La Intervención General y la función interventora

El art. 118.1 lo deja en manos del Consejo de Gobierno, previo informe de la Intervención General. La Intervención no propone el acuerdo: informa. El acuerdo a propuesta de la Intervención es el esquema de la Ley General Presupuestaria estatal (art. 152.1), con el Consejo de Ministros. Ni la Intervención ni cada Consejero pueden decidirlo por sí solos.

El art. 123.4 manda ponerlo en conocimiento del órgano que dictó el acto y advertirle de que, si no subsana, no podrá reconocerse la obligación ni pagarse. El reparo llega después, solo si al intervenir el reconocimiento de la obligación se ve que no se subsanó. Por eso no es inmediato, y por eso el control posterior sí afecta al expediente.

El art. 116.2 la sustituye por la inherente a la toma de razón en contabilidad, en los términos que fije el reglamento. El control financiero permanente y la auditoría pública aparecen en el mismo apartado, pero como actuaciones comprobatorias posteriores que pueden hacerse además, «sin perjuicio» de la sustitución. Que sean ellas el sustituto es lo que prevé la Ley General Presupuestaria estatal (art. 148).

El art. 113.4 considera agente de la autoridad al personal de la Intervención General en el control financiero de subvenciones, y extiende esa consideración al de los órganos con funciones de control financiero según la normativa europea. La ley no lo convierte en instructor del reintegro, ni en perito, ni en colaborador del órgano de control externo.

El art. 123.2 suspende la tramitación hasta que el reparo se solvente, subsanando los defectos o, si no se acepta, resolviendo la discrepancia (art. 124). El reparo no anula nada. Lo que no suspende son las observaciones complementarias, que nunca tienen efectos suspensivos (art. 123.6).

El art. 122.4 obliga a pedir la designación cuando el importe exceda del establecido para el contrato menor de obras, sea cual sea el tipo de contrato, convenio o subvención. El umbral se toma de las obras, pero la obligación vale para todo: por eso es falso que se limite a los contratos de obras. El umbral del contrato menor de servicios no es el de referencia.

El art. 118.1 enumera la existencia y adecuación del crédito, la competencia del órgano y que los expedientes de reconocimiento de obligaciones correspondan a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente, más los extremos que añada el Consejo de Gobierno. La autorización del Consejo de Gobierno no está en la lista de la ley: la enumera la Ley General Presupuestaria estatal para la autorización del Consejo de Ministros (art. 152.1.e). Comprobar los trámites, esenciales o no, es justo lo que esta modalidad evita.

El art. 112.1 enumera cuatro principios: autonomía, ejercicio desconcentrado, jerarquía interna y procedimiento contradictorio. El ejercicio es desconcentrado, no concentrado: el control lo hacen también las intervenciones delegadas (art. 111.2). La unidad de caja es un principio de la Tesorería, no de la Intervención. Y la dependencia de la Consejería choca con la autonomía, que es el primero de los principios de la lista.

El art. 123.5 condiciona la eficacia del acto a que el defecto se subsane antes de aprobar el expediente, y si la prescripción no se solventa se considera formulado el reparo, con su efecto suspensivo. El Consejo de Gobierno solo entra si hay discrepancia que llegue a él (art. 124.2.b), no de forma directa.

El art. 121 se lo encarga al titular de la Intervención General, que fija también el procedimiento para intervenir las cuentas justificativas. La Ley General Presupuestaria estatal lo remite al reglamento (art. 153), que es la confusión que lleva al Consejo de Gobierno. El art. 121 no da ese papel ni al tesorero ni a la Consejería de hacienda.

El art. 115.1, como ya adelanta el 110.1, enumera tres modalidades: la función interventora, el control financiero y el control contable. La terna con el control financiero permanente y la auditoría pública es la de la Ley General Presupuestaria estatal (art. 142.2), que no tiene un control contable como modalidad propia. El control de eficacia lo ejerce la Consejería de adscripción sobre sus entidades, la supervisión continua no figura en esta lista aunque también la haga la Intervención, y el control externo es de la Cámara de Cuentas: ninguno es una de las tres modalidades del art. 115.1.

El art. 118.2 excluye de esa modalidad dos grupos: las obligaciones o gastos de cuantía indeterminada y los que deba aprobar el Consejo de Gobierno; para ellos rige la fiscalización completa. Quedarse solo en los que aprueba el Gobierno es lo que hace la Ley General Presupuestaria estatal con el Consejo de Ministros (art. 152.2). Los contratos menores y los anticipos de caja fija no se excluyen de esta modalidad: están exentos de fiscalización previa por otra vía (art. 120).

El art. 122.2 exceptúa esas subvenciones de la comprobación material del gasto y las somete exclusivamente a control financiero. No quedan sin control: cambia la modalidad. Tampoco pasan a la fiscalización de requisitos esenciales, que es una modalidad de la intervención previa (art. 118).

El art. 118 la llama fiscalización e intervención previa de requisitos esenciales. «Requisitos básicos» es el nombre que usa la Ley General Presupuestaria estatal (art. 152) para la figura equivalente, y es la trampa habitual. La de muestra es otra modalidad (art. 119), que no limita los extremos sino los expedientes que se examinan.

El art. 119.1 deja la decisión al titular de la Intervención General, por resolución motivada que fije cómo se selecciona, identifica y trata la muestra para que la información sea fiable y objetiva. No la toma el Consejo de Gobierno, que es quien acuerda la modalidad de requisitos esenciales (art. 118), ni el gestor, aunque la eficacia y la celeridad sean la razón de ser de la muestra.

La letra f) del art. 120.1 exime las ayudas económicas que gestiona el Fondo de Emergencia de la Ley 5/2005, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid. Los otros tres son supuestos de no sujeción de la Ley General Presupuestaria estatal (art. 151) que la ley madrileña no recoge. Sí coinciden las dos en los contratos menores, los gastos periódicos, el anticipo de caja fija por debajo de 5.000 euros, las subvenciones nominativas y la emergencia.

El art. 125.1 exige ese informe y le niega expresamente la naturaleza de fiscalización: no subsana la omisión ni convalida nada. Mientras la omisión no se subsane no puede reconocerse la obligación ni tramitarse el pago, y la salida pasa por que el Consejero someta la cuestión al Consejo de Gobierno (art. 125.2).

El art. 125.2 dice que esa competencia no puede delegarse y exige un informe previo de la Intervención General, que la Ley General Presupuestaria estatal no pide para elevar el asunto al Consejo de Ministros (art. 156.3). Aunque el Consejo de Gobierno acuerde continuar la tramitación o pagar lo hecho, eso no exime de las responsabilidades que procedan.

La letra e) del art. 123.3 habla de comprobaciones materiales de contratos, convenios y subvenciones, que es también el objeto de la comprobación material del art. 122.1. «Obras, suministros, adquisiciones y servicios» es la redacción de la Ley General Presupuestaria estatal (art. 154.2.d). Los 5.000 euros son el límite del anticipo de caja fija exento (art. 120.1.c), no un umbral del reparo.

El art. 113.3 añade a los recursos y reclamaciones la facultad de instar la declaración de lesividad y la revisión de oficio de los actos que consideren perjudiciales para los intereses económicos de la Hacienda de la Comunidad. Quedarse en los recursos y reclamaciones es lo que dice la Ley General Presupuestaria estatal (art. 144.5). Instar no es decidir: la Intervención no suspende ni anula, pide al órgano competente que revise.