Los organismos públicos y los organismos autónomos

El artículo 93.2 exige real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del ministerio competente en materia de hacienda y del ministerio al que el organismo esté vinculado o del que dependa. El ministerio de vinculación propone, pero no aprueba por orden; el Consejo Rector es un órgano de gobierno del organismo (art. 90.1), no quien fija sus estatutos; y la norma de creación no los aprueba: su propuesta solo acompaña al anteproyecto (art. 91.3).

El artículo 102 remite a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (así la nombra la disposición adicional decimotercera). Las otras tres son remisiones de al lado: la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, rige la gestión de los bienes de los organismos autónomos (art. 101.1); la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, su personal funcionario (art. 100.1); y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aparece en el artículo 95.1 como criterio de eficiencia para los servicios comunes.

La letra a) del artículo 91.2 pide siempre el tipo de organismo, sus fines generales y el Departamento de dependencia o vinculación. Las peculiaridades de personal y de contratación van en la letra b), que empieza por «en su caso»: solo cuando las haya. La estructura organizativa, con el rango de cada órgano, y los actos que agotan la vía administrativa son contenido de los estatutos (art. 93.1.b), no de la norma de creación.

El artículo 99 somete a los organismos autónomos a la Ley 40/2015, a su ley de creación, a sus estatutos y al resto del derecho administrativo, y deja el derecho común como supletorio. La entidad pública empresarial hace lo contrario: se rige por el derecho privado salvo en la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de potestades y lo que la ley regula para ella (art. 104). Las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que la ley señala (arts. 113 y 130).

El artículo 96.2 da dos meses para comunicar la causa al titular del departamento de adscripción. Si pasan sin comunicarla y la causa concurre, el organismo queda disuelto de forma automática y no puede realizar más actos jurídicos que los estrictamente necesarios para su liquidación y extinción. No espera a ningún acuerdo del Consejo de Ministros (ese acuerdo es lo que sigue a la comunicación, en otros dos meses) ni hay un segundo plazo.

El artículo 97.2 integra todo el activo y el pasivo, en unidad de acto, en la Administración General del Estado, que sucede al organismo en todos sus derechos y obligaciones. El liquidador no sucede a nadie: decide en qué órgano o entidad concreta de la Administración General del Estado se integra cada elemento. El fondo sin personalidad jurídica es la figura de la fusión para lo liquidable (art. 94.4.d), no el sucesor de un organismo disuelto.

El artículo 100.1 admite en los organismos autónomos personal funcionario o laboral: el primero se rige por la Ley 7/2007 (el Estatuto Básico del Empleado Público, hoy en texto refundido) y la demás normativa de la función pública, y el segundo, por la normativa laboral, igual que el TREBEP reconoce las dos clases de empleado público. El laboral no depende de que lo prevea la ley de creación, y tampoco la Administración General del Estado se nutre solo de funcionarios. El régimen laboral para todo el personal, directivos incluidos, es el de las sociedades mercantiles estatales (art. 117.4).

Un organismo público es una persona jurídica distinta de la Administración que lo crea, y por eso el artículo 88 habla de descentralización funcional (o de independencia, cuando supervisa o regula sectores económicos). La desconcentración traslada competencias entre órganos de una misma persona jurídica y no crea ningún ente, y la descentralización territorial es la de las comunidades autónomas y las entidades locales. La jerarquía y la tutela no son regímenes que el artículo mencione.

La disposición adicional decimotercera les aplica las previsiones de los organismos autónomos. La salvedad es su apartado 2: el régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, la participación en la gestión y la asistencia jurídica se rigen por su legislación específica, por la Ley General Presupuestaria en lo que sea aplicable y, solo supletoriamente, por la Ley 40/2015. Ninguna otra clase de entidad sirve de modelo.

Ninguna letra del artículo 96.1 recoge el desequilibrio financiero: la e), que en su redacción anterior a la Ley 11/2020 lo convertía en causa de disolución tras dos ejercicios presupuestarios consecutivos, dice hoy «cualquier otra causa establecida en los estatutos», y estos no lo prevén. La disolución automática a los dos meses es la consecuencia de no comunicar en plazo una causa que sí concurre (art. 96.2), y la supervisión continua solo lleva a la disolución cuando constata el incumplimiento de los fines o que el organismo no es el medio más idóneo para lograrlos (letra d), no un desequilibrio.

El artículo 91.1 reserva a la ley la creación de los organismos públicos, y los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales lo son. El real decreto del Consejo de Ministros es el instrumento de la pieza de al lado: con él se aprueban sus estatutos (art. 93.2). La orden ministerial y el acuerdo del Consejo de Ministros no crean organismos públicos. Ojo con las agencias estatales: el artículo 108 bis dice que «son creadas por el Gobierno»; por eso el enunciado se ancla en el 91.1.