Las operaciones financieras y los avales

El art. 171.2 les da un solo objeto: invertir excedentes de tesorería, y el art. 172.1 lo repite para las de corto y las de largo plazo. Las demás finalidades son de las operaciones pasivas: cubrir necesidades transitorias de tesorería, las de menos de un año (art. 166); financiar gastos de inversión, las de más de un año (art. 167.1.a); y asegurar o disminuir el riesgo, las de instrumentos derivados (art. 163.1.c).

El art. 163.3 no ata la autorización al año: dura «hasta tanto finalice la realización de los gastos correspondientes». El 31 de enero recuerda a la Ley General Presupuestaria, que deja al Ministro crear Deuda durante el mes de enero en desarrollo de la autorización del año anterior (Ley 47/2003, art. 94.2). El cierre del ejercicio o la ley de presupuestos siguiente serían un plazo anual que la ley madrileña no pone.

El art. 172.1 admite las dos: operaciones activas con plazo de reembolso inferior y superior a un año, siempre para invertir excedentes de tesorería. Para los sujetos del sector público institucional la autorización expresa es de la Consejería de hacienda (art. 172.2), no del Consejo de Gobierno, y se exige igual a corto que a largo plazo. En el Estado, las operaciones pasivas de tesorería no pasan de tres meses (Ley 47/2003, art. 108.2).

El art. 175.2 manda publicar los acuerdos de autorización en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», el diario oficial de la Comunidad. No van al BOE ni al Boletín de la Asamblea, que publica los textos parlamentarios: la autorización es un acuerdo del Consejo de Gobierno, no de la Cámara.

El art. 169.c) faculta a comprar en el mercado secundario valores negociables «con destino a su amortización», o a reembolsarlos anticipadamente por mutuo acuerdo con los acreedores. Mantenerlos en una cuenta de valores es una opción que la Ley General Presupuestaria da al Ministro de Economía para la Deuda del Estado (Ley 47/2003, art. 102.1) y que la ley madrileña no recoge.

El art. 164.2 fija la regla —el fedatario solo es preceptivo cuando lo disponga expresamente la legislación aplicable— y una lista en la que no lo es «en todo caso»: los pagarés, las operaciones privadas de crédito y aquellas en que los títulos-valores se extinguen al transformarse en anotaciones en cuenta. Las emisiones en títulos-valores, los derivados o las emisiones en el exterior quedan a lo que diga esa legislación. La Ley General Presupuestaria no incluye en esa lista las operaciones privadas de crédito: solo los pagarés del Tesoro y la transformación de títulos en anotaciones en cuenta (Ley 47/2003, art. 104.2).

El art. 172.3 pide el informe favorable de la dirección general competente en materia de política financiera y tesorería, y es ese informe el que establece las condiciones financieras de la operación. No lo emite la dirección general de presupuestos, ni la Intervención General, que controla la gestión económico-financiera, ni los servicios jurídicos.

El art. 167.2 atribuye al Consejo de Gobierno disponer la realización de esas operaciones, en coherencia con el art. 15.h), que le encarga realizar las operaciones de crédito y endeudamiento en los términos de las leyes. El titular de la Consejería de hacienda interviene después: emite o contrata, fija las condiciones y formaliza (art. 169.a). Tienta porque en el Estado autorizar las operaciones de Deuda es del Ministro de Economía (Ley 47/2003, art. 98.1).

El art. 163.3 exige que la ley que autoriza el endeudamiento señale «el importe máximo autorizado», y le deja fijar cualquier otra característica. El límite de la variación del saldo vivo es la fórmula de la Ley General Presupuestaria para la Deuda del Estado (Ley 47/2003, art. 94.1). El tipo de interés y las entidades no son mínimos de esa ley: las condiciones las determina el titular de la Consejería competente en materia de hacienda al formalizar las operaciones (art. 169.a).

El art. 169.b) deja elegir «cualquier técnica» con un solo límite: que no entrañe una desigualdad de oportunidades para los potenciales adquirentes. Por eso la subasta es una de las técnicas posibles y no la obligada, la emisión puede fragmentarse en el tiempo y en la cuantía, con precios distintos, y puede subastarse al público en general o cederse a agentes colocadores.

El art. 179 deja la comisión abierta, operación a operación: los avales «podrán devengar las comisiones que para cada operación se determine». No impone la gratuidad ni una comisión única anual, y no distingue entre avalados públicos y privados. La Ley General Presupuestaria dice lo mismo de los avales del Estado (Ley 47/2003, art. 117).

El art. 181 le permite establecer mecanismos para limitar el riesgo de ejecución de los avales, es decir, de que la Comunidad acabe pagando por el avalado. No le da poder para cancelarlos por su cuenta ni para cambiar su carácter, y las comisiones se determinan para cada operación, no de forma uniforme (art. 179).

El art. 165.1 fija veinte años sin cobrar intereses ni hacer el titular acto alguno ante la Administración que implique ejercer su derecho; es la misma cifra que la Ley General Presupuestaria da a la Deuda del Estado (Ley 47/2003, art. 105.5). Los cuatro años son la prescripción general de los derechos y las obligaciones de la Hacienda madrileña, que cede ante esta regla especial. Diez años es el plazo de los capitales llamados a conversión, y cinco, el de los intereses y los capitales llamados a reembolso (art. 165.2 y 3).

El art. 180 permite a la Consejería inspeccionar las operaciones o inversiones financiadas con operaciones avaladas «para comprobar su aplicación y rentabilidad»: si el dinero avalado se ha usado en lo previsto y si rinde. Es una inspección posterior al aval; la comisión se determina para cada operación (art. 179) y las cláusulas del aval las conviene el titular de la Consejería al formalizarlo (art. 177).

El art. 168.2 permite llevar el producto y las amortizaciones a una cuenta de operaciones no presupuestarias de la Tesorería y traspasarlos al presupuesto por su saldo neto al cierre del ejercicio, sin distinguir por plazo. La Ley General Presupuestaria aplica la Deuda del Estado por su importe íntegro y solo da ese trato transitorio a los instrumentos a menos de un año (Ley 47/2003, art. 96.a). La ley no manda el producto al remanente de tesorería ni a la Caja de Depósitos.

El art. 175.1 da la autorización al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de hacienda, hasta el importe máximo de las operaciones pasivas autorizadas en la ley de presupuestos. La ley es para los avales que no encajan en ese supuesto (art. 176), y es la regla general del Estado, donde el Consejo de Ministros solo los autoriza por excepción (Ley 47/2003, art. 114). El Consejero propone y luego formaliza (art. 177).

El art. 170.1 encarga a la ley de presupuestos generales de la Comunidad fijar ese límite; la Consejería de hacienda autoriza cada operación, pero dentro de él. Que el endeudamiento quede autorizado en los presupuestos de explotación y de capital es la regla estatal para las sociedades mercantiles y las fundaciones (Ley 47/2003, art. 111.2).

El art. 170.1 exige a todos los sujetos del sector público institucional, entre ellos los organismos autónomos, autorización expresa de la Consejería competente en materia de hacienda para sus operaciones financieras pasivas, a corto y a largo plazo. En el Estado, en cambio, un organismo autónomo solo se endeuda si lo autoriza la ley de presupuestos, y las operaciones que se conciertan y cancelan en el mismo ejercicio quedan fuera del límite de los demás entes (Ley 47/2003, art. 111.1 y 2). El acuerdo del Consejo de Gobierno publicado en el Boletín es el de los avales (art. 175).