en la forma y con los límites autorizados, y las resoluciones se cumplen en sus propios términos. No es siempre la Consejería de hacienda: decide la materia de la que trate la resolución. La Abogacía General defiende a la Comunidad en juicio, pero no ejecuta el pago.

El art. 31.3 lo admite solo por decreto acordado en Consejo de Gobierno. La fórmula del real decreto del Consejo de Ministros con audiencia del Consejo de Estado en pleno es la de la Ley General Presupuestaria para la Hacienda estatal (art. 7.3), y la ley madrileña no exige ningún dictamen. Una orden de la Consejería no basta, y tampoco hace falta una ley para cada transacción.

El art. 42.1 cierra la lista de lo que hace exigible una obligación de pago: la ejecución de los presupuestos, una sentencia judicial firme o una operación de tesorería legalmente autorizada. Un acuerdo sin crédito no basta, porque los gastos sin crédito son nulos (art. 73.3, al que remite el propio artículo). Los tres meses y la reclamación del acreedor son la condición de los intereses de demora (art. 46.1), no una fuente de exigibilidad.

El art. 26.3 pone la frontera en el origen del derecho: es público si es un tributo o si nace del ejercicio de una potestad administrativa, como una sanción. No basta con figurar entre los recursos del art. 27: los rendimientos de los bienes patrimoniales son, por definición, derechos de naturaleza privada (art. 26.4). Y los tributos no agotan la categoría, porque cualquier otro derecho económico nacido de una potestad administrativa también entra. Dónde se ingresa el dinero no decide nada.

Cuando la Hacienda es la acreedora, el interés corre solo, desde el día siguiente al vencimiento (art. 36.1), y alcanza también lo que las entidades colaboradoras recaudan y no ingresan a tiempo en la Tesorería General. Los tres meses y la reclamación por escrito son del caso contrario: cuando es la Hacienda la que debe y no paga (art. 46.1). La providencia de apremio no marca el inicio del devengo.

El art. 40.3 permite no liquidar, o anular y dar de baja, las deudas por debajo de una cuantía, y esa cuantía no la fija la ley: la fija el titular de la Consejería como insuficiente para cubrir el coste de su exacción y recaudación. El criterio es económico, el de no gastar más en cobrar que lo que se cobra. La ley no exime a ningún tipo de deudor ni anticipa la prescripción.

El art. 35.2 lo deja en manos de la Consejería competente en materia de hacienda, sin distinguir quién sea el acreedor. La fórmula conjunta es la de la Ley General Presupuestaria: el Ministro de Hacienda para la Administración General del Estado y, junto con el ministro de adscripción, para los organismos autónomos (art. 19.2). Ni un decreto del Consejo de Gobierno ni la ley de presupuestos fijan esas condiciones.

El art. 47.1.c incluye este derecho entre las obligaciones de la Hacienda que prescriben a los cuatro años, y fija tres comienzos: la fecha del ingreso, el día siguiente a la firmeza de la sentencia o resolución que declare improcedente el acto que lo motivó, o el día siguiente a la notificación del acuerdo que reconozca el derecho a la devolución. La solicitud del interesado no abre el plazo, y los tres meses son los del art. 46.1, para los intereses.

El art. 30.2 atribuye al titular de la Consejería competente en materia de hacienda tanto suscribir esos convenios como dictar las normas de gestión de la recaudación, voluntaria y ejecutiva, de los tributos locales que la Comunidad asuma con los ayuntamientos de su territorio. Que el objeto sean tributos de los municipios no lleva la competencia a la Consejería de administración local, y la ley no la sube al Consejo de Gobierno ni al Presidente.

Para los débitos de derecho privado, el art. 36.3 congela el tipo: el interés legal del dinero vigente el día en que vence la deuda. Aplicar el interés legal de cada año del período es la fórmula de la Ley General Presupuestaria para la Hacienda estatal (art. 17.2). El incremento del 25 % es el de las deudas de derecho público (art. 36.2), y la Consejería no fija el tipo.

El art. 46.2 aparta de la regla general cuatro materias, que siguen su legislación específica: la tributaria, las subvenciones, la contratación del sector público y la expropiación forzosa. Las subvenciones son lo que la ley madrileña añade a la lista de la Ley General Presupuestaria, que para el Estado nombra solo la tributaria, la contratación y la expropiación (art. 24). Personal, arrendamientos y convenios no están en la lista.

La regla del art. 42.3 permite anticipos en los encargos a medios propios por las operaciones preparatorias, hasta el 10 % del importe del encargo. Pero cuando el encargo es de obras el techo es más estrecho: hasta el 10 % de la primera anualidad. El 10 % del total es la regla general, y también la cifra que la Ley General Presupuestaria da para el Estado (art. 21.3); por eso tienta. Las obras sí admiten anticipo.

En la tercería de mejor derecho el apremio sigue hasta la realización de los bienes y el producto se consigna a resultas (art. 34.4), pero la ley madrileña añade una salida: se suspende la ejecución si el tercerista consigna el importe del art. 169.1 de la Ley General Tributaria o el valor del bien, si es menor. La Ley General Presupuestaria no recoge esa salida para el Estado (art. 12.4.b), y por eso tienta el «siempre». Acreditar la demanda judicial es un trámite de la tercería de dominio estatal, no de esta.

El art. 44 protege del embargo y del mandamiento de ejecución tres clases de bienes y derechos patrimoniales: los afectados materialmente a un servicio o función pública, aquellos cuyos rendimientos estén legalmente afectados a fines públicos y las acciones de sociedades mercantiles del sector público que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general para la Comunidad. Lo que decide es la actividad de la sociedad, no el porcentaje de capital ni la norma que creó la sociedad.

La regla general para las deudas de derecho público es el interés legal más un 25 %, pero el art. 36.2 rebaja el tipo al interés legal cuando el aplazamiento, el fraccionamiento o la suspensión se garantizan en su totalidad con aval solidario de entidad de crédito o de sociedad de garantía recíproca, o con certificado de seguro de caución. La garantía abarata el interés, no lo suprime, y el tipo lo fija la ley, no un pacto.

El art. 34.2 tasa los casos de suspensión automática sin garantía: error material, aritmético o de hecho en la deuda, deuda ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida, o derecho prescrito. Un recurso suspende solo en la forma y con los requisitos de las normas de recursos y reclamaciones (art. 34.1), no de forma automática. La tercería de mejor derecho no lo suspende por sí sola: el apremio sigue hasta la realización de los bienes (art. 34.4). Las dificultades de tesorería no figuran.

El art. 37 no los declara nulos ni da a la Administración una potestad de anularlos por sí misma: los hace rescindibles con arreglo al derecho privado, es decir, por la vía de la rescisión por fraude de acreedores. La revisión de oficio es para los actos de la propia Administración, no para los contratos que celebra un particular. La ley no prevé ningún recargo.

En los convenios que no son subvenciones, el art. 42.4 fija como regla un anticipo de hasta el 10 %, asegurado con garantía. Pero si la otra parte es un sujeto del sector público autonómico o un ente local de la Comunidad, el anticipo puede llegar al 100 % y no hace falta garantía. El 10 % sin garantía es la fórmula de la Ley General Presupuestaria para un acreedor del sector público estatal (art. 21.3); la ley madrileña va mucho más allá.