La Tesorería y las responsabilidades por daños a la Hacienda

El art. 194.2 cuenta el interés de demora sobre los alcances, malversaciones, daños y perjuicios desde el día en que se irrogan los perjuicios, no desde la resolución ni desde que vence un plazo de pago. La única regla distinta es la del responsable subsidiario al que se deriva la acción por insolvencia del deudor directo: para él, el interés corre desde que se le requiere el pago (art. 194.3).

El art. 184.1 permite situar los fondos en entidades financieras públicas o privadas, nacionales o extranjeras, siempre que operen en territorio nacional. Canalizar los ingresos y pagos por el Banco de España como regla general es lo que hace el Tesoro Público estatal (Ley 47/2003, art. 108.1), no la Comunidad. La ley madrileña tampoco se limita a las entidades públicas ni exige sede en la región.

El art. 189.3 obliga a reintegrar estos anticipos antes de que termine el ejercicio económico en que se conceden; mientras tanto, se contabilizan como operaciones no presupuestarias de Tesorería, en la cuenta de «Deudores». No hay un plazo de doce meses, ni se espera a la liquidación, ni el acuerdo puede alargarlo.

El art. 189.4 prohíbe en todo caso el anticipo que represente necesidad de endeudamiento de la Administración de la Comunidad de Madrid. Superar el límite máximo no es una prohibición absoluta, porque el Consejo de Gobierno puede rebasar ese límite (art. 189.2). Los anticipos pueden darse a cualquier sujeto del sector público institucional, sociedades y fundaciones incluidas, y la ley no los veda por tener excedentes.

El art. 193.2 exige el informe previo de la Abogacía General, y que el expediente se haya tramitado con audiencia de los interesados. En el Estado ese informe es del servicio jurídico del Estado (Ley 47/2003, art. 180.2), por eso tienta la Abogacía del Estado. La ley madrileña no pide aquí el de la Intervención General ni el de la Comisión Jurídica Asesora.

El art. 184.4 da esa facultad al titular de la Consejería competente en materia de hacienda, que puede pedir los datos al órgano gestor y a la propia entidad de crédito, y también información de los movimientos de la cuenta. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera es quien la tiene sobre las cuentas del sector público estatal (Ley 47/2003, art. 109.4), no sobre las de Madrid.

El art. 183.g) le encarga negociar el pago con acreedores y entidades financieras por las obligaciones reconocidas, para ganar eficacia en la gestión. Contribuir al buen funcionamiento del sistema financiero nacional es una función del Tesoro Público estatal (Ley 47/2003, art. 91.d) que la lista madrileña no recoge. La Cuenta General la forma la Intervención General (art. 161), y la fiscalización previa es función interventora, no de la Tesorería.

El art. 183.e) reparte el trabajo: la Tesorería Central tramita esos expedientes y propone su resolución, y quien resuelve es el titular de la Consejería competente en materia de hacienda. No los resuelve la propia Tesorería, ni el Consejo de Gobierno, y la Intervención General no es quien decide sobre ellos.

El art. 188.5 da a la Tesorería Central la potestad de retener pagos, total o parcialmente, a los sujetos del sector público institucional que cuenten con excedentes de tesorería, para optimizar los recursos y en cumplimiento del principio de unidad de caja. No necesita autorización del Consejo de Gobierno ni el consentimiento del sujeto, y la retención no depende de que haya un anticipo de caja pendiente, que es otro instrumento, para cubrir desfases entre cobros y pagos (art. 189).

El art. 195 encarga las diligencias previas, «respectivamente», a los superiores jerárquicos de los presuntos responsables cuando hay noticia de un alcance, una malversación, un daño o un perjuicio, y a los ordenadores de pagos cuando vencen sin justificar las órdenes de pago a justificar. Quien las instruye adopta además las medidas para asegurar los derechos de la Hacienda y da cuenta al Tribunal de Cuentas o al titular de hacienda.

El art. 185.2 fija la transferencia bancaria como medio general de pago en efectivo. El cheque nominativo, la tarjeta bancaria y el cargo en cuenta son la excepción: la Tesorería Central puede autorizarlos solo cuando lo justifiquen la urgencia, la especial naturaleza de la obligación u otras circunstancias debidamente justificadas.

El art. 187.1 permite a la Consejería competente en materia de hacienda retener los pagos a favor de la entidad deudora —privada o pública, incluidas las Corporaciones Locales— y exige en todo caso audiencia previa a las entidades afectadas. No pide autorización del Consejo de Gobierno, ni sentencia, ni informe de la Intervención.

El art. 182.1 da a la Tesorería General el perímetro más amplio: todos los recursos financieros —dinero, valores o créditos— del sector público autonómico, con una sola excepción, los de las universidades públicas. La Administración, los organismos autónomos y los entes de régimen especial sin tesorería propia son los que gestiona la Tesorería Central (art. 182.2), que es solo una parte. Ceñirla al sector público administrativo, por operaciones presupuestarias y no presupuestarias, es la definición del Tesoro Público estatal (Ley 47/2003, art. 90).

El art. 192.1 extiende la obligación de indemnizar a los interventores y a los ordenadores de pagos que, con dolo, culpa o negligencia grave, no hayan salvado su actuación en el expediente mediante observación escrita sobre la improcedencia del acto o la resolución. La ley no hace responder por su cargo al superior jerárquico ni al Consejero, ni a todo un órgano colegiado sin distinguir.

El art. 190 obliga a indemnizar los daños y perjuicios a quien actúa por dolo, culpa o negligencia grave, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que le corresponda. No basta la culpa leve, no se limita al dolo y no es una responsabilidad objetiva por el mero daño.

El art. 193.2 reparte la incoación, el nombramiento del instructor y la resolución según quién sea el interesado: el Consejo de Gobierno si tiene la condición de autoridad, y el titular de la Consejería con competencias en hacienda en los demás casos. Es el mismo esquema que la Ley 47/2003 da en el Estado al Gobierno y al Ministro de Hacienda (art. 180.2). El Tribunal de Cuentas no resuelve estos expedientes: se le da conocimiento de los hechos.

El art. 186 atribuye al Consejo de Gobierno la aprobación de las disposiciones que regulan el funcionamiento de la Caja de Depósitos. Es fácil confundirlo con el titular de hacienda, porque es su Consejería la que dicta las disposiciones a las que se someten las tesorerías propias del sector público institucional (art. 188.1), pero la Caja la regula el Consejo de Gobierno. No hace falta una ley de la Asamblea.

El alcance o la malversación es el supuesto del art. 191.1.a), y para él el art. 193.1 remite al Tribunal de Cuentas, mediante el procedimiento de reintegro por alcance de su legislación específica. La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la Comunidad, pero la ley no le atribuye este procedimiento. El expediente administrativo ante el Consejo de Gobierno o el titular de hacienda es para los demás supuestos (art. 193.2).

El art. 188.3 lo permite, previa solicitud y con carácter transitorio, durante el proceso de constitución y hasta que el nuevo sujeto asuma efectivamente sus funciones. El convenio de colaboración es la vía para que la Tesorería Central asuma la gestión de los sujetos que ya tienen tesorería propia, pero no excluye este caso, y la ley no manda los fondos a la Caja de Depósitos.

El art. 184.3 permite al sector público autonómico celebrar contratos de seguro que cubran los riesgos de pérdida o sustracción de los derechos de que sean titulares sus entidades, y abarca expresamente los de naturaleza pública y los de naturaleza privada. No pide autorización de la Asamblea, y la ley no impone que la Comunidad asuma ese riesgo sin asegurarlo.